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Al rendir su último informe como titular de la Secretaría de Salud y Protección Ciudadana (SSPC), Arturo Durazo Montaño, presumió entre otros datos una reducción de 37.6 por ciento en la incidencia del secuestro, pero sus datos no coinciden con los de otras instituciones que están pendientes de la evolución de es delito.

         Durazo destacó que se han detenido “sin grandes espectáculos mediáticos” dos mil 181 personas y se han desmembrado 265 bandas, lográndose liberar a mil 25 víctimas.

         Tal vez la diferencia de datos se deba a que las cifras de referencia no son las mismas.

         Por ejemplo, la Coordinación Nacional Anti Secuestro (CONASE) señaló que en septiembre el delito de secuestro en México disminuyó 57.1 por ciento en comparación con el máximo histórico observado en enero de 2019, con 161 carpetas de investigación.

 pero destacó que en Sonora se redujo en 71 por ciento; en la Ciudad de México en 68 por ciento, al igual que en Veracruz, donde había una alta incidencia.

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         En contra de estos datos optimistas, la organización civil Alto al Secuestro, que mantiene registros permanentes acerca de la evolución de este delito informó ayer mismo, al presentar su más reciente reporte mensual.

         La organización encabezada por Isabel Miranda de Wallace admite que, efectivamente, en septiembre se registró una disminución de los secuestros, pero no fue tan acentuada como presumió el ex secretario de Seguridad ni la CONASE, pues sólo fue de 10.3 por ciento. En este caso la comparación es entre el pasado septiembre, donde se levantaron, en todo el país, 95 carpetas de investigación por secuestro, contra 106 en agosto anterior.

         Aquí es donde aparece otra discrepancia respecto de la información proporcionada por Durazo, en donde se destaca que “gracias al trabajo de las 32 unidades Especializadas en Combate  (UECS) al Secuestro en el país, en septiembre se registraron sólo 69 casos.

         Alto al Secuestro especificó que hubo una reducción de 5.8 por ciento en el número de víctimas que sufrieron este delito, ya que durante septiembre hubo 129 víctimas mientras que en agosto fueron 137.

         Al mismo tiempo, se redujo 16.3 por ciento el número de detenidos relacionados al delito de secuestro, debido a que en septiembre fueron aprehendidas 148 personas por este delito mientras que en agosto fueron 177 los presuntos responsables.

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         Por otra parte, Alto al Secuestro resumió que durante los 22 primeros meses de la administración del presidente López Obrador hay registro de 3,792 víctimas de secuestro.

         De ellas 65.4 por ciento son hombres; 22.5 por ciento son mujeres y 12.1 por ciento son menores de edad

         Al respecto, destaca que por cada niña secuestrada hay 2 niños víctimas de este delito y por cada mujer secuestrada se secuestra a 3 hombres.

         Alto al Secuestro también detalla que el 82 por ciento de víctimas sufrieron secuestro extorsivo, otro 10 por ciento secuestro express; otro 5 por ciento fueron víctimas de secuestro para causar un daño y otro 3 por ciento fueron víctimas de secuestro en calidad de rehén.

          Los estados con mayor incidencia de secuestros en el pasado mes de septiembre, según Alto al Secuestro fueron Veracruz (19), estado de México (15), Michoacán y Zacatecas (5), Quintana Roo, Chiapas, Tamaulipas y Morelos (4)

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       Los estados que registraron cero secuestros fueron: Campeche, Colima, Durango, Nayarit y Yucatán.

         Para que se vea que el secuestro es un delito que está siempre presente en la vida nacional, se debe tomar como referencia un informe del gobierno de Morelos, según el cual,

como resultado de las investigaciones realizadas por el Grupo Fusión-UECS dependiente de la Fiscalía General del Estado, la tarde del pasado martes se llevó a cabo la liberación de tres personas a las que mantenían secuestradas, dos de ellas desde el pasado 12 de octubre en el municipio de Puente de Ixtla.

