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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Robles y Lozoya se quejan de violación a sus derechos

 Algo pasa con la justicia mexicana, pues por más reformas legales y reorganización de las instituciones relacionadas, no se acelera el proceso para juzgar y, eventualmente, para castigar a los presuntos responsables.

         Esta situación se aprecia principalmente en los llamados delitos de “cuello blanco” y en las presuntas irregularidades cometidas por ex funcionarios públicos. Por el contrario, en los delitos comunes, las mismas autoridades se han quejado de que los juicios orales han dado paso a una especie de puerta circular, donde los acusados más tardan en entrar a los reclusorios que en volver a salir.

         En los últimos días, lo que más ha llamado la atención son las acusaciones contra los ex funcionarios federales Emilio Lozoya Austin, quien fuera director general de PEMEX, y Rosario Robles Berlanga, titular de las secretarías de Desarrollo Social (ahora de Bienestar) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

         En los dos casos, se presume que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó minuciosas investigaciones antes de exhibirlos públicamente como presuntos delincuentes y que sólo sería cuestión de trámite lograr una condena de parte de los tribunales especializados, sobre todo ahora que se supone que con los nuevos procedimientos se acortan los plazos para obtener condenas.

         Pero los inculpados y sus defensores “no están atados de manos” y hasta ahora han contenido los intentos de la FGR de llevarlos a prisión, aunque como parte de la lucha legal por lo menos Lozoya Austin renunció al amparo que lo protegía, aunque no llegó al extremo de presentarse voluntariamente ante las autoridades.

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         En cambio, la ex titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles Berlanga tramitó un amparo y alegó que la acusación de la FGR en su contra es una flagrante violación a sus derechos y al debido proceso por la forma en que se dio a conocer.

         Esto porque el pasado lunes por la noche, los medios electrónicos de comunicación anunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) busca obtener una audiencia para vincular a proceso a Rosario Robles por presunto ejercicio indebido del servicio público.

         Robles respondió en los noticiarios del martes por la mañana. Dijo que “dará la cara”, pero aclaró que  en el citatorio que recibió, para el venidero 8 de agosto a las 11:00 horas en el Reclusorio Sur, no se establecen ni las causas ni los hechos que se le imputan “minando con ello mi capacidad de defensa”.

         Su abogado, Julio Hernández Barros, agregó que esta acusación es un acto que contraviene cualquier disposición jurídica y a la propia Constitución, además de violentar los derechos consagrados en convenios internacionales de los que México forma parte.

         Aseguró que Robles Berlanga se presentará ante las autoridades porque no tiene nada que esconder “es inocente y la acusación es temeraria e infundada».

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         “Es un llamado a hacer un linchamiento público mucho antes de que las autoridades judiciales tengan conocimiento del caso, de manera que por donde lo veas hay una sistemática violación a los derechos humanos de Rosario en este procedimiento errático y contrario a la ley”, destacó el abogado.

         Lo que has trascendido es que la acusación contra la ex titular de SEDESOL es continuación de las averiguaciones que se conocen con el título de la “Estafa Maestra”, por la que supuestamente durante el anterior gobierno federal se transfirieron recursos federales por más de dos mil millones de pesos a las universidades de Morelos y del estado de México, que luego terminaron en empresas “fantasma” o que estaban bajo investigación del SAT por operaciones irregulares o no tenían registro ante la Secretaría de Economía (SE).

         Interrogado al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que su gobierno colaborará en todo lo necesario con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones contra la ex secretaría de Desarrollo Social, por ejercicio indebido del servicio público. «No somos tapadera de nadie» y «no hay impunidad para nadie», dijo el primer mandatario.

         El ex director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, afirmó por su parte que las acusaciones del gobierno mexicano por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho ligados con el caso Odebrecht son “un ataque político cobarde y sin fundamentos” contra él y su familia.

         En particular el ex titular de PEMEX se inconformó porque a su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, se le acuse de “haber recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese?”, se preguntó el ex funcionario buscado por la INTERPOL, en una declaración hecha pública por su abogado Javier Coello, en respuesta a un cuestionario que le hicieron llegar el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el medio suizo Tamedia, junto con periodistas mexicanos de Quinto Elemento Lab.

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         En su respuesta, Lozoya Austin sostuvo que estas imputaciones “son un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia. En ningún momento como funcionario público ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción”.

         Negó haber contribuido a que la empresa brasileña Odebrecht ganara en México contratos con PEMEX y aseguró que las inversiones en las empresas registradas en Múnich, ELMO Wolfsburg GmbH y ALL-Me Hamburg GmbH, son inversiones inmobiliarias que fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) cada año mientras fue funcionario público, todas “producto de mi trabajo empresarial” antes de ser empleado de gobierno.

         En su alegato, Lozoya Austin señaló que sus sucesores y la actual administración han propiciado una caída de más de 30 por ciento en la producción de gas en el país, “por decisiones propias y erróneas”, pero en vez de reconocerlo intentan culpar a otros cuatro años después. “Ees absurdo”, sentenció el ex titular de PEMEX.

         La Cosecha

         Otro de los graves problemas que tiene que antender el gobierno de México, el de la migración, parece ir en declive.

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         Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que sigue a la baja el flujo migratorio de quienes cruzan por México rumbo a los Estados Unidos. Además, anunció que se prepara la primera conferencia internacional de países donantes para apoyar a Centroamérica, como parte de la estrategia para enfrentar la migración.

         Al acompañar al presidente López Obrador en su conferencia mañanera. El titular de Relaciones Exteriores informó que dicha conferencia internacional, prevista para octubre próximo, con participación de los Estados Unidos, entre otras naciones, constituirá un respaldo global para el plan de México para contribuir a crear condiciones para que los centroamericanos ya no busquen emigrar.

         Ebrard Casaubón informó se tienen reportes de que,  al cierre de julio, llegaron a territorio de México 87 mil 648 migrantes, lo que representa una reducción considerable, luego de los 144 mil 278 que se registraron en mayo. A su vez, el presidente López Obrador indicó que se ha avanzado en las acciones para enfrentar la migración e informó que luego de la primera evaluación del acuerdo con Estados Unidos en esta materia, la cual fue buena, en septiembre se hará una nueva valoración.

         La dirigencia nacional del PRI criticó la llamada “ley garrote”, aprobada en el Congreso de Tabasco, por considerarla “una figura alevosa y represora” en contra de los habitantes de esta entidad.

         La dirigencia del tricolor dijo que todo el proyecto de dicha norma fue construida por el partido MORENA y el gobernador tabasqueño Adán Augusto López Hernández y recordó que sus diputados en ese estado decidieron abandonar la sesión del Congreso para no avalar las reformas al Código Penal del Estado, “que atentan contra las libertades fundamentales y la democracia”.

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         El PRI señaló que con la “ley garrote” se imponen mayores multas y cárcel para los tabasqueños que manifiesten o expresen públicamente su inconformidad en contra del gobierno o pretendan interrumpir la obra de Dos Bocas.

         Por otra parte, la titular de Energía,  Rocío Nahle, negó que la reforma tenga como finalidad proteger las obras de la nueva refinería.

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