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Columnistas

Por Carlos Ramírez – Seguridad y Defensa: Prioridad a la seguridad pública

La decisión presidencial de ordenar a las fuerzas armadas a participar en labores de seguridad es congruente con la estrategia de seguridad pública inmersa en la doctrina de seguridad interior: mantener la estabilidad de seguridad en la república ante el aumento en la exposición mediática de los cárteles del crimen organizado y los indicios de una nueva fase de guerra entre ellos.

La participación militar no es nueva, se basa en las fracciones VI y VII constitucionales que permite al presidente movilizar al ejército en nombre de la seguridad interior y apoyarán a la Guardia Nacional ahora agobiada por migración y el coronavirus.

El decreto del lunes 11 de mayo señala dos instrucciones muy precisas para los militares que no existieron en los sexenios de Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto en que se usaron militares en labores de seguridad pública: derechos humanos y sobre todo ahora la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. El ejército, inclusive, cuenta con una muy activa Dirección General de Derechos Humanos que atiende quejas de presuntas víctimas y las resuelve antes de llegar a la CNDH.

El ejército mexicano se ha ido profesionalizando en materias de seguridad. Si su papel natural es el de defender la soberanía territorial fronteriza ante presuntos riesgos de invasiones de ejércitos extranjeros, el alejamiento de esta posibilidad permite a las fuerzas armadas colaborar en otras actividades, entre ellas la de asistencia a la población civil en casos de desastre y ahora una variante del Plan DN-III para atender daños civiles del coronavirus.

Las labores militares en seguridad, iniciadas el 11 de diciembre de 2006, fue de colaboración con las fuerzas regulares de seguridad pública, pero ante un deterioro de la calidad política en equipamiento, entrenamiento y capacidad de choques con los cárteles y también de corrupción por complicidades con los grupos delictivos.

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En este sentido, no puede desligarse la reciente decisión presidencial de instruir a las fuerzas armadas a apoyar a la seguridad ante la lentitud en la capacitación de la Guardia Nacional de las revelaciones en los EE. UU. de presuntas complicidades del secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón 2006-2012, Genaro García Luna y con la policía federal en el sexenio de Peña Nieto, con jefes formados por García Luna.

La construcción de la Guardia Nacional no ha terminado, además de que no se preveía fácil hacerlo. Apenas tiene un año de formalizada y se requieren, como mínimo, cinco años.

Por ello, el decreto presidencial de ordenar a las fueras armadas apoyar de manera más intensa la seguridad pública no significa ningún paso a la militarización de la seguridad pública, porque las fuerzas armadas se rigen por las leyes civiles, el fuero militar ya no existe y el congreso tiene facultades para supervisar resultados, además de que sigue operando la CNDH para encauzar quejas y realizar investigaciones.

La presencia militar en labores de seguridad pública fue un mensaje enviado a los cárteles del crimen organizado, no a la sociedad. A nivel de autoridades de seguridad ha sido más recibido el mensaje que ha mostrado a miembros del crimen organizado conviviendo con sectores sociales en poblaciones rurales.

Al final, las fuerzas armadas son las garantes de que la soberanía dentro de la república sea de las instituciones y no de los delincuentes.

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Ley de la Omertá

La crisis de seguridad estalló en México desde 1984, pero se posicionó del escenario nacional en diciembre de 2006 cuando el presidente Calderón lanzó a las fuerzas armadas a capturar y diezmar a los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, la literatura realista y de ficción se ha ido atrasando en la cobertura de esos temas. Las series de ficción de capos son leídas por el auditorio como si fueran reportajes por la mención de personajes reales, pero en el fondo mezclan fechas, perfiles y situaciones que confunden a las audiencias.

La serie El Chapo, por ejemplo, usan situaciones reales, les pone nombres falsos y deja en el imaginario colectivo la idea de que así fueron los hechos reales. Por eso cuando dicen sin pruebas que Calderón se reunió con capos para dar instrucciones, la gente se queda con la impresión de que así fueron las cosas, cuando en la realidad no hubiera sido posible, logísticamente hablando, que se hubieran dado esas reuniones. De ser cierta la versión y tendría que probarse a fondo, algún presidente usaría intermediarios que diluyeran su participación.

Las series de ficción están alimentando pasiones colectivas sobre el mundo del crimen. En cambio, se ha carecido de investigaciones periodísticas para reportajes en forma de libro sobre los cárteles, los capos, sus operaciones, sus formas de operar. De El Chapo se han publicado más libros sobre su juicio que investigaciones biográficas sobre su configuración como jefe criminal. De casos similares se recuerda aquel gran reportaje-libro basado en las técnicas del nuevo periodismo de Gay Talese titulado Honrarás a tu padre, que cuenta el ascenso de Joe Bonanno como gran jefe mafioso en Nueva York.

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La generación de los grandes capos del crimen organizado comenzó con Miguel Angel Félix Gallardo, alias El Padrino, venero de los que llegaron después. Félix está preso desde 1989, hace treinta y un años y no se sabe que dirija nada desde la prisión, aunque su nombre y figura ha aparecido en series de televisión.

 

Zona Zero

  • Las autoridades de seguridad se están preparando para el regreso a la actividad productiva en menos un mes o poco más, a fin de que los desempleados no se dediquen a la delincuencia. Los delitos al menudeo habían escalado posiciones al comenzar el año, con las justificaciones de que no había empleo y había que buscar dinero en alguna parte. Y entre ellos, los asaltos a transeúntes y sobre todo negocios pequeños que no pueden pagar seguridad.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

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www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

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