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La gira presidencial de seguridad la semana pasada por Guanajuato, Jalisco y Colima dejó ver la desarticulación de poder del Estado nacional: los gobernadores estatales se han separado de la estrategia nacional y sus opciones locales han aumentado no solo la inseguridad, sino la presencia de cárteles que saben leer las debilidades del pacto federal.

El problema de la estrategia de seguridad radica en la existencia de una doble dirección: la del gabinete de seguridad –Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina y Fiscalía– y la inflexible del presidente de la república, no siempre ambas marchando al mismo ritmo. Esa disociación de líneas de operación, inteligencia y trabajo han sido aprovechadas por los grupos criminales para irse colando en zonas sociales de las estructuras locales, sin que el Estado federal tenga claro hasta dónde han llegado y qué hay que hacer para revertirlas.

Ahora las amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación contra altos funcionarios de seguridad del Estado federal han fijado nuevos parámetros de la estrategia, pero en forma de repliegue: hasta donde se tienen datos, el CJNG dio un salto cualitativo a su función criminal al atentar contra el secretario de Seguridad del gobierno de Ciudad de México, Omar García Harfuch, porque dejó claro el tamaño de su audacia: contra el jefe policiaco de la capital de la república, contra su estructura de seguridad personal, contra la seguridad institucional de un funcionario de ese nivel, contra la gobernante preferida de López Obrador, en la capital de la república y contra un funcionario que es hijo de un exprecandidato presidencial y jefe de la Federal de Seguridad y nieto de un secretario de la Defensa Nacional.

Por lo tanto, no importó que los agresores del CJNG no hubieran logrado su objetivo de matar al funcionario. Tampoco importa que el gobierno federal no haya querido reconocer hasta ahora que habría sido un operativo del CJNG, si al final de cuentas la ausencia de una estrategia de comunicación política benefició al grupo agresor. Las balas rebotaron y penetraron el grueso blindaje de la estrategia de seguridad pública del Estado.

El presidente de la república decidió viajar la semana pasada a tres estados donde el CJNG tiene su zona de influencia, aunque sin tener –o al menos sin informarle, ni siquiera filtrarla– su estrategia contra el CJNG. La intención conocida es burocrática y superficial: realizar las sesiones matutinas de seguridad y la conferencia mañanera en zonas controladas por el CJNG, el cual, por cierto, no necesitaría ningún ataque para imponer su ley porque funciona en ausencia de la autoridad, no en su presencia.

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Si bien se saben leer los mensajes de la estrategia de seguridad del CJNG, en ningún momento ha enfrentado a las máximas autoridades. Sí chocan con fuerzas federales de seguridad, incluyendo militares, pero no con representantes del Estado. Sus amenazas contra funcionarios del gabinete de seguridad a partir del caso Harfuch podrían ser hasta falsas o de distracción, porque el CJNG sabe que no tiene capacidad de fuerza ni de organización para resistir alguna ofensiva de las fuerzas armadas.

 

Ley de la Omertá

Lo que queda por aclarar son los tres mensajes del CJNG que dejaron en su intento de asesinato del jefe Harfuch; aunque ha sido caracterizado como atentado, en realidad fue una ofensiva para matarlo. Lo demás, aunque sin cumplir el objetivo central, queda como indicios de la capacidad de fuerza, la audacia y la decisión de atentar contra altas autoridades.

No hay otros elementos que el análisis para concluir cuando menos tres mensajes claros del CJNG o del grupo agresor:

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1.- El uso de técnicas propias de la guerrilla, aunque no para secuestrar sino asesinar a un alto mando policiaco en la capital de la república.

2.- La decisión para matar a un jefe policiaco de nivel de gabinete presidencial –aunque sin serlo–, sin importar la capacidad de respuesta inmediata –como fue– o posterior –como se supone que habría sido– por parte de la capacidad de fuerza del Estado.

3.- Y el mensaje en el sentido de que el caso de Harfuch y la ofensiva de los EE UU para atrapar al jefe del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, estarían fijando el marco referencial del modelo de los extraditables o capos que deben ser atrapados en el país de asentamiento y enviados a los EE UU a ser juzgados y encarcelados. Los EE UU ya tienen a El Chapo y quieren a Ovidio Guzmán y a El Mencho.

En la agresión contra Harfuch quedó un indicio que las autoridades están analizando con mucho cuidado: las técnicas propias de la guerrilla para organizar un atentado. Y aunque nadie quiere hablar de ello, es posible abrir un debate sobre la narcoguerrilla en México, un poco a partir de la experiencia de las FRAC colombianas con los grupos de narcos asociados.

La guerrilla en México es actualmente inexistente, aunque existan algunos grupos que difunden comunicados tipo guerrilla, aunque sin militantes ni armas. Otros grupos se disolvieron en las selvas de operación sin anunciar su retiro. Y no pocos, sobre todo en Oaxaca, lograron alianzas con movimientos sociales radicales de protesta.

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Zona Zero

  • Hasta donde se pueden percibir indicios no oficiales, ya existe en México un grupo de analistas de inteligencia de los EE UU que llegaron a realizar la primera recopilación de datos sobre El Mencho y toda la estructura criminal del CJNG. Asimismo, traen instrucciones de indagar sobre Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo que está en la lista de los más buscados por la DEA. En una reciente conferencia el presidente López Obrador dejo entrever que ya existe la orden de extradición, aunque se ha cruzado un hecho que los analistas estadunidenses aún no han descifrado; el saludo de mano del presidente mexicano con la mamá de El Chapo y la abuela de Ovidio, cuya autoridad familiar sigue siendo central en el Cártel de Sinaloa. Datos no oficiales indican que no hay ningún operativo para ejercer el arresto con objetivo de extradición.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

 

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