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Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Se retarda la reforma al sistema de justicia

Con las principales reformas promovidas por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación impugnadas por la oposición, por organismos autónomos o por organizaciones civiles, casi resulta lógica la decisión anunciada ayer de posponer para febrero la entrega de las iniciativas del gobierno federal para la transformación del sistema judicial.

         Se anunció que la propuesta de cambio sería total, desde la clasificación de los delitos y la clasificación de las penas correspondientes, así como el funcionamiento de los tribunales de todos los niveles, hasta llegar a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

         Las propuestas incluyen modificaciones a la figura del arraigo, la aprobación de una Ley de Justicia Cívica, la creación de un Código Penal único en el país, y modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La idea general, totalmente aceptable y hasta plausible, es mejorar todo el sistema nacional de procuración e impartición de justicia.

         Pero los buenos propósitos al parecer no se cumplen a cabalidad, como de pudo apreciar al darse a conocer algunos lineamientos comprendidos en las iniciativas que se preparan para proceder a esta nueva gran reforma.

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         Los aparentes errores u omisiones generaron protestas de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil y, lo más sorprendente, es que también surgieron dudas e inconformidades dentro de las filas del partido en el poder, MORENA, y sus aliados.

         Se corría el riesgo de que pronto, luego de aprobadas las reformas, serían sometidas al juicio de la Suprema Corte de Justicia, como están actualmente otras reformas promovidas por el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la educativa, la creación de la Guardia Civil y las leyes relativas en materia de seguridad pública y hasta los cambios a las normas relativas a la administración pública, como la que limita los salarios de los altos funcionarios, y la que creó los “superdelegados”.

         Por eso la advertencia formulada por el coordinador de la bancada de MORENA y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila: 

         “Les comentamos que no impondremos normas que afecten derechos fundamentales, escucharemos a todos, intelectuales, académicos, investigadores, sociedad civil, organismos no gubernamentales, colectivos y creemos que, en la construcción de las normas jurídicas, en los nuevos proyectos de modificación constitucional y legal, sí nos podemos poner de acuerdo”.

Monreal se expresó así en la reunión que tuvieron con representantes del gobierno federal encabezados por el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro  Gertz Manero, quienes se suponía que entregarían formalmente las iniciativas, pero a final de cuentas el encuentro sólo sirvió de marco para comentarios generales, pues el  Ejecutivo decidió posponer la entrega de las propuestas al primero de febrero, cuando arranque el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

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Scherer y Gertz hicieron una presentación general de las propuestas, contenidas en anteproyectos que se habína entregado previamente a los senadores, mismos que generaron comentarios negativos que al parecer fueron atendidos de inmediato y por ello se pospuso la entrega de las iniciativas definitivas. 

“Así vemos a México, como un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere una nueva norma para la persecución de los delitos”, dijo el abogado de la Presidencia ante los integrantes de la JUCOPO y agregó que “lo que la gente quiere no es siempre lo que más le conviene, ni siempre lo que ordena la ley”.

A su vez, el fiscal general, Gertz Manero, señaló que en los últimos veinte años se han generado respuestas parciales en materia de procuración de justicia y seguridad, sin que se haya logrado una solución capaz de impedir que siga creciendo esta situación, “que es quizá la más aflictiva de todo el país”.

Añadió que la proyectada nueva reforma tiene como punto de inicio una Ley de Justicia Cívica, para ir de ahí al Código Penal, después el procedimiento para poder aplicar el derecho positivo, y las formas de aplicar las sanciones. 

Gertz Manero destacó que con el actual sistema de justicia “se creó lo que se llama una puerta giratoria y entonces, por un lado, entraban los delincuentes y por ese mismo salían; además se multiplicó el número de delincuentes, mientras que algunas cárceles redujeron su número de internos, pero multiplicaron su daño a la sociedad.

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El fiscal comentó que debe haber cárceles abiertas para quienes delinquen por primera vez, pero los reincidentes deben quedar encerrados y las cárceles, en vez de ser escuelas de la delincuencia, tienen que ser centros de productividad, de capacitación, para que los jueces puedan aplicar pena mínima para los que se readapten y pena con agravantes para el que no. 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó que para el Gobierno Federal “es fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia, tanto en la procuración como en la impartición”.

“Estaremos atentos al estudio y al análisis de lo que se ha presentado, a la espera de que con pleno respeto a la independencia de poderes, tengamos un sistema que atienda a plenitud las necesidades de justicia que debe existir en nuestro país”, afirmó.

En su respuesta, Monreal dijo que se hará una detenida revisión de las iniciativas y aclaró que se trabajará mediante el mecanismo ya probado de Parlamento Abierto.

Aseguró que el Senado no se va a apresurar en esta discusión e insistió en que se impondrán normas que afecten derechos fundamentales. “Construiremos, mediante un amplio consenso, la normatividad que el país y la ciudadanía exigen”, sentenció.

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La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, dijo que con el envío de las iniciativas “arranca formalmente el proceso legislativo de una reforma profunda, compleja e integral, con la que buscamos dar respuesta a uno de los reclamos más sentidos de la sociedad mexicana, que está cansada e indignada por los problemas de violencia e inseguridad que nos aquejan desde hace más de una década”.

“Tengan la plena seguridad que en el Senado impulsaremos una reforma integral al sistema de justicia con el fin de proteger a las víctimas, asegurar que los responsables de los delitos no queden impunes y que las autoridades actúen con la mayor rectitud y honestidad en el cumplimiento de sus funciones y respetando los derechos humanos”, agregó.

Mayor rigor para las caravanas de migrantes.

Mientras arrancó en Honduras una nueva caravana de migrantes centroamericanos con destino a los Estados Unidos, el nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que su país y México acordaron hacer «todo lo que esté en sus manos» para impedir el paso de migrantes que buscan llegar a la Unión Americana.

El mandatario guatemalteco hizo ese comentario luego de un encuentro con el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

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Giammattei dijo que el Gobierno de México le advirtió que va a impedir el paso a través de la frontera de una nueva caravana de migrantes iniciada en Honduras horas antes.

“El gobierno mexicano nos advirtió que no los va a dejar pasar y que va a utilizar todo lo que esté en sus manos para impedir que pasen», dijo Giammattei.

En México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que el gobierno federal no otorgará visas o salvoconductos a la caravana de migrantes hondureños que salió de San Pedro Sula si su objetivo es cruzar México rumbo a Estados Unidos. 

La funcionaria federal aclaró que México recibirá a los migrantes en calidad de asilo, de refugiados o quieren incorporarse con algún estatus migratorio a nuestro país para trabajar o estudiar o ser incluidos en programas sociales como sembrando vidas, sobre jóvenes, becas u otras alternativas. 

Los vamos a atender con muchísimo gusto, dijo Sánchez Cordero, quien destacó que México no es un país de tránsito; no es un país que dé un salvoconducto; abre sus puertas a las personas que quieran entrar a nuestro país, pero de ninguna manera se otorgarán visas de tránsito o salvoconductos, aclaró.

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