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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: ¿Quién quiere una joya usada por un capo?

– Hace algunos años, un amigo que atravesaba una situación económica difícil puso en venta su automóvil de lujo último modelo a un precio sumamente reducido. La única condición aparentemente difícil de superar era que se le pagara el total en una sola exhibición.

         Un experimentado vendedor se le acercó y le recomendó cambiar las condiciones y aceptar pagos a plazos o vender a una agencia o lote de autos, que le llevara a sacrificar un poco más en el precio, pero que le pagarían, como lo deseaba, el total del valor.

         Mi amigo preguntó cuál sería la razón de este cambio, pues suponía que un particular aprovecharía la oportunidad de pagar por un auto casi nuevo un precio muy inferior al del mercado.

         El vendedor le explicó que una persona con capacidad económica para comprar al contado un auto de lujo de segunda mano, mejor optaría por comprarlo nuevo, directamente en agencia y quien no tuviera esa posibilidad, obviamente buscaría financiamiento de un banco o de los propios distribuidores de autos.

         Esto fue seguramente lo que ocurrió ayer con la subasta de joyas realizada por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

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         De los 148 lotes, con un total de mil 975 joyas, casi la tercera parte (42 lotes) fueron declarados desiertos porque no hubo quienes ofrecieran comprarlos. En consecuencia, de los 21 millones de pesos que se esperaba obtener de esa subasta, apenas se obtuvieron un poco más de diez millones.

         Esto parece lógico, si se tiene en cuenta que quien tiene capacidad económica para adquirir tal calidad de joyas optaría en primer término por comprarlas nueva en alguna joyería de México o, mejor, en Nueva York, Ámsterdam o Zurich.

         Además se debe tener en cuenta el grave riesgo de adquirir algún valor considerado propio por un capo de la delincuencia organizada y, si eso no fuera suficiente, también se debe tener en cuenta que adquirir esa clase objetos sería para tenerlos ocultos, pues pocas personas se atreverían a lucirlas en público – con el tema de la seguridad aparte – aunque sean legalmente adquiridas, durante un régimen que ha hecho de la austeridad uno de los principales valores, al grado que el presidente Andrés Manuel López Obrador casi califica de delincuente a un funcionario público que cometió al “grave delito” de percibir un salario de 220 mil pesos mensuales.

En el remate organizado por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dependiente de la Secretaría de Hacienda, la mayor parte de las joyas puestas en subasta fueron relojes y al respecto cabe recordar los escándalos contra funcionarios públicos o políticos que se atreven a lucir ejemplares de lujo y, si no, pregúntenle al ex gobernador del estado de México César Camacho Quiroz.

Suposiciones aparte, el hecho es que en la subasta no hubo quién comprar no ni el más barato, un Gucci para dama de 10 mil 200 pesos, ni el más el caro, un Piaget para caballero en oro blanco y 49 diamantes con valor de salida de 2 millones 953 mil pesos. Por el contrario, un reloj de oro blanco, con precio de salida de 843 mil 800 pesos alcanzó el mayor  precio al venderse en un millón 20 mil pesos.

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         Las crónicas indican que fueron contados los lotes donde hubo una fuerte puja y, al paso del tiempo, en vez de aumentar el interés, decayó el ánimo de quienes se registraron para participar en la licitación.

         Los encargados de la subasta aseguraron que los resultados totales serían dados a conocer hoy, a primera hora, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, quien tal vez nos sorprenda con “otros datos”.

         La Cosecha

         La Suprema Corte de Justicia acordó lanzar un carga más sobre los órganos de gobierno, ya sean federales, estatales o locales.

El máximo tribunal del país determino que el Estado (los mencionados niveles de gobierno, según sea su competencia) debe reparar el daño causado a las víctimas de algún delito, en forma subsidiaria cuando el responsable no pueda hacerlo.

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Esta decisión de la Suprema Corte fue en respuesta a una demanda de amparo promovido a raíz del caso Ayotzinapa, en el que desaparecieron en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014. La demanda la presentaron integrantes del equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo”, quienes resultaron heridos durante lo lamentables sucesos de Iguala, quienes quedaron inconformes con la reparación del daño que se les ofreció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

         El derecho a la reparación integral del daño ordenado por los ministros de la Suprema Corte incluye la compensación subsidiaria por parte del Estado, cuando el culpable del delito no puede ser plenamente identificado o carece de capacidad para asumir esta responsabilidad. La reparación del daño debe incluir gastos como transporte, alojamiento y alimentación, que debe sufragar la víctima para asistir al juicio respectivo o para tomar tratamientos médicos.

         Las críticas del presidente López Obrador al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y en particular a su ex director Gonzalo Hernández Licona se escucharon en Zongolica, Veracruz, una zona muy pobre en donde, en la época de La Colonia, se registró el primer levantamiento de esclavos negros.

         El primer mandatario llegó a esa región como parte de su recorrido para supervisar hospitales rurales. Allí, en Zongolica, los trabajadores del sector salud de quejaron de diversas carencias, pero al parecer no lograron llegar hasta el primer mandatario. En particular, los inconformes demandaron una ambulancia, equipo de rayos X y más medicamentos.

         La comunidad de sector salud apareció dividida. Los inconformes, doctores y enfermeras recientemente despedidos de las unidades médicas de los alrededores intentaron ingresar por la fuerza a la sede del hospital y lo lograron parcialmente. Entre gritos y empujones denunciaron despidos injustificados y repudiaron el informe del director del hospital rural, José Manuel Grajales, y lo tildaron de falso.

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Allí el presidente se quejó de los grandes gastos que significa mantener al CONEVAL, que en su opinión no reporta mayores beneficios, y en particular denunció que su ex director, Hernández Licona, ganaba 220 mil pesos mensuales.

López Obrador reiteró que no dará tregua ni un paso atrás en su lucha contra la corrupción y, como se ha vuelto frecuente, hizo una consulta al “pueblo sabio” a mano alzada. Preguntó quién conocía esa institución y resultó mayoritario el sector de los que la desconocen.

         Con las palabras de López Obrador se calmaron los ánimos del grupo inconforme, que escuchó el ofrecimiento presidencial de que habrá basificación. En este marco condenó la  corrupción que ha llevado a esta situación al país y al sector salud, todo por los funcionarios obsesionados por el dinero. El presidente ofreció reestructurar el sistema de salud y eliminar las diferencias en la atención a los pobres, no habrá enfermos de primera y de segunda, dijo.

En Guadalajara, por tercer día consecutivo, se registran protestas contra el aumento a las tarifas de transporte público, así como por supuestos excesos de las fuerzas policiales en contra de estudiantes detenidos por participar en esos actos de protesta.

Un contingente de ciudadanos se congregó en los alrededores de la residencia oficial del gobernador, conocida como Casa Jalisco, ubicada en la colonia Lomas de Providencia, debido al anuncio de que, a partir del sábado anterior aumentarían las tarifas del transporte público.

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La primera manifestación se registró el viernes, integrada en su mayoría por estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG). La protesta terminó en un encuentro con policías antimotines estatales, que golpearon y detuvieron a cinco jóvenes, quienes quedaron libres al día siguiente.

Como parte de las acciones para dar a conocer los destinos turísticos del Caribe Mexicano, enviados del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) participaron durante los últimos días en diversas actividades en distintas ciudades de Canadá y Reino Unido con tour operadores, agentes de viajes y medios de comunicación para contribuir a incrementar la cantidad de visitantes que llegan a ese estado. Recientemente, se dio a conocer que el turismo canadiense aumentó 8.77 por ciento de enero a mayo de este año, comparado con el mismo periodo  de 2018.

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