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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Muchas denuncias por el espionaje, pero nadie es llevado ante un juez

A raíz del redescubrimiento del espionaje patrocinado desde el gobierno federal con el software Pegasus, todos los días, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se regodea al dar a conocer nuevos datos acerca de esas irregularidades, que por lo menos involucran dos delitos: uno violación de los derechos fundamentales de cientos, tal vez miles de personas en nuestro país y, segundo, el ilegal desvío de recursos públicos.

         Se trata de delitos perfectamente tipificados y, por lo mismo, si se tienen las pruebas acerca de las irregularidades cometidas, aparentemente durante los gobiernos de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña, surge de inmediato una pregunta: ¿por qué no se conoce ninguna denuncia?

         Con esas informaciones era suficiente para que la otras veces implacable y “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR) hubiera consignado, o por lo menos – como se dice ahora – abierto una carpeta de investigación para establecer posibles responsables de las ilegalidades.

         Pero no ocurre así. Lo cual lleva a otra interrogante: ¿están esperando al resultado de la tan pregonada “consulta popular” para recibir la autorización para proceder penalmente contra los ex funcionarios responsables?

         En este terreno, cualquier estudiante de derecho, por lo no decir que un abogado con experiencia, contestaría con un principio que se ha repetido hasta el cansancio desde que se anunció esa “consulta” y se presentó como una forma de pedir la anuencia del pueblo para juzgar a ex presidentes de la República: “la aplicación de la ley no se consulta”.

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         Esto obliga especialmente a los gobernantes. Si algún funcionario público conoce alguna ilegalidad debe reportarla a la autoridad correspondientes, pues de otra forma incurre en encubrimiento.

         En consecuencia, estamos en espera de que esas autoridades tan implacables anuncien que ya solicitaron órdenes de aprehensión en contra de los posibles culpables, incluido uno o dos ex presidentes de la República, quienes de acuerdo con la Constitución (artículo 108) “durante el tiempo de su encargo, sólo podrá(n) ser acusado(s) por traición a la patria y delitos graves del orden común”, pero al término de su mandato están en la misma situación que cualquier ciudadano.

         Vale insistir, los presidentes de la República no están al margen de la aplicación de la ley. Inclusive en funciones pueden ser llevados juicio si se les prueban “delitos graves del orden común” y sin duda caben en esa clasificación las violaciones a los derechos humanos, como la grabación de conversaciones privadas sin autorización de un juez y, obviamente, el desvío de recursos públicos para beneficio personal o de allegados.

         En consecuencia, a pesar de la insistencia del presidente López Obrador y de su partido, MORENA, la tan pregonada – y previsiblemente desairada – “consulta popular” sale sobrando y representa un gasto inútil. Si el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, de verdad quiere castigar a ex funcionarios, incluidos ex mandatarios, sólo tiene que aplicar la ley.

         Con esos aliados, para qué quieres enemigos. 

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         Esta sentencia aplica en la actualidad para MORENA, que se esfuerza por sacar adelante un acuerdo en el Congreso para convocar a periodos extraordinarios de sesiones de las cámaras de Diputados y Senadores para dar salida a asuntos pendientes como el desafuero de dos diputados y un funcionario estatal, así como nombramientos de funcionarios públicos y sobre todo la necesidad de ampliar el plazo para que las empresas de outsorsing o subcontratación se pongan al corriente, conforme a la nueva ley en la materia. Pero además de objeciones de la oposición, ha visto obstaculizado ese camino por su “aliado”, el PT y hasta por algunos que se dicen militantes del partido oficial.

         Esto se debe a que el PT se opone al desafuero de su diputado Mauricio Toledo, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía Genera de la Ciudad de México y la sección instructora de la Cámara de Diputados determinó que procede el desafuero, pero para que sea efectivo se requiere de la votación de pleno de la Cámara de Diputados y, en esta situación particular, se debe convocar a un periodo extraordinario.

         El problema es que MORENA y sus aliados fieles no han logrado reunir en la Comisión Permanente el mínimo de votos necesario para llamar a las cámaras.

