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Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Un balazo en el pie o escupir al cielo

– “No es correcto, no es una buena idea, ni siquiera es inteligente, menos brillante mandar al diablo las instituciones”, afirmó el coordinador de los senadores de MORENA y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila.

Irrebatible la declaración del ex gobernador de Zacatecas, quien es un reconocido jurista, con el grado académico de doctor en Derecho.

Su reclamo está dirigido a gobernadores y presidentes municipales surgidos del PAN, quienes han expresado que no atenderán las eventuales recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por considerar espuria a su actual presidenta, la luchadora social Rosario Piedra Ibarra, por haber sido elegida como resultado de una elección considerada fraudulenta y porque, además, no cumplía con los requisitos fijados por la Ley Orgánica de la propia Comisión, por haber sido miembro de la dirigencia de un partido (MORENA) hasta días antes de haber sido nombrada.

Todas las recomendaciones tienen que ser atendidas, todas, y la autoridad tiene la obligación de atenderlas. Nada de que yo no la atiendo, porque incluso incurren en desacato y probable juicio político, tienen que ser llamados a comparecer al Senado. En el caso de que persista el desacato, puede existir incluso juicio político y destitución”, advirtió Monreal en su intento por acallar las protestas panistas.

Pero, al parecer el líder de los senadores “morenos” olvidó que dentro de sus propias filas hay antecedentes de rechazo a las recomendaciones de la CNDH.

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         Por ejemplo, el colega Carlos Marín, en su columna del diario Milenio, mencionó los casos los secretarios de Bienestar, María Luisa Albores González; de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez; la presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, María del Rocío García Pérez, y al comisionado nacional de Mejora Regulatoria, César Emiliano Hernández Ochoa, quienes desestimaron la recomendación de la CNDH, cuando todavía la encabezaba Luis Raúl González Pérez a propósito de la cancelación del Programa de Estancias Infantiles.

A lo anterior se puede agregar una vieja expresión popular dirigida a quienes ofenden o agreden, sin desearlo, a sus cercanos y hasta a sus superiores: “al que escupe al cielo, le cae en la cara”. También, como escribió Marín, se puede decir que Monreal se dio un balazo.

En efecto, al admonitorio coordinador de los senadores “morenos” se le olvidó que el primero en “mandar al diablo” a las instituciones fue el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando todavía era candidato presidencial.

El diario español El País publicó el 3 de septiembre de 2006 una nota de Antonio Ortega Ávila que dice:

“El candidato presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador radicalizó el viernes (madrugada de ayer en España) su postura cuando mandó «al diablo» a las instituciones de México, mientras los legisladores de su grupo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tomaban la tribuna del Congreso e impedían que el presidente, Vicente Fox, rindiera su sexto y último informe de gobierno. Fox dijo que esa actitud no suponía un agravio para él, sino para «la investidura presidencial y el pueblo mexicano», y advirtió de que no se debe «acorralar la democracia» con «la intransigencia».

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Otras versiones matizan la declaración y sostienen que AMLO mandó al diablo a “sus” instituciones, es decir, las que consideraba que estaban al servicio de sus rivales políticos.

Viene un recorte para “sus” instituciones, entre ellas el INE.

Es de supone que MORENA superó sus contradicciones internas en torno al presupuesto federal, pues finalmente su coordinador en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, aceptó sesionar en una sede alterna (por el rumbo de San Fe, al otro extremo del sitio donde se ubica el Palacio Legislativo) posibilidad que había rechazado de forma reiterada.

Antes de que se conociera el dictamen que serviría de base para el debate en el pleno de la Cámara de Diputados, Delgado informó que se habían aceptado reformas al proyecto presentado por el gobierno federal, aunque no serán significativas respecto del total, pues serán solamente unos 14 mil millones de pesos, cantidad mínima respecto de un presupuesto cercano a los siete billones de pesos.

 “Va a haber una reasignación total de 17 mil millones de pesos, entre recorte de algunos programas y aumento de otros”, anticipó el legislador al llegar a la sede alterna donde sesionarían los diputados, pero no aclaró en qué renglones se aplicarán los ajustes.

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No deben haber sido fáciles las negociaciones al interior de la bancada de MORENA, pues en este caso no cuentan las oposiciones. De hecho, la fracción del PAN se negó a sesionar fuera de San Lázaro, aunque la panista Laura Rojas estaba obligada a participar por su condición de presidenta de la Cámara.

Por las negociaciones, se retrasó el inicio de los trabajos. Por ejemplo, la reunión de la Comisión de Presupuesto donde debería aprobarse el dictamen que luego se presentaría ante el pleno, se inició pasadas las 16:30 horas, por lo que se preveía que la sesión declarada en receso desde el pasado día 6 terminaría en la madrugada o de plano en la mañana de hoy, viernes 22.

Otras fuentes de la propia Cámara de Diputados anticiparon que uno de los recortes significativos se daría en el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral (INE) uno de los organismos autónomos satanizado por el presidente López Obrador por su actuación (en realidad su antecesor IFE) en elecciones consideradas fraudulentas por el ahora primer mandatario y, también, censurada por su alto costo y en particular por los elevados salarios de algunos funcionarios, parte de los cuales se amparó contra la reforma para imponer que ningún empleado del gobierno pueda recibir un salario superior al del presidente de la República.

De acuerdo con los rumores, el recorte al INE será de mil millones de pesos, cantidad que, otra vez, no representa nada respecto del total, pero que significa un fuerte golpe a ese organismo electoral, que realizó grandes esfuerzos para recortar sus gastos y solicitar 12 mil millones de pesos para sus actividades en 2020.

El impacto sería limitado si el anunciado recorte se aplicara únicamente sobre las prerrogativas económicas que se entregarán a los partidos políticos. Está pendiente una iniciativa de MORENA para recortar a la mitad esa partida, cercana a los cinco mil millones de pesos, pero el resto de los partidos no están de acuerdo.

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También hay una fuerte resistencia – como lo demuestra la presencia de contingentes campesinos en San Lázaro por el recorte a los programas de ayuda al sector rural, así como la limitación de recursos para las instituciones de educación superior  y de salud pública o para respaldar los programas de obras de los gobiernos estatales y municipales, mientras que por otro lado se refuerzan programas clientelares de evidentes propósitos electorales.

Los legisladores de MORENA, encabezados por legisladores que ganaron fama por su inconformidad contra los programas de gobierno, como Alfonso Ramírez Cuéllar y Pablo Gómez, defendieron el proyecto oficial con los consabidos argumentos de responsabilizar a anteriores gobiernos y asegurar que los ahora inconformes lo hacen porque se terminaron los “moches”.

El proyecto de presupuesto fue aprobado en comisiones casi tres horas después de iniciado el debate, con amplia mayoría de MORENA y sus asociados del PT, PES y PVEM. Los votos de los bloque opositor, integrado por el PAN, PRI, PRD y MC, resultaron insuficientes y el documento quedó listo para ser presentado ante el pleno.

Fuera de las posibles repercusiones del presupuesto, las perspectivas para la economía de México no son muy buenas, a pesar de que el reciente “Buen Fin” generó una reactivación de la actividad comercial, con una derrama de 120 mil millones de pesos, la más elevada desde el arranque de este programa.

Los malos pronósticos provienen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual revisó a la baja sus previsiones de crecimiento de la economía mexicana, durante el resto del año y para 2020, aunque dejó abierta la posibilidad de un incremento gradual a partir de 2021.

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