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Además de un grito militar pidiendo matar a un presunto atacante sin evidencias de que se hubiera realizado, el video de la fiscalía de la nación que se filtró a medios sobre un choque entre miembros de la facción violenta del Cártel del Noreste y una partida de fuerzas armadas en Nuevo Laredo contiene una evidencia que no ha sido analizada en lo particular: la capacidad de organización, los pertrechos y las armas que poseen los grupos delictivos.

A ello se agregan otros datos: las armas de alto calibre usadas en el atentado contra el secretario de Seguridad del gobierno de Ciudad de México, Omar García Harfuch, que atravesaron blindajes seguros y que no fueron transportadas de fuera de la ciudad, sino que se adquirieron en lugares secretos de la capital de la republica, a la que tienen acceso cualquier cantidad delincuentes.

Y los videos de relaciones públicas y propaganda intimidatoria del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Santa Rosa de Lima que se han difundido en redes han tenido la intención, entre otras cosas, de exhibir su capacidad de fuerza con intenciones de enviar el mensaje a la sociedad de que se trata de organizaciones capaces de disputar espacios territoriales de soberanía del Estado, no nada más para vigilar trasiego de droga o de contrabando.

Ahí se localiza el verdadero problema actual de la inseguridad, con la circunstancia agravante de que casi todos los organismos de la sociedad civil y los medios están vigilando que las fuerzas de seguridad del Estado no cometan abusos, pero no condenan la existencia del crimen organizado armado, ni de sus atentados, ni de sus incursiones, ni de la manera en que se han asentado en zonas municipales para dominar espacios territoriales del Estado. Peor aún, el control de zonas territoriales por parte de cárteles y bandas delictivas organizadas no sería posible sin la aceptación, el apoyo y hasta la protección de importantes segmentos de la sociedad que reciben beneficios directos del delito.

El video de Nuevo Laredo, antes de la frase de “mátalo”, muestra un vehículo de los delincuentes armado con metralla de alto poder disparándole directamente a los soldados. No se trata de justificar, sino de entender una realidad: los delincuentes han llegado a un alto grado de organización y adquisición de armas que se han convertido en un problema de seguridad interior del Estado porque la capacidad de fuego delictivo puede llegar a ser superior a las armas de cargo de las organizaciones de seguridad pública.

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Aquí ya hemos revisado la teoría política que señala que el poder del Estado se basa en la hegemonía de la fuerza y que no debe permitirse que ningún grupo privado, y menos si tiene intenciones delictivas, pueda disputarle ese dominio al Estado. En los hechos, el poder armado de los grupos criminales lucha con el Estado para desplazarlo de su presencia en zonas criminales de influencia: Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México son ejemplo de cómo las bandas expulsan al Estado y asientan las reglas criminales sobre los comportamientos de la sociedad.

De ahí la importancia de la actividad del Estado no sólo para combatir a los grupos criminales y expulsarlos de zonas territoriales del Estado, sino para iniciar una campaña de desarme que impida la existencia de grupos con capacidad d e fuego superior a la del Estado.

 

Ley de la Omertá

Los recientes incidentes de violencia han posicionado cuando menos cinco cárteles como los más activos al margen de los desafíos de la construcción de la paz y la erradicación de la violencia: El Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Santa Rosa de Lima , el Cártel del Noreste y el Grupo La Unión Tepito que opera en la capital de la república como asociación delictiva asociada al CJNG. La importancia de estos grupos radica en cuatro características: su decisión para confrontarse a balazos con las fuerzas de seguridad oficiales, su articulación a grupos sociales, políticos y de gobierno, su papel en la violencia local y en otras zonas en la disputa de territorios y la capacidad de acumulación de pertrechos y armas que los convierte en un peligro parta la estabilidad de la república.

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La existencia y accionar de estos grupos delictivos se localiza en el fondo de la violencia y de las cifras de homicidios y delitos. Si bien cada uno de ellos parece girar en torno al narco, de todos modos, realizan actividades colaterales que distorsionan la estabilidad, afectan a empresarios e introducen gérmenes de delincuencia en la sociedad que carece de otros ingresos y depende de las ayudas de los cárteles.

La estrategia federal de seguridad debe priorizar y desarrollar planea para combatir a los carteles en sus zonas de influencia social con la restauración de la autoridad del Estado, la gestión de políticas sociales sobre el campo de acción y sobre todo la lucha contra el contrabando de armas que pone a disposición de cualquier persona una gama de dispositivos militares estadunidenses sin control.

 

Zona Zero

·         El segundo informe presidencial debe ser muy claro y explícito en el sector de seguridad y rebasar los límites de las cifras que muestran ya un techo y ciertos indicios de desaceleración. El enfoque cuantitativo es en realidad engañoso porque en poco ayuda la cifra alta si no se desglosan sus características. Los homicidios dolosos son producto de la guerra entre cárteles y de saldos negativos de ataques de cárteles a fuerzas de seguridad con mejor capacidad de respuesta.

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·         Guanajuato sigue con altos índices de violencia porque el gobierno estatal sigue sin aceptar el apoyo federal, pero careciendo de capacidad local para enfrentar al Cartel de Santa Rosa de Lima que sigue vivo sin El Marro.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

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