         En la sesión de la Permanente de pasado martes MORENA quedó a cuatro puntos de lograr la mayoría calificada necesaria, pues con una asistencia de 35 legisladores,  se necesitaban era de 24 votos a favor. Pero esta vez, su aliado del PT esta vez no lo secundó, por defender a Toledo y, lo peor, dos “morenas”, las senadoras Bertha Caraveo y Margarita Valdez, se abstuvieron. En cambio, los senadores del PAN, Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez, votaron favor, bajo el argumento de que no puede permitirse la impunidad de los diputados Huerta y Toledo, pero ni así se alcanzó la necesaria mayoría calificada.

         Parecía que con eso quedaba sepultada la posibilidad del extraordinario para este mes, necesaria para evitar que gran parte de las empresas de subcontratación queden en falta porque no ha habido tiempo para que puedan cumplir con la ley.

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         En principio parecía un asunto totalmente desechado, pero los partidarios de buscar una solución negociada abrieron un resquicio, al lograr que el dictamen fuera devuelto a comisiones en vez de desecharlo por completo.

         Esta bando partidario de buscar acuerdos lo encabeza el coordinador de los senadores de MORENA y presidente de la Junta de Coordinación Política de su Cámara, Ricardo Monreal, logró ayer un nuevo cambio al conseguir que la siguiente sesión de la Permanente que, en principio, se había programado para la semana venidera, ya en agosto, se cambiara para hoy, jueves 29 de abril, con dos días para modificar el artículo transitorio de la ley sobre subcontratación que pone como fecha límite el último día de julio para cumplir con el registro de sus datos ante las autoridades laborales.

         En efecto ayer se publicó la nueva convocatoria, firmada por el presidente del Senado y de la Permanente, Eduardo Ramírez de Aguilar, para iniciar labores a las 13 horas.

         Es de suponer que Monreal ya concretó el acuerdo para ampliar el plazo a las empresas de subcontratación. De hecho nadie se opone a conceder más tiempo a las empresas afectadas. Las diferencias están en que los legisladores de MORENA – claro, con el beneplácito  del gobierno federal – quieren pasar la fecha fatal al último día de agosto, mientras que la bancada del PAN, más realista al juzgar las capacidades de la burocracia nacional, recomienda que de plano la prórroga se corra hasta el final del presente año.

         En su afán de evitar conflictos, Monreal se  ha negado a condenar la actuación de sus “aliados”

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         “No hay ningún reclamo a nadie, ellos asumieron su posición y nosotros la respetamos”, dijo el coordinador de los senadores “morenos” en referencia al PT que impidió reunir la mayoría calificada para convocar al extraordinario.

         Monreal aseguró que el PT sigue siendo aliado en el Senado de la República. “Han caminado siempre con nosotros, por eso no tengo ninguna declaración en contra de ellos, los respetamos y ellos hicieron lo que consideraron conveniente”.

         También evitó censurar a la oposición. Dijo que respeta su posición y su estrategia. “Lo que lamento es que al incluir los asuntos y al darles el mismo tratamiento, se deja en un problema serio a las empresas de México” en caso de que no se pueda modificar los transitorios de la ley laboral en materia de outsourcing, de subcontratación, indicó.

         El coordinador de MORENA expuso asimismo que la consecuencia jurídica de no aprobarse el Extraordinario es que en la ley en materia de outsourcing quedan los plazos firmes que la reforma dispone. Hasta el día 1º de agosto las empresas deben de registrarse en la Secretaría de Trabajo para darse de alta en el Seguro Social, en el SAT e iniciar sus obligaciones fiscales y en otras dependencias.

         Otro asunto pendiente es el de las adecuaciones a la ley para la consulta de renovación del mandato, que desean tratar también algunos legisladores de la llamada Cuarta Transformación, pero que es rechazado por la oposición, pues considera que ese tema no es urgente y sólo sirve para alimentar la permanente campaña política del presidente López Obrador.

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