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Siguen los negativos para la política energética del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

         Seguramente, antes de abordar el vuelo comercial con destino a Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue informado de que un tribunal federal suspendió los aumentos que validó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por el servicio que deben pagar las plantas de generación privada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por transmisión de energía eléctrica.

         Esos aumemtos fueron considerables (en un caso de casi 900 por ciento) debido a que la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alegan que los generadores privados pagan muy poco para que la energía que producen sea incorporada a la red nacional eléctrica, la cual no se considera básica, sino apenas complementaria, lo cual representa una carga para la hacienda pública pues se convierte en un costoso subsidio.

         La resolución del tribunal federal señala que un incremento repentino y por un importe considerablemente mayor al que se venía cubriendo por el servicio de transmisión, naturalmente tiene un impacto inflacionario, no sólo en el costo de la generación de energía, sino también en todos los bienes o productos finales e intermedios con los que se encuentren relacionados los titulares de contratos de interconexión.

         El tribunal destacó asimismo que, otro efecto que pudiera derivarse de un incremento abrupto y no progresivo en los cargos por el servicio de transmisión de energía eléctrica, podría ser que los interesados en ingresar al sector para generar electricidad con fuentes renovables o cogeneración eficiente, ya no lo hagan, o que los que se encuentran operándolo abandonen sus proyectos.

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         Esta resolución se suma a otra sentencia de los tribunales federales que decidieron suspender la aplicación de un acuerdo, avalado por la Secretraría de Energía (SENER) por el cual se suspendían los trabajos para paralizar las obras de puesta en marcha de plantas generadoras de “energías limpias”.

         Hace algunas semanas, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que el alza de las tarifas a contratos legados es un «electrolinazo», lo cual afecta la confianza de los inversionistas y la competitividad del país.

         A propósito del mencionado viaje del presidente López Obrador. Washington, las primeras fotos dadas a conocer por la oficina de la Presidencia lo muestran las primeras filas del avión comercial protegido por cubrebocas, aditamento que hasta ahora se había negado a usar a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

         Además se confirmó que hoy, antes de reunirse con su “amigou” Donald Trump, tendrá que pasar exámen médico para confirmar que no está infectado por Coronavirus, procedimiento al que hasta ahora se había resistido. También trascendió que se practicó el examen antes de salir de México, pero quién sabe si sea válido en los Estados Unidos.

         Las computadoras no son el remedio a todos los males.

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         Los equipode cómputo, sobre todo los de uso personal, aparecieron a finales del siglo anterior como la solución para muchos problemas y, en lo que se refiere a la administración pública, se  tomaron como un medio para solucionar  el rezago en muchos trámites burocráticos y para disminuir costos, sobre todo en el uso (desperdicio) de papel, sobre todo por la exigencia de numerosas copias destinadas a numerosas dependencias públicas en donde simplemente eran arrinconadas, cuando no simplemente arrojadas a la basura.

         Tal fue el impacto de las computadoras personales que también fueron consideradas un auxiliar esencial en el sistema de enseñanza. Así, el ex secretario de Educación Pública Emilio Chuayffet diseñó un programa para dotar de terminales propias a todos los estudiantes de los últimos grados der educación básica, a riesgo de afrontar acusaciones de pretender beneficio personal, de las cuales se libró por su reconocida honestidad.

         Al cambio de régimen, con la llegada del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, llegó la “austeridad franciscana”, por lo cual el “dispendio” en computadoras (ordenadores les dicen en España) se suspendió al grado de ser considerado un dispendio inaceptable.

         Este principio fue tomado a rajatabla por dependencias como la Secretaría de Economía, cuya titular de Graciela Márquez, que en aras de la austeridad republicana decidió un recorte del 75 por ciento de los equipos de cómputo. Esto aparte de recorte en los gastos por el pago de redes de Wifi aplicados en casi todas las dependencias federales.

         Tales limitaciones generaron explicables protestas de los servidores públicos, las cuales llegaron hasta el presidente de la República en espera de una rectificación.

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         Antes de viajar a los Estados Unidos y de conformidad con su predicada política de austeridad, el presidente López Obrador dijo ayer, lunes, en su conferencia matutina que los funcionarios de esta secretaría “pueden compartir sus equipos” y herramientas de trabajo, ya que se debe cumplir con las medidas de reducción de gastos.

         “Hay forma de resolverlo, lo que sobraban eran computadoras. Que se compartan más los instrumentos de trabajo y que no haya corrupción”, recomendó el mandatario, acerca del menor arrendamiento de equipo de cómputo en Economía, dependencia que atraviesa momentos difíciles por la crisis derivada de la pandemia del Covid 19 y por la necesaria planeación de la forma como se aprovechará la entrada en vigor del nuevo T-MEC para reactivar la economía nacional luego de meses de obligada parálisis.

         También fiel a su estilo, el presidente López Obrador aprovechó la circunstancia para culpar a administraciones anteriores de incurrir en actos de corrupción, como en la compra de estos equipos, ya que “había contratos de computadoras a diestra y siniestra”, lo que significan un gasto excesivo. No sólo eso, también indicó que el gobierno todavía hay personas heredadas de administraciones neoliberales que pretenden desprestigiar a su gobierno.

         “Imagínense los que lucharon en otros tiempos por la libertad, la justicia, la democracia y la soberanía. ¿Estaban esperando a que tuvieran sus computadoras para luchar y transformar?”, sostuvo López Obrador en aparente olvido de que estos instrumentos de trabajo aparecieron y se consolidaron a finales del siglo XX.

         La austeridad afecta al Sector Público.

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         Las políticas de austeridad aplicadas en el gobierno del presidente López Obrador, con el consecuente achicamiento en el tamaño del sector público, reducción de sueldos, cancelación de proyectos  y un menor gasto en infraestructura pública, no parecen dar los resultados esperados en términos de crecimiento y certidumbre para México  e incluso  estas medidas han mermado la confianza y certidumbre entre los hombres del dinero  nacionales y extranjeros, quienes han disminuido drásticamente las inversiones en el país.

         El anterior, severo análisis, en torno a los efectos no siempre positivos de la política de austeridad del llamado gobierno de la Cuarta Transformación, no proviene de la oposición, sino de un organismo ajeno a las pasiones partidistas, el Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado, en donde MORENA, el partido del gobierno, tiene mayoría.

         “En años recientes, el Gobierno Federal dio un nuevo impulso a estas políticas a través de Ley Federal de  Austeridad Republicana, la Ley de Remuneraciones al Sector Público y, luego de estallada la crisis por la  pandemia, ha decretado la aplicación rigurosa de medidas de austeridad. La aplicación de estas medidas no parece estar dando los resultados esperados en términos de crecimiento y certidumbre entre los agentes económicos privados”, sostiene el referido análisis.

         En el documento titulado “Austeridad Fiscal y Crecimiento Económico”, el IBD advierte que si bien la  inversión pública como la privada muestran un retroceso desde hace varios años, esta se ha agudizado en los últimos meses y advierte que el menor gasto en infraestructura pública puede afectar la productividad total de la economía.

         Destaca el interés del gobierno federal por  fortalecer el gasto social, pero indica que esto se ha dado principalmente a costa de un menor gasto en desarrollo económico, pues el gasto público, como proporción del Productos Interno Bruto (PIB), no se ha elevado.

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