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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Multimillonario el costo de la delincuencia

Durante 2018 se cometieron en el país más de 33 millones de delitos, que tuvieron un costo de 286 mil millones de pesos para las víctimas.

         Estos datos se pueden considerar oficiales, aunque seguramente provocarán indignación en algunas esferas del gobierno de la República.

         La información proviene de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), un organismo autónomo de los que tanto reniega la llamada “Cuarta Transformación”.

         La encuesta fue realizada entre marzo y abril del presente año en 100 mil hogares del país y la presentó el presidente del INEGI, Julio A. Santaella, quien reune varias características consideradas ideseables por personajes de la 4T: es egresado del ITAM (con maestría y doctorado en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), fue nombrado por el ex presidente Enrique Peña Nieto y trabajó para el Banco de México y para ¡el Fondo Monetario Internacional!

         «El costo total del delito incluye tanto el impacto económico por haber sido víctima, como los gastos incurridos por tomar medidas preventivas en contra del delito, en 2018, ascendió a 286 mil millones de pesos…Estos 286 mil millones equivalen a 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año», explicó Santaella.

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         La encuesta (ENVIPE 2019) se realizó en las 32 entidades del país y en 34 ciudades de interés para el organismo. Es la novena edición de este estudio, en donde destaca que, de los 33 millones de delitos, más de 90 por ciento quedaron sin denuncia, en la llamada «cifra negra».

         «La cifra negra estimada, y de ahí viene la importancia que les decía, es de 93.2 por ciento, es decir 93.2 por ciento de los delitos no terminaron en una carpeta de investigación, por lo tanto, para tener una verdadera dimensión de la victimización se necesitan encuestas», dijo Santaella.

         «Tan solo dos delitos, el robo o asalto en la calle y en transporte público, más las extorsiones, son más del 45 por ciento del total de los 33 millones de delitos cometidos en 2018», dijo Santaella, quien detalló que, de conformidad con los resultados de la ENVIPE 2019, el año pasado se cometieron 9.4 millones de robos o asaltos en la calle y en el transporte público, así como 5.7 millones de extorsiones.

         Además, en la el estudio del INEGI se explica que los principales motivos que argumentó la víctima de un delito para no denunciar fueron por circunstancias atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como “pérdida de tiempo” con 31.7 por ciento, y la “desconfianza en la autoridad” con 17.4 por ciento.

         Avanzan leyes secundarias de la reforma educativa.

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         Con la venia de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los senadores pudieron trabajar ayer y con ello avanzar en el proceso para ratificar las leyes secundarias de la “nueva” reforma educativa, sin cambiar nada de lo aprobado por la Cámara de Diputados.

         Como lo hicieron antes en San Lázaro, los militantes de la Coordinadora instalaron un campamento en torno al edificio del Senado, pero la diferencia en este caso fue que permitieron el libre ingreso y salida del edificio.

         También, como ocurrió con los diputados, una comisión de los maestros disidentes fue recibida, en privado, por el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), en este caso el zacatecano Ricardo Monreal, quien posteriormente confirmó que por la tarde de ayer sesionaría la comisión de Educación.

         El presidente de ese grupo de trabajo, Rubén Rocha, de MORENA, anticipó que se podría aprobar la minuta ayer mismo, para entregarla hoy, miércoles, a la JUCOPO y dejarla lista para que sea votada por el pleno en la siguiente sesión, el jueves.

         A su vez, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, advirtió que no pueden avalar un retroceso como el que plantean las leyes aprobadas en la Cámara de Diputados y turnadas al Senado. “Es un pago de facturas” del presidente Andrés Manuel López Obrador a la CNTE, sostuvo la senadora Josefina Vázquez Mota.

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         Por su parte, el dirigente de la Sección 22, de Oaxaca, Eloy López Hernández, reiteró que no van a cerrar accesos ni interferir, pero por mandato de sus bases, la CNTE mantendrá el plantón fuera de las instalaciones del Senado, mientras se dictamina la minuta.

