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Aquí está la razón de tanta premura por “aplanar” la curva de aumento de casos de personas afectadas por el Coronavirus:

“La actividad en América Latina se contraerá 9.1 por ciento este año, uno de cada tres habitantes será pobre y 96 millones de personas suman el riesgo de no tener ingresos suficientes para la compra de alimentos”.

Así lo dio a conocer la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, quien advirtió que para enfrentar este panorama se requiere “una respuesta fiscal de emergencia” por parte de los organismos financieros internacionales.

Por sectores, se prevé que el valor de la exportaciones caiga 20 por ciento, 20 el flujo de las remesas, además de que el turismo es una de las actividades más afectadas, dado que registra un desplome de 35 por ciento.

Estas nuevas proyecciones dadas a conocer por la titular de CEPAL rebasan el 5.3 por ciento estimado en abril por dicha institución dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

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De acuerdo con lo expuesto por la diplomática de origen mexicano, la crisis económica se traducirá en la la mayor recesión en 100 años, lo cual a su vez se traduce en un incremento en la pobreza, pobreza extrema y desigualdad.

Sin embargo, no todo es consecuencia de la pandemia del Covid 19, pues ya anteriormente  se apreciaban fallas en el modelo de desarrollo prevaleciente en la región.

En este panorama, mujeres, indígenas y afrodescendientes son los más vulnerables, indicó Bárcena en videoconferencia de prensa.

De acuerdo con estimaciones de la CEPAL, de los 630 millones de personas que viven en América Latina, al final de este año 230 millones serán pobres (45 millones más que en 2019) y 96 millones se encontrarán en pobreza extrema (28 millones más), es decir, que su ingreso será insuficiente para la compra de insumos básicos como la comida. 

Los expertos de ese organismo de la ONU calculan que la desigualdad aumentará en términos generales en 4.7 por ciento,  pero en los casos de Brasil y México podría llegar a cerca de 5 por ciento. 

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En materia de desempleo se prevé una tasa de 13.5 por ciento que alcanza a 44 millones de latinoamericanos.

Bárcena explicó que en el caso de México, la ONU estima que, al final de 2020, 50.3 por ciento de la población se encontrará en pobreza y 18.2 por ciento en pobreza extrema, ambas cifras por encima del promedio de América Latina, que son de 37.2 y 15.5 por ciento.

Al presentar el documento “El impacto de Covid-19 en América Latina y el Caribe” la titular de la CEPAL destacó que América Latina trae a cuestas limitaciones de balanzas de pago, crisis cambiarias y alta informalidad, todos problemas que se suman a la crisis del coronavirus, por lo que será necesaria dar una respuesta a los países de la región con financiamiento en condiciones favorables, exenciones, aplazamiento de pagos por servicio de la deuda y ampliar la asignación de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Nuestra región tiene interés político de invertir, pero no necesariamente tiene este espacio fiscal necesario”…será necesaria una respuesta multilateral de las organizaciones financieras internacionales, porque nuestros países, por ser considerados de ingreso medio, excepto Haití, no son a veces incluidos en esta medida multilateral que ha tomado el G-20 para países de ingreso bajo, detalló Bárcena.       

Interrogada sobre la conveniencia de construir el Tren Maya,  Bárcena respondió que la inversión en infraestructura y construcción es creadora de empleo en poco tiempo y puede ser importante en el mediano plazo. 

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Indicó que, por lo pronto, nuestro país puede concentrarse en recuperar los visitantes nacionales y de Norteamérica.

El compromiso de México de contener a migrantes.

Como lo comentamos anteriormente, en el comunicado conjunto dado a conocer luego de la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca para reunirse con su “amigou” Donald Trump, se confirmó el compromiso de nuestro país de contener a los migrantes que tratan de llegar hasta los Estados Unidos.

Por ello resulta importante tener en cuenta el más reciente reporte de la Patrulla Fronteriza de EU acerca del número de detenidos luego de cruzar territorio mexicano.

Según información de la agencia EFE, la Patrulla Fronteriza detuvo en junio pasado a 32 mil 512 indocumentados, lo que supone un aumento del 40 por con respecto a mayo previo.

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Además del aumento de trabajo, para las autoridades del vecino país, esta situación resulta preocupante por el riesgo de que contribuya a elevar también los casos de contagio del Coronavirus, en la Unión America, que ya es el país más afectado por la pandemia, con más de tres millones de casos.

En realidad, los 32 mil 512 detenidos significan una disminución del 65 por ciento con respecto a junio de 2019, cuando llegó 104 mil 311 detenciones.

En lo que va del período fiscal 2020, que comenzó en octubre, las autoridades estadounidenses han detenido en la frontera sur 259 mil 147 inmigrantes indocumentados, muchos menos que los 780 mil 479 interceptados en igual periodo del año anterior.

Los ciudadanos mexicanos representaron el 80 por ciento de los detenidos.

Los conflictos internos de MORENA.

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La lucha por la dirigencia nacional de MORENA, que ha generado tantos conflictos dentro del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se extiende prácticamente por todos los estados, especialmente donde esta organización es mayoría y tiene mayores posibilidades de triunfar en próximas elecciones.

En este sentido, uno de los casos sobresalientes es Baja California, donde MORENA arrolló en las pasadas elecciones estatales, pero al fallar el intento de ampliar su periodo a cinco años, el mandato del gobernador recién elegido, Jaime Bonilla, quedó reducido a un plazo de sólo dos años y, por lo mismo, ya está desatada la lucha por la sucesión y para otros cargos que estarán en juego en las elecciones del 6 de junio de 2021.

En este contexto debe considerarse el anuncio de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido en el gobierno de cancelar el registro de la senadora por Baja California, Alejandra de León Gastélum, como militante del partido, luego de comprobar que en la elección de 2019 realizó proselitismo a favor de otro candidato. 

La CNHJ informó que la resolución fue tomada a partir de la queja presentada por Irma Olivia Pérez Fernández, secretaria de Mujeres en Baja California. 

A partir de esto, los aspectos relacionados con el caso deben revisarse con mucho detenimiento.

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Primero, debe considerarse que, como parte de los muchos movimientos que se han dado en el Senado porque muchos de los ahora integrantes de su bancada fueron postulados por otros partido, la “expulsada” de León Gastélum aparece en la página oficial del Senado de la República como integrante de la bancada del PT, partido integrante, junto con MORENA y el PES, de la coalición Juntos Haremos Historia.

Tampoco se trata de la primera sanción de MORENA contra la senadora bajacaliforniana. Poco después de la victoria del presidente López Obrador, de León Gastélum fue centro de un escándalo al ser acusada de insultar a sus rivales políticos y de presumir que, para festejar, bebía champán.

Segundo, junto con la también senadora Citlalli Hernández Mora, respaldó una demanda contra el gobernador Bonilla y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, de parte de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, porque supuestamente no respalda una maniobra de éstos para acortar el próximo periodo de gobernador a tres años.

En cuanto a la acusación de que la senadora de León respaldó la campaña de Martínez Veloz, se debe recordar que éste se convirtió en uno de los principales opositores a la llamada “Ley Bonilla”, la truculenta reforma constitucional por la cual los seguidores del gobernador Bonilla pretendían ampliar su periodo de dos a cinco años.

El perredista Martínez Veloz también promovió otra denuncia contra Bonilla y algunos de sus más cercanos colaboradores, como el mencionado Rodríguez Lozano, por el delito de cohecho y actos de corrupción relacionados con los llamados «moches» en los cuales supuestamente están involucradas autoridades estatales, federales y empresarios de Baja California.

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