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Camara de Diputados

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Sí a la Guardia Nacional, pero con mandos civiles

Los gobernadores surgidos del PRI, PRD y PAN dieron su aval al proyecto de crear la Guardia Nacional, pero pusieron como condición no militarizar al país, lo cual implicaría que el nuevo cuerpo de seguridad estará bajo mandos civiles.

La anuencia de los mandatarios estatales – a la cual se deben sumar los surgidos de MORENA, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrdor – se dio a conocer en la Mesa Seguridad Ciudadana en los Estados, organizada conjuntamente por diputados y senadortes como parte del foro en el que se discute la reforma constitucional para garantizar la seguridad pública, parte de la cual consiste en la creación de la mencionada Guardia Nacional.

El respaldo general, pero con sus salvedades, lo expuso el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Alejandro Moreno Cárdenas de Campeche, quien señaló que la inseguridad es de impacto nacional, pero advitió que no por ello la Guardia Nacional debe ser una institución «clonada» de las Fuerzas Armadas, ni conducir a una militarización del país.

“Hay que formar policías, hay que capacitar a los policías. Se lleva años, hay que tener claro los controles de confianza, exámenes, y hay que tener claro los indicadores de cada una de las entidades federativas.

«Los policías, los agentes de seguridad, encargados de proteger y cuidar a los ciudadanos no se compran en una tienda de conveniencia, se forman todos los días a lo largo de muchos años”, subrayó el gobernador de Campeche, quien advirtió asimismo que el nuevo organismo encargado de la seguridad debe tener poderes amplios, como la realidad social lo exige, pero siempre circunscritos a los límites de su competencia federal.

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Moreno Cárdenas pidió a los legisladores federales que la reforma para crear la Guardia Nacional se ajuste a los más estrictos criterios de respeto a las soberanías estatales, privilegiando la coordinación, el trabajo conjunto con pleno respeto a los derechos humanos.

Además, el mandatario campechano expresó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas por lo mucho que han hecho por el país.

El gobernador de Oaxaca, también surgido del PRI, Alejandro Murat Hinojosa propuso igualmente dar un voto de confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador en lo relativo a la creación de la Guardia Nacional.

“Mientras estamos aquí en el debate, militares y marinos están allá afuera sin certeza jurídica y hay familias que no tienen la seguridad que el Estado debe garantizar”, dijo el gobernador de Oaxaca en esa reunión que servirá para dar más elementos a los integrantes de las cámaras de Diputados para las necesarias reformas constitucionales, que se supone empezarán a ser analizadas la semana venidera en un periodo extraordinario de sesiones.

Con el aval de los gobernadores del PRI, PRD y PAN se presume que no habrá problema para conjuntar la mayoría calificada que se requiere para validar reformas a la Constitución, pues se presume que ese respaldo se traducirá en votos a favor de los diputados y senadores que pertenecen a los mismos partidos que los gobernadores que estuvieron en el foro que tuvo como escenario el Palacio Legislativo de San Lázaro.

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Cabe advertir que la demanda de no militarizar la seguridad pública no es asunto menor, pues por razones parecidas la Suprema Corte de Justicia invalidó la Ley de Seguridad Interior propuesta por el ex presidente Enrique Peña Nieto, la cual fue aprobada en el Congreso pero combatida posteriormente por legisladores que entonces militaban en la oposición, así como por organismos protectores de derechos humanos, que también ahora se han manifestado en contra de la militarización de las tareas de seguridad pública.

La Cosecha

Si se tratara de asuntos escolares, se podría decir que a los ojos de los integrantes del nuevo gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibieron una medalla de buena conducta, pero también se expusieron a una reprimenda.

Esto porque ayer se confirmó que los miembros del máximo tribunal del país – acusados en medios oficiales de ser privilegiados – decidieron respaldar la política de austeridad pregonada por el Ejecutivo, al reducir sus ingresos en un 25 por ciento respecto de lo que recibieron en el ejercicio fiscal 2018.

Además, las presidencias de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal revisarán y, en su caso, publicarán los montos de las remuneraciones de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos federal 2019.

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Ese, sin duda, es el aspecto positivo, pues del lado contrario, los ministros convalidaron protestas de trabajadores y organizaciones que no están de acuerdo con la Ley Federal de Remuneraciones para los Servidores Públicos, promovida por los simpatizantes de López Obrador con la finalidad de reducir los salarios de los altos funcionarios, de manera que nadie gane más que el presidente de la República.

El ministro Alberto Pérez Dayán, dio entrada a la demanda del Banco de México y la Comisión Federal de Competencia Económica contra la referida Ley de Remuneraciones y concedió a la suspensión para que no se aplique dicho estatuto en tanto no se resuelva de fondo la impugnación que han presentado otras instituciones y organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Aunque el gobierno federal y PEMEX han tratado de desmentir versiones – difundidas principalmente por las redes sociales – acerca de desabasto de gasolinas, en casi todo el país llegaron reportes acerca de compras de pánico por parte de automovilistas que no desean quedarse inmovilizados.

De paso parecen confirmarse versiones de que el robo de combustibles a PEMEX, conocido popularmente como “huachicoleo”, se realizaba en complicidad con trabajadores e inclusive funcionarios de alto nivel de la empresa petrolera.

Por ejemplo, en la refinería de Salamanca, elementos del Ejército encontraron una instalación clandestina que incluye una manguera de tres kilómetros.

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Además, el presidente López Obrador reconoció durante una conferencia de prensa que el general Eduardo León Trauwitz, encargado durante el sexenio pasado de vigilar los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), es uno de los ex funcionarios bajo investigación.

A todos nos preocupa el tema del huachicoleo y exigimos que el Gobierno de la República instrumente medidas para combatirlo, pero sin afectar a la ciudadanía, comentó la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

También en conferencia de prensa, en Aguascalientes, la dirigente nacional del tricolor demandó: “que se acabe con el huachicol, sí, pero que no se afecte a la ciudadanía con el desabasto de gasolina, por inexperiencia o desconocimiento, sino con planes coherentes, en el marco de la ley y fincando responsabilidades a quienes resulten responsables”.

Ruiz Massieu fue acompañada por los secretarios General, Arturo Zamora Jiménez; de Operación Política, Jorge Márquez Montes; de Acción Electoral, José Reyes Baeza, y de Atención para Estados en Oposición, Diva Gastélum Bajo.

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, surgido de las filas del PAN, al que ahora ya no pertenece, pidió al gobierno federal reconocer que existe un error en la estrategia de combate al robo de hidrocarburos que ha ocasionado desabasto en al menos seis estados del país.

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“El gobierno debe reconocer con toda humildad que su estrategia no funciona. Aquí quien sufre es el pueblo, la gente trabajadora, no los huachicoleros. Debe rectificarse hacia cuidado estratégico de los ductos, castigo ejemplar a quien robe, quien sea”, escribió desde Morelia en redes sociales el ex mandatario.

 

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