         De cualquier forma, tal vez para no perder la práctica, las huestes de la Coordinadora realizaron un bloqueo en la Avenida Universidad, en la colonia Xoco, de la alcaldía Benito Juárez.

         No una, tres solicitudes de desaparecer poderes.

         En México los gobernadores de los estados son seres que casi todo lo pueden y sólo ceden ante la figura presidencial.

         Por eso, antes, cuando un mandatario se excedía o no era del agrado de la nueva administración federal, al presidente en turno (o su secretario de Gobernación) le bastaban unas llamadas telefónicas para exigir la “renuncia” e indicar al Congreso local quién debería ser el sucesor.

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         Eso se perdió con la alternancia. Como ya su carrera política no dependía de un jefe todopoderoso, los gobernadores adquirieron más fuerza, al grado de retar al Ejecutivo federal y hasta de ponerle condiciones.

         En la actualidad, la ola va de regreso y nadie osa contravenir las indicaciones salidas de Palacio Nacional.

         Pero eso no basta para hacer que todo funcione como lo desea “el señor”, que sólo puede estar unos días cada año en cada una de las entidades federativas.

         Aunque nada se mueve si las instrucciones no vienen “de arriba”, al parecer estamos en vías de que la tarea de enmendar a los malos funcionarios o de plano sustituirlos estará a cargo del Senado de la República.

            En realidad, esa Cámara ya tiene la facultad constitucional de “desaparecer” poderes, o sea destituir a los gobernadores y a sus equipos, pero sólo ha asumido tal resonsabilidad cuando al presidente de la República así le convenía.

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         Dos casos fueron relevantes. El de Guerrero en 1960-1951, cuando el titular del Ejecutivo Federal era Adolfo López Mateos y el gobernador el general Raúl Caballero Aburto, quien había sido impulsado por el anterior presidente, Adolfo Ruiz Cortines, y enfrentó un levantamiento popular por su comportamiento autoritario.

         El otro caso fue el de Hidalgo, en 1975, a finales del sexenio de Luis Echeverría Álvarez. El mandatario destituido fue Otoniel Miranda, quien en realidad fue víctima de un conflicto propiciado por su jefe político, el dirigente magisterial y anterior gobernador Manuel Sánchez Vite, quien tuvo la osadía de pretender arrebatarle al presidente de la República su facultad “metaconstitucional” de nombrar a su sucesor y a los candidatos a otros cargos de elección popular, entre ellos los gobernadores.

         Ahora se presenta tres casos, en los que se solicita la desaparición de poderes. Se trata de los gobiernos de Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz.

         Los primeros en recorrer ese camino fueron legisladores y dirigentes del PAN, que denuncian las fallas del gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez (MORENA), al que consideran responsable de la crisis de inseguridad, el creciente número de desapariciones y feminicidios, así como de enfrentamientos políticos como el que sostiene con el Fiscal General Jorge Winkler.

         Respondieron los senadores de MORENA, que a su vez, casi por las mismas razones, sobre todo la inseguridad, solicitaron la remoción de los mandatarios de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ambos militantes del PAN.

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         Lo que falta saber es si la acción de los senadores “morenos” tiene el respaldo de su jefe nato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene más poder personal que muchos de sus antecesores del antes todopoderoso PRI.

         Tal vez sean versiones interesadas, pero han circulado versiones en el sentido de que, en lo privado, el presidente López Obrador, ha expresado dudas acerca de la aparente incapacidad de su amigo veracruzano. Así que también falta conocer si está dispuesto a “sacrificar” a uno de sus allegados a cambio de preservar la buena fama de su gobierno.

         Por lo pronto, las solicitudes de desaparición de poderes ya están poder de las comisiones legislativas del Senado y ya se sabe que es posible que no se muevan ni una micra si no viene una indicación en contrario “de arriba”.

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