         La mañana del martes 20 se denunció en la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, el secuestro express de una víctima por parte de personas que mantenían tomada la plaza de cobro 184, Francisco Velasco Durán, también conocida como Alpuyeca, desde el pasado 5 de octubre.

         Resultó que los secuestrados eran tres operadores de los autobuses en los que se transportaban los manifestantes que “tomaron” la caseta de cobro. La intervención policíaca logró la liberación de los secuestrados y la captura de 78 presuntos secuestradores; 43 hombres, 14 mujeres y 21 menores de edad, los cuales fueron entregados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF Morelos.

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         Diputados aprobaron lo que antes era consulta para juzgar a ex presidentes. 

         Reducida a una pregunta muy general acerca de la posibilidad de juzgar a ex funcionarios públicos, lo que antes era una conflictiva consulta popular dirigida contra ex presidentes de la República, fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados y quedó lista para ser promulgada por el Ejecutivo Federal, que fue el que inició todo el movimiento que desató una conflicto entre los poderes de la Unión.

         Fue el presidente López Obrador el que inició el movimiento al proponer una consulta para preguntar al pueblo si aceptaba que se juzgara a los ex presidentes de la República, que supuestamente son intocables.

         La segunda parte de esa acción política era que la pregunta apareciera junto con las múltiples boletas que deberán tachar los ciudadanos de toda la República en las concurridas elecciones programadas para el 6 de junio de 2021.

         La consulta empezó a perder veneno cuando fue sometida a consulta ante la Suprema Corte de Justicia. Los ministros no se atrevieron a declararla francamente anticonstitucional, pero la modificaron hasta dejarla en una inocua pregunta acerca de la posibilidad de juzgar a ex funcionarios de prácticamente cualquier nivel.

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         Lo más grave para su promotor es que la consulta no irá aparejada con las votaciones, sino que se programó para agosto, dos meses después de los comicios, con lo cual pierde casi todo efecto.

         De hecho, al ponerse a discusión la posibilidad de la consulta popular, la bancadas de oposición señalaron que se trata de una farsa, por la amplitud y ambigüedad de la pregunta, y argumentaron que, de buscar justicia con los delitos cometidos en el pasado, sería suficiente con una investigación de la Fiscalía General de la República.

         El ex presidente del PRI Enrique Ochoa Reza sostuvo que “la justicia penal no se consulta y así lo establecen los artículos 20 y 35 de la Constitución. En ningún país del mundo se realiza una consulta para llevar a cabo procesos penales contra ex funcionario alguno”.

         El vice coordinador de Morena, Pablo Gómez, respondió que no gusta a la oposición que se convoque a la consulta, porque se hará “un juicio contra quienes han gobernado, contra el Estado corrupto cuya cabeza siempre fue el presidente en turno”.

         A final de cuentas, la posibilidad de la consulta fue aprobada con los votos de MORENA, PT, PES y PVEM para preguntar, el 1 de agosto de 2021, si la ciudadanía está de acuerdo en “el esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos».

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         Solución al añejo problema de la tenencia de la tierra en Baja California. 

         Surgido en gran parte de la colonización y de la migración, el estado de Baja California ha tenido prácticamente desde su nacimiento problemas con la regularización de la tenencia de la tierra, ya sea con fines habitacionales o para otros usos.

         Por esto resulta importante la iniciativa de del delegado federal único, o “superdelegado”, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, para avanzar en la entrega certificados de propiedad a miles de familias que desde hace decenios buscan asegurar ese patrimonio para ellos y para sus hijos.

         Con la finalidad de abatir un rezago de treinta años de tenencia de la tierra, la Delegación Federal Única anunció que entregará, en una primer etapa, más de 5 mil 200 documentos agrarios en los cinco municipios de la entidad.

         Al mismo tiempo se anunció que el gobierno federal trabaja en un gran acuerdo para avanzar de manera coordinada con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), el Gobierno del Estado y las autoridades municipales paras entregar documentos de propiedad a los vecinos de los ejidos Rojo Gómez, Villa y Poblado Maclovio Rojas, que han cumplido con todos los requisitos para la regularización de la propiedad.

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