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“Paulatinamente hemos regresado a nuestras actividades para darnos cuenta que la violencia sigue ahí, que no se han cumplido las promesas de seguridad y que la contención de algunos delitos, como el secuestro, obedecía al aislamiento más no a la eficacia del gobierno para combatirlo”.

         Así inicia un comunicado de la organización Alto al Secuestro, presentado durante una conferencia de prensa en la cual, con base en cifras oficiales de los dos últimos años, se destacó que no se la logrado avanzar en el combate a la delincuencia.

         La declaración de Alto al Secuestro, encabezado por Isabel Miranda de Wallace, sostiene que “ante la falta de una estrategia frontal contra la delincuencia, de programas de prevención del delito y de una gran impunidad, los agresores siguen dañando a la sociedad.

         “Basta con revisar las noticias para encontrarnos asaltos en escalada de violencia, linchamientos, toma de instituciones, víctimas cobrando justicia por propia mano, crecimiento de los delitos de alto impacto como homicidio y extorsiones, incremento en violencia contra las mujeres y por si ello fuera poco un sistema de justicia que no termina de consolidarse y alcanzar la eficacia que se vislumbraba desde su implementación”, añade .

         Más adelante, con base en cifras oficiales que procuradurías y fiscalías entregan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan que esos datos permiten entender por qué con el nuevo sistema tampoco se está dando justicia a las víctimas y la mayor parte de los delitos que se cometen en el país quedan impunes.

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         En seguida, exponen que, durante 2018, a nivel nacional se cometieron 33,035,090, de los cuales sólo se denunciaron  3,497,467, lo que representa sólo 10.5 por ciento del total.

         De esos, 2,681,645 fueron objeto de alguna investigación, mientras que el 37 por ciento, 1,002,416 fueron archivados, es decir, quedaron impunes.

         De los casos que merecieron una investigación, sólo153,272 terminaron con vinculación a proceso, es decir que el o los presuntos responsables fueron presentados ante un juez. Esto significa apenas el 5.7 por ciento de los procesos de investigación.

         De los presentados ante un juzgado, 6,841(0.1% de los denunciados) fueron resueltos mediante un acuerdo reparatorio; 21,712  (0.6% de los denunciados) se solucionaron por procedimiento y 5,731 (0.1 por ciento de los denunciados) concluyeron con juicio oral,

         En resumen, indicó Alto al Secuestro, no se alcanza la justicia siquiera en uno de cada diez delitos denunciados, esto por no hacer referencia al total de los delitos cometidos.

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         De acuerdo con las cifras recopiladas por la mencionada organización, los escasos resultados son en buena media resultado del exceso de trabajo que se concentra sobre los agentes del Ministerio Público, los cuales, en promedio, deben atender 204 investigaciones por año, lo cual se traduce en 17 casos por mes, cuatro por semana.

         Por comparación, los jueces, deben atender 46 causas penales por año, 3.8 al mes y 0.8 a la semana.

         “Es evidente la gran carga laboral que se deja a los ministerios públicos en comparación con los jueces, ahí es donde se genera un enorme cuello de botella que obstaculiza la eficacia del sistema”, indicó el comunicado de Alto al Secuestro.

         Por otra parte, en lo que es el tema central de ese organismo, el secuestro, se reportó un incremento de 15.2 por ciento en las carpetas de investigación abiertas por ese delito. En el mes de agosto hubo 106 carpetas, en comparación con las 92 del pasado mes de julio.

         Esto representó un aumento de 15.1 por ciento en el número de víctimas que sufrieron este delito, ya que durante agosto hubo 137 víctimas mientras que en julio fueron 119.

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         Además, hubo un incremento del 18.7 por ciento en el número de detenidos relacionados al delito de secuestro, debido a que en agosto fueron detenidas 177 personas por este delito mientras que en julio fueron detenidos 149 presuntos responsables.

         Los estado con mayor incidencia de secuestros en agosto pasado fueron Veracruz (22), México (20), Jalisco (10), Ciudad de México (6) y Zacatecas (5).

