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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Trastocado el orden constitucional en BC

– El escándalo derivado del “albazo legislativo” de la Cámara de Diputados de Baja California, que decidió ampliar el próximo periodo del gobernador de dos a cinco años, puede llevar a acciones inusuales como el que el PRI no tenga un solo diputado en un Congreso estatal y que el PAN se quede con solo tres legisladores, en un estado que dominó electoralmente durante 30 años.

         PAN y PRI han anunciado que expulsarán a los diputados que respaldaron la ampliación del mandato del gobernador y en el mismo caso quedarían los presidentes municipales que autorizaron el “fast track” para secundar el cambio, pues de acuerdo con la Constitución se necesitaba el respaldo de tres cabildos.

         Los ayuntamientos que votaron a favor, a toda prisa, en sesiones nocturnas, el pasado martes, fueron los de Tecate y Ensenada, que son goberndos por (¿ex?) priistas, y Playas de Rosarito, (¿ex?) panista.

         Los actuales ayuntamientos terminan sus funciones en septiembre; a partir del primer día de octubre entrarán en funciones quienes fueron elegidos el pasado 2 de junio, mientras que el gobernador Jaime Bonilla lo hará hasta el 1 de noviembre.

         Las controversias se mantendrán durante tres semanas o menos, pues la actual Legislatura, la número 22, a la que correspondió dar el “albazo” termina sus funciones el último día del presente mes. Por eso, se comenta en broma en medios políticos de esa entidad, los diputados se decidieron por cumplir con el lema del “año de Hidalgo”, “…chin, chin al que deje algo”.

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         En esa Legislatura el PAN tenía un total de 12 legisladores, de los cuales sólo se salvarán tres de la expulsión, pues son los únicos que no se doblegaron ante MORENA y se opusieron (dos estuvieron ausentes de la sesión definitiva y el tercero se abstuvo) a ampliar el periodo del gobernador, cargo para el que fue elegido Jaime Bonilla Valdez, quien infructuosamente, hasta ahora, ha tratado de que se le extienda el periodo de su mandato.

         El PRI a su vez, tiene o tenía cinco diputados, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Edgar Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñoz y Blanca Patricia Ríos López, todos los cuales sucumbieron ante las “razones” y votaron por el cambio propuesto por MORENA, que sólo tiene tres diputados.

         En el PAN uno de los primeros en pedir la expulsión de los diputados “involucrados en esta traición a Baja California” fue el ex candidato a la gubernatura, Óscar Vega Marín.

         El intento de modificar el periodo viene desde hace tiempo y se le atribuye al gobernador electo Jaime Bonilla. En diferentes instancias, la pretensión del cambio siempre ha sido rechazada, inclusive dentro de la propia Cámara de Diputados de Baja California.

         En septiembre del año pasado inclusive, uno de los organismos internos de la Cámara de Diputados advirtió a los legisladores que no era posible modificar el periodo siguiente, que los principios de derecho establecen que las modificaciones a las normas constitucionales se deben realizar por lo menos con un periodo intermedio.

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         Por ejemplo, los diputados y senadores que, en el ámbito federal, aprobaron la reelección alcaldes, regidores, síndicos, diputados locales, federales y senadores no pudieron gozar de ese privilegio. Los que recibieron el beneficio fueron los legisladores y alcaldes que entraron en funciones en los siguientes periodos.

         No obstante, los seguidores de Bonilla buscaron el cambio por otra vía: el Tribunal Electoral del estado. Contra todo pronóstico, los

Magistrados bajacalifornianos dieron su anuencia y se manifestaron a favor de ampliar el periodo.

         En este caso, el encargado de enmendar la plana a los magistrados bajacalifornianos fueron los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE o TEPJF) quienes recordaron que esa modificación no tenía fundamento legal.

         Luego del “albazo” reciente, el gobernador saliente, Francisco Vega de Lamadrid (PAN), se sumó a las protestas contra la maniobra de los diputados y anunció que vetaría la reforma constitucional mediante el recurso de no publicarla.

