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Por Carlos Ramírez- Seguridad y Defensa: Crisis de los servicios de inteligencia; con Estado a ciegas crece delincuencia

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La aparición de un nuevo cártel en Michoacán, el regreso de las autodefensas y el crecimiento del índice de delitos han centrado toda la atención en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para asuntos de inseguridad, heredero del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que se dedicaba a informes para el Estado e hijo directo de la Dirección Federal de Seguridad como policía política del régimen priísta.

La inteligencia es la información no pública que se recopila de fuentes abiertas y cerradas para procesar comportamientos que puedan afectar al Estado, a sus instituciones y a la sociedad. El problema radica cuando la información para la seguridad del Estado se convierte y se usa para asuntos personales de los políticos y funcionarios y para tareas corruptas de los agentes de inteligencia.

En 1985 estalló la crisis de la Federal de Seguridad cuando presiones de EE. UU. revelaron que esta policía política de Gobernación estaba al servicio de las primeras bandas de narcotraficantes, sobre todo la de Miguel Angel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael Caro Quintero, quienes, inclusive portaban credenciales legales como agentes de la DFS.

La DFS fue convertida en dirección de investigación y seguridad nacional y el gobierno de Salinas la transformó en Centro autónomo. A pesar de tener funciones ya muy claras de inteligencia, el CISEN siguió los malos pasos de la DFS en materia de espionaje político para desacreditar disidentes y opositores. El gobierno de López Obrador convirtió el CISEN en CNI adscrito a seguridad pública.

El aumento en los índices de inseguridad, la creación de nuevos cárteles y la penetración de las bandas en las estructuras sociales y en el propio Estado revelan que el CNI no funciona para sus tareas primordiales. El programa nacional de seguridad pública del presidente López Obrador ofreció la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia para tener una cobertura de seguridad nacional de toda la república, sin que se hayan tenido hasta ahora algunas informaciones oficiales en el año y medio de gobierno.

Sin inteligencia no funcionan los cuerpos de seguridad. Se supone que sigue funcionando la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, pero los datos de movilidad impune de los grupos delictivos revelan la falta de eficacia de sus egresados y del propio CNI porque una de sus tareas sería la de tener detectadas las movilidades delictivas.

En las últimas semanas proliferaron las fotografías de personal de los cárteles más grandes repartiendo despensas en zonas rurales marginadas y con alto grado de pobreza donde la acción social del Estado es nula y eran resguardados por delincuentes con armas de alto poder. Durante días fue obvia la impunidad de los cárteles para desafiar al Estado con elementos armados.

El presidente de la república tiene la falsa percepción de que los agentes de inteligencia son espías al servicio de viejos políticos y ha preferido dejar a ciegas al Estado con la disminución de funciones del CNI. Pero sin información de inteligencia, el Estado anda a ciegas y por ello no puede sino dar palos de ciego.

La profesionalización de los servicios de inteligencia y los controles legales para evitar abusos son parte de la nueva seguridad de los Estados que quieren ganarle a la delincuencia.

 

Ley de la Omertá

En la bibliografía de delincuentes, de suyo bastante precaria por falta de profesionales de la investigación y por interés más comercial de las editoriales, no existen indagaciones de fondo sobre uno de los más importantes cárteles del crimen organizado: el Cártel Jalisco Nueva Generación, de relativa nueva presencia en el escenario del crimen organizado y del narcotráfico mexicano.

Creado en 2011, en menos de diez años se ha fortalecido y es uno de los principales operadores del tráfico, venta y comercialización al menudeo de drogas en los EE. UU., donde la DEA tiene en marcha la Python Operation para desarticular a este grupo, aunque con acciones que están llegando a México con grupos de la DEA para aplastarlo.

De los estudios más sólidos sobre el CJNG el de Carlos Flores Pérez, del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (CASEDE, https://www.casede.org/PublicacionesCasede/Atlas2016/Carlos_Flores.pdf) e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), es el más completo para sentar las bases de investigación del grupo.

Las conclusiones revelan no solo el sentido de la oportunidad del comercio de drogas, sino la ausencia de estructuras de seguridad a nivel regional y el alto grado de corrupción de autoridades de seguridad y justicia en las zonas donde operan, ya en casi todo el territorio nacional.

