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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Muchos gritos, pero los castigos quedan pendientes

– Diputados y senadores de la Comisión Permanente de la Unión parecían dispuestos a aplicar sanciones realmente severas a los diputados de Baja California que violaron principios constitucionales para ampliar el periodo de gobierno del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, así como al Grupo México, culpable de daños al medio ambiente en diversas partes de la República.

         Pero sólo fue una sensación pasajera. Representantes de todos los partidos integraron un coro de censuras tanto a los diputados bajacalifornianos como a la empresa Metalúrgica de Cobre, filial del Grupo México, la empresa minera más grande de México y la tercera empresa productora de cobre más grande del mundo, que encabeza uno de los hombres más ricos e influyentes de nuestro país, Germán Larrea Mota Velasco.

         El senador Napoleón Gómez Urrutia, de MORENA, cabeza de una nueva central considerada el proyecto central del actual régimen para tener el control del movimiento obrero y que se autodefine perseguido por un sector empresarial encabezado por Grupo México, solicitó con anterioridad, por sus reiteradas afectaciones al medio ambiente (Pasta de Conchos y Río Sonora, por ejemplo), se cancelen las concesiones mineras a ese consorcio.

         En consecuencia, se esperaba que la Permanente propusiera una sanción igual o más severa. Pero no fue así.

         Lo que se aprobó fue un texto poco contundente que dice:      

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         “La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y facultades, de forma urgente, atiendan el caso del derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, situado en Guaymas, Sonora, y realicen estudios que descarten riesgos a la salud humana y a los ecosistemas de la zona afectada, así como estudios tendientes a determinar la causa, el debido deslinde de responsabilidades, la aplicación de sanciones y el resarcimiento del daño.

         “Segundo.- La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que a través de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria intervenga e investigue los alcances y responsabilidades de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, Sonora, en el caso del derrame del ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, por parte del Grupo México.

         “Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de Guaymas, Sonora, y a la Administración Portuaria Integral de Guaymas, Sonora, que informen los resultados de la investigación y las acciones realizadas para sancionar a los responsables, así como las acciones conducentes para el rescate de esas zonas afectadas.

         “Cuarto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que se continúe dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la población afectada a causa de los daños provocados por Grupo México por el derrame tóxico, del 6 de agosto del 2014, en los Ríos Sonora y Bacanuchi, en el estado de Sonora, y que remita a esta soberanía un informe detallado sobre los recursos erogados a través del Fideicomiso denominado Río Sonora.

         “Quinto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la Fiscalía General de la República que, en su caso, realice las investigaciones correspondientes que permitan deslindar la responsabilidad penal por la posible comisión de hechos ilícitos con motivo del derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, por la Empresa Metalúrgica de Cobre, S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo México”.

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         Si lo anterior no resulta cotundente, menos lo es el acuerdo relativo al “albazo” legislativo en Baja California. Al respecto se aprobó la siguiente declaración:

         “Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, como garante del federalismo y la representación de las entidades federativas en defensa del orden constitucional, se manifiesta en contra de la aprobación del decreto número 112 de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado el 8 de julio de 2019, mediante el cual se pretende ampliar el período del ejercicio del Ejecutivo Estatal a partir del 1 de noviembre de 2019, hasta el 31 de octubre de 2024.

         “Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso y a los ayuntamientos del estado de Baja California a dejar sin efecto el  decreto número 112 de reformas a la Constitución Política del Estado libre y soberano de Baja California, aprobado el 8 de julio de 2019 y, en consecuencia, realice las acciones correspondientes, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del estado libre y soberano de Baja California, para garantizar el orden constitucional y el respeto al pacto federal”.

         Esta posición de pedirle a los diputados de Baja California que “reconsideren” su decisión fue confirmada por el diputado Raúl Bonifaz Moedano, de MORENA.

         En vez de hablar de sanciones o, como lo propusieron legisladores de otros partidos, de iniciar un juicio político contra los legisladores bajacalifornianos, el representante del partido en el gobierno exhortó al Gobierno de Baja California y a los ayuntamientos a dejar sin efecto la reforma a la Constitución local y dijo confiar en que los diputados de Baja California desistan de publicar la reforma que ellos aprobaron, con lo cual no entraría en vigor.

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         Plan contra presiones de Trump

         Conforme a su expresada inconformidad con el sometimiento de México ante las presiones de los Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, planteó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un plan para contrarrestar la agresiva política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en materia de rechazo a los migrantes.

         El legislador propuso aprovechar la existencia de 179 “ciudades santuario” en los Estados Unidos, en donde las autoridades locales no colaboran con el la policía antimigración (ICE en inglés), a las cuales se pueden agregar 50 consulados permanentes y otros 150 móviles que mantiene el gobierno de México en territorio de la Unión Americana, para defender los derechos de los migrantes.

         Para calmar los temores de quienes, dentro del gobierno federal, temen “ofender” a la administración de Trump, Muñoz Ledo precisó que esta acción en defensa de los migrantes no implica inmiscuirse en la política interior de los Estados Unidos, pues sólo se recurrirá a los usos y a las leyes de la vecina nación.

         También señaló que la amenaza de Trump de aplicar aranceles a los productos mexicanos es sólo un recurso en caso de que no se acepten sus condiciones en materia migratoria, pero que México no debe ceder o, en todo caso, aplicar aranceles a las mercancías de los Estados Unidos, en particular a la importación de armas, que tiene un valor de miles de millones de pesos.

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         De paso, Muñoz Ledo, no dejó de censurar a las autoridades nacionales por el cambio en el trato a los migrantes que cruzan nuestro territorio. Dijo que han aumentado, “a escondidas”, las deportaciones hasta en un 67 por ciento respecto de lo que sucedía hace un año.

         La propuesta de Muñoz Ledo quedó pendiente de solución, pues por acuerdo del presidente de la Permanente y del Senado, Martí Batres, el asunto fue turnado a la directiva.

         MORENA, ave de paso

         En el primer debate entre aspirantes a la presidencia del PRI, el gobernador de Campeche con licencia Alejandro Moreno Cárdenas repitió lo que dijo en su discurso al recibir su registro oficial: MORENA es un ave de paso,nació ayer, gobierna hoy y mañana se irá”.

         Moreno Cárdenas fue el principal objetivo en las críticas de las otras dos aspirantes, la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega y Lorena Pinón Rivera, quien se presentó luego de recuperar sus derechos como militante, después de haber sido expulsada, bajo el cargo de haber militado en el PAN.      

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         Los tres aspirantes se presentaron como auténticos representanes de las bases del partido y se declararon en contra de las decisiones cupulares.

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