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Legislativo

Ningún órgano autónomo en riesgo, afirma Martí Batres

Martí Batres, presidente del Senado, afirmó que la democracia se fortalece hoy en México y que en este contexto los órganos autónomos no corren ningún riesgo en su rol de contrapeso.

Negó que exista una persecución presidencial contra los órganos autónomos, y explicó que así como se reforma el Congreso, o la Suprema Corte, las instituciones de la Presidencia, de igual manera se revisa a los órganos reguladores.

Recordó que de acuerdo con la Constitución, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos cuentan con autonomía técnica y operativa, pero no están exentas de la crítica, el escrutinio y la evaluación ciudadana.

El senador consideró que el Ejecutivo tiene la facultad de conducir la política energética. Así, asentó, dichas comisiones deben seguir los planes y estrategias del gobierno en esta materia.

“Nadie se extraña de que se critique al Congreso de la Unión. Nadie se extraña de que se critique a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie se extraña de que se critique al Presidente de la República. Por qué habría de extrañarnos que se critique a estos órganos reguladores de energía. También están sujetos a la crítica, al escrutinio, a la evaluación ciudadana”, insistió.

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No obstante, explicó que los órganos autónomos son de distinta naturaleza y “no se puede meter a todos en el mismo saco”. En el caso de UNAM, el Instituto Nacional Electoral o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la autonomía les permite autogobernarse y la que se refiere a los pueblos originarios está relacionada con el territorio de los propios pueblos.

Aclaró que para cambiar el sentido de la autonomía de algún órgano, hace falta una reforma constitucional y esa determinación “pasa por un amplio consenso”. Así que “no veo que ninguna de las autonomías, que sí son contrapeso y que sí obedecen a espacios de decisiones de la sociedad, esté en riesgo alguno”.

El presidente de la Mesa Directiva acotó que con el respeto al voto y a la libertad de expresión, mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular o la tipificación del fraude electoral y el uso de programas sociales con fines electorales como delitos graves, “lo que estamos viviendo es un proceso de ampliación de la democracia en México”.

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