Si no hay alguna operación dirigida tipo Python contra el CJNG, no tardará mucho en desplazar a otras para convertirse en un polo de atracción criminal diversificada más importante del país

 

Zona Zero

  • Un dato despertó entre curiosidad y preocupación en el comunicado leído por el nuevo cártel en La Huacana, Michoacán. La declaración de zona exclusiva de dominio criminal por ese grupo, pero incluyendo el espacio aéreo. Es decir, que amenazaron con derribar a naves policías y militares que quieran cruzar por el espacio aéreo de ese municipio. Aunque en los organismos de seguridad hay escepticismo no probado sobre ese grupo, la duda radica en que para controlar el espacio aéreo se requiere de misiles tierra-aire que se pueden conseguir en el mercado clandestino de armas. Pero implicaría un paso adelante en la capacidad de armamento para un grupo criminal.

  • El involucramiento de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en grado de seguridad interior necesita del apoyo social, pero hasta ahora dominan las quejas de grupos sociales controlando ates por los funcionarios de seguridad pública. De todos modos, las fuerzas armadas cuentan con el 85% de apoyo social.

 

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

 

 

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Roberto Vizcaíno – TRAS LA PUERTA DEL PODER: ¿Se reabre la disputa por la Nación al amparo de la pandemia?

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Siete son los gobernadores que han integrado un abierto frente opositor a Andrés Manuel López Obrador, y que bajo el paraguas de los reclamos estatales y regionales por la pandemia del Covid-19 exigen revisar el Pacto Fiscal e incluso ir a un nuevo Pacto Federal.

En los hechos ello es revivir, retomar la disputa por la Nación. Es plantear al menos 2 o 3 visiones de país.

El resto de los gobernadores, los otros 25 mandatarios estatales, ni se deslindan ni se apuntan en este movimiento, pero algunos de ellos a veces jalan y se suman a los 7 rebeldes.

No sólo eso, la obviedad nos indica que, en este movimiento rebelde, algunos de ellos abren el juego anticipado por la presidencial de 2024.

Mientras, en el primer círculo de Andrés Manuel López Obrador, absortos en sus propios juegos, apenas comienzan a reaccionar y a prender los focos rojos.

Así el encuentro de 30 gobernadores con la secretaria de Gobernación, la exministra y senadora con licencia Olga Sánchez Cordero del martes, se inscribe en un intento por restituir el arreglo entre la Conago y el Gobierno Federal y disminuir el impacto de los grupos emergentes, en el que también está el de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional o GOAN.

En lo que va de este año, desde que apareció el coronavirus, la Conago -hoy presidida por el panista Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California sur-, se fue diluyendo en la medida en que apareció el Grupo de los 7 y la GOAN inició sus pronunciamientos y deslindes.

El frente de los rebeldes lo integran los panistas Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y José Rosas Aispuro, de Durango; los priístas Miguel Riquelme de Coahuila e Ignacio Peralta, de Colima; de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, aguerrido mandatario de Jalisco; el independiente Jaime Rodríguez, “El Bronco”, de Nuevo León y del PRD, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán.

El antecedente del nacimiento de este grupo de gobernadores rebeldes fue el maltrato que les dieron a ellos y el resto de los mandatarios estatales durante las giras de AMLO realizadas en la primera parte de 2029, bajo la socarrona sonrisa del tabasqueño. No pocas de estas rechiflas y abiertas agresiones fueron organizadas por los delegados y las estructuras de Morena en los estados.

Pronto se dieron cuenta los gobernadores que formaban mayoría opositora a AMLO en el país y entonces comenzaron a imponer sus decisiones.

No en pocos lugares comenzó a ser igualmente increpado y maltratado el propio López Obrador. Se validó el dicho popular de que en juego que tiene desquite, ni quien se pique.

La sorpresiva aparición del coronavirus aceleró el choque de poderes y la polarización. Hoy está abierta de nuevo la disputa por la Nación. Y el sábado anterior ya se ensayó en los estados la primera gran expresión popular de rechazo a López Obrador y la exigencia de su renuncia inmediato.

AMLO acusó recibo del mensaje apenas horas después de las caravanas de descontento. Y desde su hacienda La Chingada en Palenque, Chiapas, rumbo a Cancún, AMLO mostró debilidad por primera vez en un video subido por él a redes sociales, en el que acepta que, si los mexicanos no me quieren, él llorará pero se va.

