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Columnistas

Por Carlos Ramírez – Seguridad y Defensa: Los problemas de la pacificación

Un poco por la presión estadunidense, pero mucho por la lógica fuera de control de la seguridad, el gabinete de seguridad parece haber llegado a la conclusión de que es inevitable la persecución de capos para ir desmantelando cárteles del crimen organizado y bandas del crimen desorganizado. Pero, eso sí, no será un regreso a la guerra tipo Calderón o Peña Nieto.

Los cárteles y bandas están organizados para delinquir; y sus miembros no fueron reclutados por pobreza sino por ambiciones. La posibilidad de pactar una paz es lejana en tanto que no existen opciones de empleo legal. Y aquí hay que entrarle a la psicología del crimen: ¿se delinque por pobreza o por decisión propia?

El crecimiento y fortalecimiento de cárteles y bandas se debió, también, a la complicidad de las estructuras de seguridad y justicia. El poder del crimen organizado corrompió al poder público, comenzando por los policías. Y ahí se construyó una estructura extensa de crimen y delincuencia.

Hasta ahora no se cuentan con estudios o encuestas sobre el comportamiento delictivo de partes de la sociedad; la corrupción es consecuencia de la falta de instituciones y leyes para hacer funcionar al Estado y el camino de la compra de favores es el más corto para llegar a objetivos.

Tampoco se tienen datos claros sobre el número de personas que forman parte del crimen organizado. Pero si se revisan las cifras de delincuentes detenidos. Algunos datos oficiales, sin precisar metodología, hablan de 125 mil delincuentes arrestados en sexenio de Peña Nieto y quizá unos 100 mil en el de Calderón. Por tanto, estaríamos hablando de 225 mil delincuentes detenidos. ¿Qué porcentaje del total delincuentes existentes son los arrestados? Ahí se daría una clave para ver qué modelo de pacificación podría aplicarse para obtener resultados.

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El modelo de construcción de la paz se basa sólo en la exhortación y en la oferta de ciertas condiciones de empleos y prestaciones sociales. Pero los delincuentes optaron por la criminalidad en la medida en que no encontraron opciones en el mundo civil de la legalidad.

Y al final existe otro problema de la pacificación: la mentalidad del delincuente se construyó en la violación de la ley para obtener beneficios económicos, en tanto que la legalidad está llena de obstáculos y condiciones salariales bajas. Un halconcito que gana 8 mil pesos mensuales sólo tiene la opción legal de 2 mil pesos.

El camino de la pacificación es largo, sinuoso y pesimista.

 

Ley de la Omertá

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El ejército y el poder. Impacto e influencia política en el México moderno, de Javier Ibarrola, Editorial Océano, México, 2003. De los pocos libros que tratan de indagar investigaciones sobre el papel del ejército en la vida pública mexicana, el de Ibarrola destaca porque se trata de una indagación no académica, que parte del conocimiento interno del funcionamiento de la fuerza armada y que pudo posicionar el papel de los militares en la crisis de seguridad.

Fallecido en 2012, Ibarrola fue el único periodista que logró asentar en medios el seguimiento cotidiano de las labores del ejército fuera de sus cuarteles. De ahí salió el libro, armado con parte de sus columnas e investigaciones propias que partieron de la decisión del presidente Cárdenas de crear el sector militar como el cuarto sector del Partido de la Revolución Mexicana y del presidente Avila Camacho para quitarle es condición de partido y regresarlo como un cuerpo al servicio de la sociedad.

El libro termina en el tiempo político del arranque del gobierno de Fox como la primera presidencia de alternancia de partido y sus efectos en el reacomodo de las instituciones de seguridad. Siempre se temió que el ejército fuera sólo del PRI y que sería un obstáculo para la alternancia democrática, pero el 2000 fue terso y nunca hubo en la realidad ninguna maniobra militar para entorpecer al gobierno panista, Ibarrola narra, inclusive, la forma en que el gobierno de Fox comenzó a darle noción civil a las instituciones legislativas que tenían que ver con la regulación de las fuerzas armadas. Pero con institucionalidad, los jefes militares y marinos se ajustaron sin problemas a la nueva civilidad de la transición de instituciones políticas.

Aunque poco duró el gusto. La crisis en la seguridad pública y sus perfiles de seguridad interior –la primera de tipo policiaco y la segunda por jerarquía de las instituciones del Estado– comenzaron en 1982 con el relevo de la élite política gobernante por tecnócratas economistas y se convirtieron en colapso de estabilidad de 1997 en adelante. En el 2006 –el libro de Ibarrola termina en el 2002– el gobierno panista del presidente Calderón convocó a las fuerzas armadas, invocando seguridad interior establecida en la Constitución, a construir un bloque de fuerzas de seguridad contra los cárteles.

El libro de Ibarrola ayuda a entender lo ocurrido de 2006 a 2019.

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Zona Zero

·      Aunque se habla del interés de los EE. UU. por el Cártel Jalisco Nueva Generación, en la reunión del secretario de Justicia del gobierno de Trump en México se volvió al tema de Ovidio Guzmán López, el hijo de El Chapo que fue capturado el 17 de octubre pasado y dejado en libertad por amenazas contra militares. Ya existe orden de extradición, pero falta que el gobierno mexicano emita la orden de aprehensión.

·      La ley de amnistía podría enredarse en el Congreso porque cumple con objetivos sociales, pero deja muchas puertas abiertas en materia de control de reos liberados. El sistema penal carece de capacitación para la rehabilitación y muchos reos no criminales son entrenados por bandas dentro de las prisiones. En los hechos, la única manera de mantener cierto control sobre cárceles es entregarles a los delincuentes el autogobierno, pero no es cosa que convertir las prisiones en centros de adiestramiento delictivo.

 

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El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

 

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

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