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Columnistas

Por Carlos Ramírez (*) – Seguridad y Defensa: Seguridad: resultados determinan la percepción de sociedad

En los días previos a la masacre de Minatitlán, Veracruz, y después de las masacres en Salamanca y Morelos, la sociedad se vio inundada de encuestas y contabilidades criminales. Esos documentos pueden resumirse en una percepción social: no hay resultados concretos en materia de seguridad.
Pero lo que revelan las cifras de incidencia delictiva que contabiliza mes a mes el Sistema Nacional de Seguridad Pública es la incapacidad de gobernadores y alcaldes para enfrentar delitos de fuero común en sus plazas.
La masacre de Minatitlán, por ejemplo, cayó en el terreno de la seguridad estatal y municipal. Las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional fueron muy claras en exigirles a gobernadores y alcaldes un reporte completo de su capacidad policiaca. Una cosa es que, por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación sea nacional y otra muy diferente que opere con tanta impunidad y a la luz del día en municipios y estados.
Los gobiernos estatales y municipales están obligados a reproducir en sus dimensiones limitadas los mecanismos de la nueva estrategia nacional de seguridad pública. Y en ésta existe la necesidad de reconstruir el sistema nacional de inteligencia para investigar grupos, comportamientos, capacidades y acciones, pero de manera local los estados y municipios están obligados a profesionalizar sus áreas de seguridad en materia de inteligencia o acopio e interpretación de información sobre grupos delictivos, liderazgos, complicidades y ofensivas.
La última encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI reveló que la percepción social sobre inseguridad quebró su tendencia decreciente (es decir: mayor confianza) en diciembre y subió de 73.7 a 74.6. En términos de la encuesta un punto es muy importante porque revela el regreso de los temores ciudadanos ante la inseguridad y por tanto la percepción social de que la estrategia de seguridad del nuevo gobierno no está dando los esperados resultados sociales.
Frente a la percepción alta de la sociedad sobre el desempeño del ejército (86.6%) y la marina (84.3%), la sociedad tiene poca confianza en sus autoridades locales: 49.5% en la policía estatal y 39.1% en la policía municipal.
Lo malo, sin embargo, es que los homicidios dolosos que cuenta mes a mes el sistema nacional de seguridad pública y que causan estragos en la confianza de la sociedad son colocados en el cajón de los delitos de fuero común, es decir, local. Por tanto, serían de responsabilidad de las autoridades locales de seguridad.
Pero resulta que ante la primera decisión legislativa de que la Guardia Nacional cobre sus servicios a los gobiernos estatales y municipales, estas autoridades locales dijeron que no tienen dinero. Por lo tanto: o el gobierno federal sigue subsidiando la ineficacia estatal y municipal o los obliga a modernizar y poner en orden esos cuerpos de seguridad que son responsables por omisión o comisión de la inseguridad.
La responsabilidad federal no tiene que ver con los delitos de orden común, pero sí debe cargar con el peso de su ineficacia federal en la investigación de los cárteles que operan en un estado, pero que vienen de otro. Por ejemplo, el CJNG debe ser responsabilidad del gobierno federal y sus aparatos de inteligencia, pero también deben cooperar los locales: los efectivos de ese grupo delictivo se mueven en calles de municipios sin que nadie los confronte, los denuncie o trate de contenerlos.
Además de culpar al gobierno federal del aumento en los delitos criminales, también es justo exigir a los cuerpos estatales una mayor profesionalización. Gobernadores y alcaldes se hacen los pobretones a la hora de desembolsar para seguridad con el argumento de que sus haciendas locales no dan para más, pero esconden el hecho de que el gobierno federal tiene bolsas especiales para financiar estudios, capacitación y mejoras salariales de la seguridad local.
De acuerdo con el mapa de precepción de seguridad del INEGI, toda la república está infestada de delincuencia organizada, pero con la correlativa desorganización policiaca. En estados como Oaxaca, por ejemplo, existen alcaldías que no pueden financiar policías municipales e improvisan guardias llamados topiles, pero sin capacitación ni armas, inclusive al grado de que muchos de ellos no tienen botas reglamentarias, sino que funcionan con huaraches propios.
Con base en encuestas y conteo oficial de delitos, el gobierno federal tiene desde cuando un diagnóstico real del mapa de la delincuencia; sin embargo, todo se ha centrado y agotado en la Guardia Nacional, sin que haya un aparato de inteligencia que localice, analice y presenta propuestas sobre cómo desmantelar las zonas de dominio criminal.
De nada sirve en la realidad culpar a los gobiernos anteriores ni al “cochinero” institucional dejado si en cuatro meses el gobierno actual no ha podido tener un éxito en seguridad pública.
 
 
Zona Zero
·      El cobro de servicios de la Guardia Nacional que estaban considerados en las instrucciones de la reforma constitucional no buscaban prorratear gastos, sino obligar a gobernadores y alcaldes a asumir su responsabilidad en sus plazas. Eximirlos de esa participación será muy cómodo para autoridades locales.
·      Todos los ojos de los responsables de la seguridad pública están volteando hacia el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, ex CISEN) porque su tarea primaria fue la de hacer acopio de información y procesarla en términos estratégicos sobre las bandas criminales para prever ataques.
·      Desde mediados del sexenio pasado se tenía claro que la principal organización criminal que operaba con impunidad era el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero es la hora en que ninguna estrategia de seguridad le ha hecho rasguños. Y ahora saltó el Cartel Santa Rosa de Lima con amenazas al presidente de la república en un acto inusitado de soberbia.
 
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
 
@carlosramirezh
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