Una expresión similar, revelada en la famosa e histórica entrevista Díaz-Creelman en marzo de 1908, fue el inicio de la caída de Porfirio Díaz.

Dos días después, Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado y presidente de la Juntad e Coordinación Política sugeriría a la oposición adelantar a 2021 el referéndum de revocación de mandato previsto para 2022.

El martes, en el encuentro a distancia entre la titular de Gobernación y los 30 gobernadores (faltaron solo Enrique Alfaro, de Jalisco y Mauricio Vila Dosal de Yucatán), quedó en evidencia que no existe ya trato terso entre los mandatarios estatales y el Gobierno Federal.

El acuerdo logrado fue básicamente el de cada quien hace lo que quiera.

Y es que los gobernadores afirman que en lo que resta de 2020 AMLO les va a recortar más de 80 mil millones de pesos de participaciones fiscales, y quiere quedarse más o menos con una cantidad igual del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que fue creado para hacer frente a situaciones críticas.

Eso fue denunciado el pasado fin de semana por Francisco García Cabeza de Vaca durante un encuentro del grupo de los 7 rebeldes. Eso ha provocado que Martín Orozco de Aguascalientes; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato y Francisco Domínguez, de Querétaro analicen sumarse al frente rebelde.

Todos ellos han dejado ver que buscarán modificar el pacto hacendario y fiscal que data de los 70 del siglo anterior, y que lleva a que el Gobierno Federal controle discrecionalmente 8 de cada 10 pesos recaudados, y asigne el remanente a los gobernadores bajo criterios por demás controvertidos.

Los 15 estados con mayor recaudación son: CDMX, Veracruz, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Edomex, Colima, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Guanajuato, Sonora y Querétaro. Solo los primeros 3 son gobernados por Morena, los otros 12 son de la oposición.

Así que en los siguientes meses va a crecer el choque… van por la Presidencia de la República y la Nación misma, por establecer el régimen que debe prevalecer en México y que no es el que quiere la 4T.

DESAPARECEN LAS FRACCIONES DE PRD Y PES EN EL SENADO

La existencia de los grupos parlamentarios dentro de San Lázaro como en el Senado no sólo representan poder y posición política para sus partidos, sino la captación de importantes recursos. Muchos millones de pesos corren cada mes bajo ese esquema.

A lo largo de casi 2 años, desde que en septiembre de 2018 inició la 64 Legislatura, comenzó también una recomposición de las fracciones cuando senadores de unos y otros partidos renunciaron a sus bancadas para irse a formar parte de otras.

Algo que se ha criticado mucho porque esos movimientos corresponden a intereses particulares de cada legislador, y no a los de sus votantes.

Un caso ejemplifica esto: ayer mismo la senadora Lily Téllez quien llegó por Morena, se fue a formar parte de la bancada senatorial del PAN, los mayores opositores del partido de AMLO.

Y ayer también la presidenta del Senado, la tabasqueña morenista Mónica Fernández dictó el certificado de defunción de los grupos parlamentarios del PRD y del PES por no alcanzar los 5 miembros cada uno que se requieren para formar un grupo parlamentario.

Y es que el 27 de septiembre de 2018 -casi al inicio de la legislatura-, el ahora experredista Rogelio Zamora se fue a la bancada del Verde, lo que también hizo el 31 de mayo de 2019 la ahora experredista Leonor Noyola.

Con estas renuncias y reacomodos el PRD se quedó sólo con 3 senadores a cuyo frente está el exjefe de Gobierno de la CDMX Miguel Ángel Mancera, quien ahora se queda sin el cargo de coordinador.

En el caso del PES el 12 de septiembre de 2019 les renunció la senadora María Antonieta Cárdenas, quien pasó a formar parte del grupo de Morena y dejó sólo con 4 a los senadores de ese partido.

Con la desaparición de las bancadas del PRD y del PS sólo quedan dos grupos: el de Morena, PT y Verde y el autollamado de Contención, con PAN, PRI y MC.

Lo importante es que la desaparición de estos grupos no altera mayormente los equilibrios internos. Lo que si afecta al liderazgo de Monreal y de Morena, es que la senadora Téllez se haya ido al PAN y aumentó en 1 al Grupo de Contención que ahora impide que avancen y se aprueben reformas constitucionales que requieren del voto de las 2 terceras partes, más 1.

 

 

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