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         Pero los diputados rebeldes no ceden terreno y anunciaron que en caso de que el gobernador no lo haga, esperarán que se venzan los plazos constitucionales y, entonces, ellos mismos se encargarán de publicar la reforma.

         Los conocedores advierten que de continuar las diferencias, el caso llegará hasta la Suprema Corte de Justicia, pero de cualquier forma la ampliación del plazo no prosperá, pues las leyes no se pueden tener dedicatoria personal, ni se puede anular el mandato de los ciudadanos de Baja California, que votaron para elegir a un gobernador por un periodo de sólo dos años, creado con la finalidad de empatar las elecciones federales con las locales.

         “Rompe el orden republicano”

         Una voz no interesada en el caso, pero que goza de amplio respalado en los medios políticos es la del ex gobernador de Michoacán y ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, quien comentó que la decisión de los diputados de Baja California, “rompe el orden republicano, afecta la democracia y violenta el mando que expresaron los bajacalifornianos el pasado 2 de junio”.

         Añadió que “no se pueden hacer leyes, ni reformas que tengan nombre y apellido”, ya que no es la forma democrática de reformar las leyes y menos en un proceso donde solo hay un beneficiario”, sentenció.

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         Además, entrevistado en el noticierio de Imagen Televisión, advirtió que en caso de consumarse la reforma, será un “precedente muy grave” para la democracia nacional, por lo que exhortó a los tres órdenes de gobierno a fijar postura al respecto.

         Por cierto, al comentar este caso, el presidente López Obrador se negó a desautorizar la decisión de los legisladores bajacalifornianos y, por el contrario, destacó que ya no responden a las instrucciones del gobernador, pero no aclaró de cuál, si el que está en funciones o el electo, pues con este último tiene gran cercanía, ya que antes de ser candidato fue dirigente local de MORENA y luego “superdelegado” en ese estado fronterizo.

         A pesar de que, como siempre, el presidente López Obrador, tiene “otros datos” acerca del número de agentes de la Policía Federal (PF) inconformes con su liquidación o traslado a la Guardia Nacional (GN), los representantes aseguran que los inconformes suman ocho mil

         «A lo mejor no nos ven a todos aquí porque están desplazados, pero nuestra voz se está elevando más y hay más apoyo, se están abriendo más grupos de guardia”, dijeron los representantes de los policías federales.

         También aseguraron estar abiertos “para el momento que las autoridades decidan entablar un diálogo con nosotros. Quienes se han sentado a negociar con las autoridades siguen en la misma postura: que no tenemos derecho a indemnización, pero nosotros hemos ido a preguntar en las mesas y nos ofrecen 3 mil 170 pesos o 3 mil 190 por diez años de antigüedad; no es justo», dijo uno de los delegados.

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         En resumen, este conflicto sigue estacado, pues al parecer los representantes del gobierno federal suponen que pronto se rendirá la mayor parte de los inconformes y aceptarán su traslado a la GN u otra corporación.

         Lo cierto es que el primer mandatario no gana para disgustos, pues mientras resuenan los ecos de las críticas a su política económica contenidas en la carta-renuncia del ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, una institución oficial hasta ahora intachable, el Banco de México (BANXICO), advirtió que la economía mexicana ha mostrado una desaceleración superior a la prevista durante el primer y segundo trimestre.

         Integrantes de la Junta de Gobierno de ese banco autónomo indicaron como principales riesgos para la economía mexicana retrasos en la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), nuevas amenazas de imposición de aranceles por parte de EU y la posibilidad de reducciones adicionales en la calificación crediticia soberana y de PEMEX.

         Peor le va a México en la estimaciones del Bank of America Merrill Lynch (BofA MLynch), las cuales evidencian que nuestro país se encuentra en una recesión técnica y, además, previenen que “un segundo trimestre en contracción pondrá a México en una recesión técnica lo que podría depreciar al peso y el mercado continuaría presionando por más recortes de tasas por parte del banco central”.

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