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Segundo, séptimo o quien sabe qué número se le asignará oficialmente al mensaje que dirigirá hoy al “pueblo sabio” el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sin duda es el que más curiosidad ha despertado porque lo que informe el primer mandatario sin duda será una gran sorpresa.

         A la vista de los acontecimientos y sin disponer de “otros datos”, se pensaría que ese mensaje más que un recuento de obras o de acciones se asemejará a un reporte del Ministerio Público, con una larga lista de presuntos delitos, pero sin que ninguno de los supuestos delincuentes haya sido condenado.

         De nueva cuenta, parece que para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación más que la sentencia de un tribunal, lo que interesa es la “condena pública”, al exhibir en los medios – y ahora también, y sobre todo, en las redes sociales – a los pretendidos delincuentes y enumerar las tropelías que se les atribuyen.

         Esa larga relación la encabezan los cinco últimos presidentes de la República – Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña – pero incluye a una ex secretaria de estado, Rosario Robles, a un ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, y a tres ex gobernadores, Roberto Borge, de Quintana Roo; y los tocayos de apellido Duarte, César de Chihuahua y Javier de Veraruz.

         A ellos se agregó ayer el siempre frustrado aspirante a gobernador de Hidalgo y eterno dirigente real de la Universidad Autónoma de ese estado, Gerardo Sosa Castelán, quien fue aprehendido ayer.

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         Todos ellos tienen dos cosas en común: una, se les acusa de manejos irregulares con dinero público y, dos, ninguno ha recibido sentencia pero son exhibidos como culpables ante la opinión pública.

         Esta situación es especialmente notable respecto a los ex mandatarios, quienes en conjunto representan el periodo nefasto para la Cuarta Transformación, en el cual imperaron los “conservadores” y “neoliberales”, que son culpables de casi todos los problemas que afronta México en la actualidad.

         Las culpas son así, en general, aunque en los casos de Calderón y de Peña hay suposiciones de que se beneficiaron de los actos de corrupción propiciados por la trasnacional brasileña Odebrecht.

         Sin embargo, no hay una sola denuncia en concreto. Vale insistir en que lo importante para el régimen es la condena pública. Por eso, aunque las leyes vigentes abren la posibilidad de juzgar y condenar a los ex presidentes, el actual primer mandatario, López Obrador, en vez de proceder a denuncias concretas ha optado por convocar a una “consulta popular” para que el “pueblo sabio” decida si se juzga o no a los pasados gobernantes.

         El único problema es que para convocar a esa consulta se requieren las firmas de más de millón y medio de ciudadanos. Pero inclusive en ese caso hay una salida: que lo consulta popular sea solicitada por los diputados y senadores. MORENA tiene suficientes legisladores para proceder y de hecho, ayer mismo se confirmó la disposición de los legisladores a cumplir con el supuestamente desterrado sometimiento ante el jefe de Ejecutivo.

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         El “si señor presidente” se volvió a manifestar en la sesión del Senado, en donde los legisladores de “morena y asociados” se declararon dispuestos a cumplir con la propuesta presidencial de convocar a la consulta.

         Este propósito de exhibir, que no de condenar a los supuestos corruptos se confirma con las primeras filtraciones acerca de lo que será el informe o mensaje presidencial.

         De acuerdo con estas versiones extraoficiales, el primer mandatario dedicará la parte central de su mensaje a su anunciada lucha contra la corrupción que, como vimos, tiene una larga lista de acusados, algunos detenidos y ningún sentenciado.

         El “largo brazo de la justicia” ampara a Bartlett Jr. 

         El nutrido listado de casos de corrupción sumó ayer otros dos nuevos capítulos.

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         Por una parte, se anunció la aprehensión del presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, acusado de incurrir en operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

         Gerardo Sosa, ex priista  se sumó a MORENA en Hidalgo, lo cual generó protestas de otros militantes del partido del gobierno porque aparentementer se convirtió repentinamente en el líder local.    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda inició averiguaciones y ordenó congelar cuentas de la UAEH por 150 millones de dólares, que Sosa Castelán sostiene son producto del ahorro de los trabajadores de esa institución educativa. Además se sospecha de ligas con organizaciones dedicadas al “huachicol”, pues la Universidad maneja varias gasolinerías.

         Por otro lado, trascendió que una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió dos suspensiones (amparos) para frenar las inhabilitaciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública a la empresa Cyber Robotic Solutions, de León Bartlett, hijo del titular de la CFE, Manuel Barlett.

         El 6 de julio la SFP informó que Cyber Robotic Solutions había recibido dos inhabilitaciones por 24 y 27 meses, así como dos multas que suman cerca de dos millones de pesos por vender al IMSS ventiladores para enfermos de la COVID-19 en mal estado y con sobreprecio.

         Los dos amparos son relativos a esa venta de respiradores artificiales, por un total de 31 millones de pesos.

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         En esa oportunidad, la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, impuso una “severa” sanción de 24 y 27 meses de inhabilitación y dos multas que suman más de 2 millones de pesos.

         Una actitud muy diferente que la sostenida por la misma dependencia contra la revista Nexos, dirigida por Héctor Aguilar Camín y considerada “opositora” por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, a la cual por supuestas irregularidades al recibir una publicidad con valor de 74 mil pesos – mismas que fueron subsanadas en su oportunidad – se le aplicó también un castigo de dos años de inhabilitación y una multa de casi un millón de pesos.

         Por el contrario, la empresa Cyber Robotic Solution S.A. de C.V., propiedad de León Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, se puede considerar reincidente, pues ayer mismo la Función Pública (SFP) anunció otra sanción, por un proceso de 2019 también con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución con la que también contrató la venta irregular de respiradores artificiales.

         Por esta nueva sanción, publicada ayer lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la compañía estará inhabilitada por 21 meses y tendrá que pagar una multa de 887 mil 145 pesos.

         La misma SFP informó de las suspensiones otorgadas por la sala de Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a la empresa propiedad de León Bartlett. La dependencia del Ejecutivo añadió haber presentado un recurso para la defensa de las dos sanciones impuestas.

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         Toledo, el crítico de la Cuarta Transformación, deja el cargo. 

         Aunque se trata de una expresión muy conocida, vale citar a los clásicos y decir que estamos ante la crónica de una renuncia anunciada.

         Al momento de escribir estas líneas, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación todavía no hacía oficial la salida del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),  Víctor Toledo Manzur, pero la noticia corrìa por todos los rumbos de la capital del país.

         Como apuntamos, no se trata de ninguna novedad. La renuncia estaba escrita desde que se difundió la grabación de un diálogo del funcionario con otros miembros de la actual administración pública, en donde asegura existen contradicciones dentro de la llamada Cuarta Transformación, así como una lucha de poderes al interior del gabinete en la materia que le corresponde a la dependencia bajo su cargo, la protección de los recursos naturales.

         Tal vez no hubo confirmación oficial porque se dejó para el primer mandatario la oportunidad de anunciar los ajustes en su equipo de colaboradores, ya que se

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presume que Toledo será relevado por María Luisa Albores, actual secretaria de Bienestar, quien dejaría el sitio al subsecretario Javier May, coordinador del programa Sembrando Vida.

         Lo que sí se confirmó, pese a los berrinches del diputado del PT Gerardo Fernández Noroña, el PRI presidirá la Cámara de Diputados.

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