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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: No es opcional, los gobernadores no deben entrometerse en elecciones

En plena etapa electoral, suena muy bonito el acuerdo de los mandataros surgidos de MORENA – Baja California, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tabasco, Morelos y Ciudad de México – para firmar el llamado “Acuerdo por la Democracia”, que los compromete a no intervenir en asuntos electorales.

         Es de tanto impacto el acuerdo que justifica la foto donde

Aparecen la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum – quien fungió como anfitriona – y los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; y de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; y a la distancia, el de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

         En apariencia es un acto en que esos gobernantes se comprometen a respetar y hacer cumplir las leyes que regulan los procesos electorales en México y resulta de mayor impacto por cuanto estamos en los preparativos de unas votaciones en donde se decidirán más de tres mil cargos de elección popular y que por lo tanto se definen como las más trascendentes del México contemporáneo, con la excepción de las elecciones de presidente de la República.

         Si, en efecto, todo muy bonito, hasta el grado que se puede considerar un acto ejemplar.

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         El problema es que todo ese espectáculo es innecesario, salvo para efectos de propaganda electoral y de tratar de influir en la decisión de los ciudadanos.

         Por principio de cuentas, se debe recordar que, al asumir sus cargos, esos gobernantes se comprometieron a cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las constituciones de sus respectivas entidades, por las cuales están comprometidos no intervenir en cuestiones electorales.

         De hecho, el llamado presidencial a los gobernantes de las entidades federativas para mantenerse al margen de los comicios también está de más. Uno, el primer mandatario, y otros, los gobernantes, están comprometidos a respetar las normas electorales.

         Esto se aplica igualmente a los gobernadores surgidos de otros partidos, que se apresuraron a comprometerse a evitar cualquier intromisión en los procesos electorales, en lo que más que un acto de confirmación de los principios democráticos parece un recurso para asegurarse que no serán objeto de ninguna persecución política, ya sea mientras están en ejercicio ni tampoco cuando dejen el poder.

         Una prueba de las limitaciones que tienen los funcionarios públicos para intervenir en asuntos electorales se tiene en el portal de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), en donde se advierte que incurren en delitos los funcionarios públicos que coaccionen o amenacen a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.

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         También es delito condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

         Además, si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo.

         Otras conductas consideradas delito consisten en destinar, utilizar o permitir la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado, así como proporcionar apoyo o prestar algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores.

         No son las únicas conductas consideradas delitos, pero cabe destacar que, en nuestro país y, en particular, en el actual sexenio que tiene como una de sus banderas los programas sociales, la FEPADE advierte que, “si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista”.

         Los funcionarios, obligados a denunciar irregularidades. 

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         En el documento firmado por los mandatarios, leído por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los gobernadores estatales se comprometieron, además, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de “cuello blanco” para financiar campaña, impedir la compra de lealtades o confianzas, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos electorales, así como evitar el acarreo o relleno de urnas.

         Por coincidencia o como parte de un plan previamente delineado, este último punto fue destacado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira de fin de semana por Zacatecas

         El presidente López Obrador denunció que se heredó el “partido de la delincuencia organizada” a través del cual se elige a los candidatos para ocupar puestos de elección popular y esa conducta, agregó, no debe seguir prevaleciendo.

         El mandatario manifestó que precisamente por la existencia de estas irregularidades propuso el acuerdo por la democracia, con el cual se pretende evitar que algún candidato utilice dinero del presupuesto público, de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco.

         “Se heredó el partido de la delincuencia organizada, hay regiones en donde ellos deciden quién debe ser el candidato y quién va a ser el presidente, y a los otros candidatos los amenazan y los hacen a un lado, eso no se puede seguir permitiendo”, dijo durante su gira por Zacatecas para la entrega de programas sociales manejados por la Secretaría de Bienestar.

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         El primer mandatario pidió a los ciudadanos denunciar este tipo de intromisiones de la delincuencia organizada y de “cuello blanco” al tiempo que se comprometió a proteger a las regiones donde más se lleva a cabo dicha práctica “para que sea el pueblo libremente el que elija a sus autoridades”.

         Otra vez parece que se trata de una acción anticipada para contener la acción de fuerzas negativas, pero siempre queda una duda: si el gobierno y en particular el presidente de la República tienen información de la intervención de lo que se llama “fuerzas oscuras” ¿por qué no se procede judicialmente en contra de los presuntos responsables?

         Parece una actitud parecida a la asumida por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación frente a las denuncias de corrupción en anteriores gobiernos. Se dan a conocer nombres de presuntos implicados y se revelan grandes cantidades involucradas en los actos de corrupción, pero las denuncias no se traducen en condenas.

         Salgado Macedonio, ni si ni no.  

         Las organizaciones feministas y todos los sectores de la sociedad que repudian al senador con licencia Félix Salgado Macedonio como candidato de MORENA al gobierno de Guerrero, se declararon complacidos por la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido que ordenó la reposición del procedimiento para evaluar si cumple los requisitos mínimos para ser nominado.

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         Ese acuerdo se interpretó equivocadamente como la ancelación de la candidatura del apodado “diputado costales” y “toro sin cerca”, que es acusado de violación y ataques sexuales contra varias mujeres.

         Sin despejar totalmente dudas, el presidente de MORENA, Mario Delgado, intentó explicar que la decisión de la mencionada Comisión de Honestidad no significa que se cancele en definitiva la candidatura de Salgado Macedonio, por lo que no habrá cambios hasta que la Comisión de Elecciones evalúe la resolución de la comisión de honestidad.

         NOTA LUCTUOSA: Los muertos no tienen posibilidad de defenderse y por eso se dicen muchas mentiras sobre ellos. Aunque un poco tarde, aprovecho para manifestar que Mario Alberto Santoscoy Fregoso fue uno de los maestros que contribuyeron a (de)formarme profesionalmente. QEPD y mis condolencias a su viuda Emmita. 

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