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A pesar de ser el principal problema de estabilidad, salud y seguridad nacional, el
tema del narcotráfico y consumo de drogas en los EE. UU. no tuvo prioridad en las
campañas presidenciales.
El punto más sensible radica en el hecho de que las autoridades
estadunidenses están atrapadas en la lógica del consumo: los 30 millones de
adictos y las decenas de millones que consumen algún tipo de drogas sin llegar a
la adicción absoluta necesitan de productos y el gobierno tiene la función nada
agradable de vigilar la existencia de drogas en las calles. Sin acceso a
estupefacientes, los consumidores estallarían explosiones de violencia.
La principal propuesta sobre el tema se esperaba del demócrata Joe Biden,
pero su silencio ha resultado cómplice: no tiene una propuesta alternativa a la
existente de asumir el control del tráfico y los recursos financieros de la droga y
atender las consecuencias del consumo en las diferentes expresiones de
adicciones. Tampoco tienen iniciativa alguna para reconocer la responsabilidad
propia: tráfico, venta, consumo no pueden existir sin la complicidad de autoridades
estadunidenses en sus diferentes niveles.
La DEA, que se ha visto experta en encontrar en otros países presuntos
culpables de proteger a bandas y grupos dedicados al narco, tiene
corresponsabilidad en el ingreso de las toneladas de droga a territorio
estadunidense porque su función primordial es interna. Asimismo, la DEA tiene
que ver con el hecho de que los nueve cárteles mexicanos tengan el control de la
venta al menudeo en más de tres mil ciudades estadunidenses. Una razón grave
no se ha resuelto: el tráfico y consumo es asumido por las leyes estadunidenses
como un tema de garantías individuales.

Las cifras sobre estadunidenses dañados por la droga son espectaculares
por negativas, de acuerdo con la evaluación del problema de la droga hecha por la
DEA en su reporte de 2019:
– En 2017, último año analizado, 216,924 personas murieron por efectos de
la droga en cinco rubros: envenenamiento, suicidios, homicidios, uso de armas de
fuego y accidentes vehiculares.
– El 32% de los afectados fue por envenenamiento en el consumo de
drogas. En los últimos tres años han aumentado las cifras por drogas químicas sin
control.
– El 59% de los muertos relacionados con las drogas fue por homicidios y
por uso de armas de fuego.
– Y alrededor de 18% han muerto en accidentes de vehículos automotores
vinculados a uso de drogas.
– De acuerdo con las cifras de la DEA, el número de personas afectadas de
manera mortal por eventos relacionados con las drogas aumentó más de 60% en
diecinueve años, de 1999 a 2017.
– En ese mismo periodo de casi veinte años, el número de muertos por
envenenamiento por drogas se disparó 316%. Y el número de personas afectadas
por la violencia subió 30%.
A pesar de estas cifras contundentes que tienen que ver con políticas
internas, compromisos gubernamentales no asumidos y violencia local, los
candidatos Trump y Biden miraron hacia otro lado y los dos han seguido culpando
a los países productores y de trafico, sin reconocer que el problema es sencillo de
plantear: la demanda determina la oferta; si no hubiera demanda de drogas, no
habría cárteles manejando el negocio de producción y trasiego de droga hacia los
consumidores estadunidenses.
Si algún día los países productores y traficantes toman la decisión de sellar
sus fronteras para evitar la salida de su territorio de todo tipo de droga, los EE.
UU. enfrentarían la violencia de los consumidores y entonces podrían darse
cuenta que el problema es de demanda de sus adictos.

Ley de la Omertá
El gobierno mexicano ha recibido cuando menos dos importantes llamadas de
atención sobre la fragilidad de su estrategia de seguridad en materia de drogas,
crimen organizado y políticas criminales. Sin embargo, la respuesta ha sido
teflonera, si vale en término: reaccionar como teflón al que nada se le pega. Al
final de cuentas, a México le daña la publicidad negativa de arrestos en los EE.
UU. de funcionarios acusados de alianzas con el crimen organizado, pero las
respuestas han sido tangenciales.
El tema es histórico. La primera crisis de narcotráfico estallo en 1969
cuando el presidente Nixon ordenó el cierre de la frontera terrestre México-EE.
UU. por razones de narcotráfico, pero el resultado no sólo fue ineficaz, sino que
llevo a acuerdos que sólo aumentaron la tentación de las riquezas del narco para
funcionarios mexicanos. De las primeras operaciones en México contra el narco
en 1975 a la fecha el problema ha crecido y poco han hecho los gobiernos
mexicanos para reducirlo.
Los controles mexicanos sobre sus fuerzas de seguridad son cada vez
mayores, pero aún así saltan casos de funcionarios bajos, medio y altos acusados
de aliarse con bandas criminales desde mediados de los años setenta, sin que
haya habido mecanismos reales y efectivos de control de funcionarios.

Zona Zero

 La estrategia de seguridad federal basada en la construcción de la
paz va a mantenerse por encima del relevo en la titularidad de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al margen del
caso del general Cienfuegos. Se trata de una estrategia presidencial,
controlada en las reuniones diarias a las seis de la mañana en
Palacio Nacional.
 Una gran disputa en la elección presidencial en los EE. UU. se está
dando en las oficinas de inteligencia y seguridad nacional civiles,
militares y privadas. Casi 500 funcionarios y exfuncionarios de esa
área dieron su voto a favor de Biden, por lo que se prevé que, de

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ganar, regresarían los viejos cuadros de seguridad que nada han
dado de resultados eficaces. Lo interesante es que en esa carta de
apoyo a Biden estaban firmando juntos, funcionarios de gobiernos
demócratas y republicanos, aunque de éstos sólo los que fueron
maltratados por Trump y acusados de ineficaces, burócratas y sobre
todo chismosos. La mayor parte estuvo en los gobiernos de Bush Jr.
y de Obama.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
seguridadydefensa@gmail.com
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh

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