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Morena presenta acción jurídica contra paradero Constitución de 1917

La asambleísta Ana María Rodríguez Ruiz, de Morena, presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la primera acción jurídica contra la entrega del título concesión para el uso y explotación comercial del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Constitución de 1917.

La legisladora presentó el recurso acompañada por la dirigencia local de ese partido, y de la diputada federal Ernestina Godoy.

Mediante el mecanismo jurídico denominado Acción Pública, la asambleísta sostuvo que las autoridades locales violentan el derecho a la información, al clasificar documentos vitales sobre el proceso de entrega de la concesión y el desarrollo del proyecto.

Rodríguez Ruiz lamentó que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, reclamó que para la modernización del paradero se omitió la opinión y la consulta de los habitantes de la comunidad colindante, así como de los usuarios.

Al manifestar su solidaridad con los habitantes de Iztapalapa, el presidente del Comité Estatal de Morena, Martí Batres, lamentó que el gobierno de la ciudad destine los espacios públicos a la iniciativa privada y excluya y a los vecinos que carecen de centros culturales, auditorios al aire libre, preparatorias y parques.

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En su oportunidad, la diputada federal Ernestina Godoy afirmó que la concesión de los terrenos del paradero transgrede el principio de legalidad al beneficiar a personas morales que nada tienen que ver con los participantes.

Detalló que una empresa concursó con su propuesta conceptual, otra presentó el proyecto económico financiero y otra distinta recibió la concesión.

Además, aseguró que la declaratoria de necesidad carece de fundamentación y motivación para concesionar los terrenos del Cetram Constitución del 1917.

Incluso, el título de concesión modifica la utilidad pública de la expropiación del predio porque se entrega a la iniciativa privada. Primero se expropia para la prestación de un servicio público y después se cede de forma ilegal a un grupo privado para su explotación con fines de lucro.

La diputada Godoy alertó que se viola el uso de suelo del predio privatizado, toda vez que el programa delegacional prohíbe la instalación y/o funcionamiento de un hotel.

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Además, no existe evidencia de que las obras y acciones realizadas cuenten con las licencias necesarias y la autoridad no puede otorgar permisos, sin que antes se modifique el uso de suelo, puntualizó.

Con información de agencias.

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