         Los estados que reportaron cero secuestros fueron: Colima, Durango, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.

         El crecimiento económico depende desde dónde se mida. 

         Al presentar el proyecto de paquete económico ante la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sorprendió a expertos y neófitos al vaticinar que el año venidero habrá una recuperación de más del cuatro por ciento.

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         Este estimado resulta muy optimista si se tiene en cuenta que el propio funcionario federal, unos días antes, en encuentro con los legisladores de MORENA, anticipó que el país afronta la peor crisis desde los años 30 del siglo pasado.

         El secreto del positivo panorama lo explicó el mismo Herrera, al señalar que el estimado de crecimiento, “en realidad no es muy optimista”. “De hecho si piensas que va a haber una caída del 8 por ciento, y sobre esa caída del 8 por ciento, un crecimiento del 4.6 por ciento, ni siquiera nos pone en los niveles en que estábamos en 2019. Nos parece que es una estimación responsable», argumentó.

         Allí está el secreto del optimismo. No parte del nivel que tenía México antes de la crisis del Covid 19 (en realidad para entonces ya habíamos entrado en picada) sino que el punto de partida se toma a partir del descenso económico que se acentuó a partir del confinamiento obligado por la contingencia sanitaria, que todavía no sabemos cuando terminará.

         Contra ese optimismo oficial, los especialistas financieros, como los de la calificadora Moody’s, advirtieron que «no es sostenible” el cálculo del gobierno mexicano.

         El resultado de este desacuerdo en los cálculos es que la misma Moody’s y otras agencias calificadoras ubican a México a un escalón de perder su calificación de grado de inversión.

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         Pero no sólo hay desacuerdos con los organismos internacionales. Por ejemplo, se debe recordar que un reciente informe del Banco de México estimó que la caída de la economía mexicana sería más grande, de hasta un 12.8, con lo cual los cálculos de Hacienda parten de una base errónea.

         No obstante, Herrera defendió ayer nuevamente su proyecto de paquete económico y aseguró que la recuperación económica local ya «inició».

         Por otra parte, conforme a las declaradas prioridades del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el titular de Hacienda destacó que el presupuesto que se destinará el próximo año a pensiones y jubilaciones superará por primera vez el billón de pesos. destacó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al explicar e.          “Después de los ramos autónomos van los montos de pensiones y jubilaciones, que éste es el primer año en que rebasa el presupuesto el billón de pesos; es decir, alrededor del 16 por ciento de todo el presupuesto va a pensiones y jubilaciones”, dijo durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

         También aseguró que la estimación de crecimiento de la economía local del 4,6 por ciento para el próximo año no está atada al desarrollo de una vacuna contra el COVID-19.

         Además, el funcionario explicó que los márgenes de maniobra que tiene el gobierno federal en el gasto “son relativamente estrechos”, pues un monto importante de estos es obligatorio o está determinado con anticipación y no se pueden cambiar.

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         “Tenemos 5 billones de pesos que son gasto obligatorio; es decir, 80 por ciento de todo el gasto, 4 de cada 5 pesos son obligatorios y el gobierno federal no tiene ninguna posibilidad de decidir sobre ellos”, reveló Herrera.

         Lo económico no debe ser la única preocupación del gobierno de López Obrador, pues ayer mismo seis ex secretarios de Salud criticaron la política oficial para enfrentar la pandemia.

         Los ex secretarios del ramo, Mercedes Juan López, José Ángel Córdova Villalobos, Salomón Chertorivsky, José Narro Robles, Julio Frenk y Guilermo Soberón advirtieron que, a seis meses de iniciada, la pandemia de Covid 19 está “fuera de control” y advirtieron que, muy probablemente, en el último trimestre “se agravará la situación por la sindemia”, es decir, la suma de dos o más epidemias, en este caso el COVID y la influenza.

         Los ex funcionarios, de gobiernos panistas y priistas, presentaron un programa de 14 acciones para controlar la epidemia en ocho semanas.

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