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 A casi un mes de que el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin regresó a México, extraditado por el gobierno de España, su caso no deja de ser un espectáculo mediático que sólo sirve para “espantar” a otros ex funcionarios, pues hasta ahora nadie ha sido consignado ante un juez, ni siquiera el mismo personaje central de este espectáculo, quien primero fue internado en un hospital particular y luego pudo ir a su propio domicilio.

         La única comparecencia de Lozoya Austin ante el juez encargado de su causa fue virtual, así como la firma que está obligado a registrar en el libro de procesados.

         Mientras tanto, la lista de los posibles involucrados en actos de corrupción aumenta día con día, pero sin que ninguno de los presuntos delincuentes sea consignado formalmente ante un juez penal.

         Los juicios se dirimen en los medios de comunicación. Filtraciones supuestamente provenientes de oficinas gubernamentales o de la Fiscalía General de la República unos días acusan a algunos personajes y luego se rectica y se dice que siempre no.

         Un caso sobresaliente es el del ex secretario de Gobernación y ahora coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong.

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         Un día aparecen versiones que lo involucran en acciones irregulares y se asegura que el “mastín” del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el resentido – lo cesaron en el gobierno anterior cuando iniciaba averiguaciones de las irregularidades atribuidas a Lozoya Austin – titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, está a punto de consignarlo, pero esto nunca se confirma. En cambio surgen nuevas versiones en el sentido de que hay órdenes de aprehensión contra casi una veintena de ex funcionarios vinculados al que fuera poderoso funcionario, pues en Gobernación reunía las funciones propias además de las que ahora están a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

         La lista de presuntos responsables de corrupción supuestamente incluye a políticos de partidos actualmente de oposición que en el anterior gobierno se presume que recibieron dinero a cambio de votar a favor de reformas que interesaban centralmente al gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, quien casualmente aparece de tanto en tanto en las listas de los investigados por las actuales autoridades.

         Otro destacado miembro de la anterior administración federal, el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso aparece centralmente en las acusaciones, pues supuestamente fue quien ordenó a Lozoya realizar los actos de desvío de recursos oficiales o de recibir el producto de sobornos.

         La principal amenaza consiste en la supuesta existencia de 15 horas de grabaciones realizadas por el propio Lozoya al entregar dinero a los que recibieron sus “bonos”.

         Todo lo anterior, vale insistir, aparece en versios periodísticas, pero hasta ahora no se conoce alguna denuncia formal.

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         El otro extremo de la balanza. 

         La tradición dice que la figura femenina que representa a la justicia sostiene una balanza con dos platillos.

         Por eso no se puede olvidar que en el tema de la lucha contra la corrupción de ex funcionarios, en el otro platillo está la ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano Rosario Robles Berlanga, única detenida de una trama que presuntamente involucró a decenas de funcionarios públicos, rectores de universidades y directivos de empresas privadas supuestamente involucradas en una trama de grandes dimensiones bautizada como “la estafa maestra”.

         Con todo y que se le involucra en una conspiración de grandes dimensiones, Robles Berlanga sólo fue acusada de delitos que no imponen la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, la ex funcionaria fue recluida con el pretexto de que podría huir del país.

         La prueba que confirmaba la sospecha de que escaparía fue una licencia de manejo falsa, con una dirección distinta a la real de Robles.

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         En realidad, el factor decisivo para la reclusión de la ex secretaria fue que su caso se consignó en primer término al juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien resultó sobrino de la diputada ahora de MORENA Dolores Padierna Luna, casualmente esposa de René Bejarano Martínez que fue cercano colaborador del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en gobierno del entonces Distrito Federal, cuya carrera pública casi terminó cuando apareció en un video donde recibe grandes cantidades de dinero en efectivo de parte del empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada Kurtz.

         El aparente corruptor tuvo relación sentimental con Robles Berlanga y obviamente de parte de la familia Bejarano-Padierna se le consideró parte de la conspiración para exhibir a René y acabar con su carrera política, por entonces dentro del PRD, partido del cual Rosario Robles estuvo a punto de ser candidata presidencial.

         Luego de cumplir casi un año de cárcel, la situación de Robles podría cambiar y, como Lozoya Austin, recibir el beneficio de la reclusión domiciliaria que tanto han reclamado sus abogados.

         Esto porque la juez cuarta de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, María Dolores Núñez Solorio, admitió la solicitud de amparo presentado por los asesores legales de Robles Berlanga, petición rechazada en tres oportunidades.

         La defensa de la ex secretaria comentó que “es un paso importante”, pues la juez deberá resolver si admite el amparo de manera directa para modificar la prisión preventiva o si le pide al juez de control reponer la audiencia para determinar si se le mantiene en prisión.

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         También de acuerdo con las estimaciones de la defensa, la decisión definitiva de conceder a Robles la reclusión domiciliaria tardará alrededor de dos meses.

         Continúa la lucha por la presidencia de MORENA. 

         “No voy a permitir que se impongan por dedazo dirigencias espurias, ilegales e ilegítimas en el país y por ello habrá que ir a tope para que la Nomenclatura de Morena aprenda a respetar las leyes, las instituciones y la voluntad democrática del pueblo de México”.

         Lo anterior fue expresado por Alejandro Rojas Díaz-Durán, el pre candidato incómodo a la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el partido fundado por el ahora presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

         Con el propósito declarado de no repetir malas costumbres de los anteriores gobiernos, a los que responsabiliza de todos los males del país, el primer mandatario procura no interferir en la vida interna de su partido, pero esa actitud por sí sola no soluciona todos los problemas, como se aprecia por la continuada y hasta ahora no definida lucha por la presidencia del partido y, en consecuencia, la posibilidad de decidir acerca de la nominación de miles de candidatos para los cargos que estarán en disputa en las elecciones del año venidero.

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         En términos generales, el partido está dividido en dos sectores que en términos generales están conformados por quienes siempre han militado en organizaciones de izquerda y los que han llegado de otras organizaciones. Pero esta clasificación no es definitiva, pues por ejemplo en el primer sector están enfrentados los seguidores de la ex presidenta interina Reidckol Polevnsky y los simpatizantes de Bertha Luján, entre los cuales se ubica al actual presidente provisional Alfonso Ramírez Cuéllar.

         Rojas Díaz Durán, originalmente priista que luego militó en el desaparecido Partido del Centro Democrático (PCD) y en el PRD milita entre los que pretenden democratizar la vida interna de su partido y, como prueba, pretende que la nueva dirigencia del partido se decida mediante conforme a las disposiciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), con una encuesta abierta, mientras que sus contedientes rechazan “injerencias externas” y desean que sólo voten los afiliados, a pesar de que el padrón del partido no es confiable.

         En esa lucha, mediante comunicado, Rojas explicó que ha acudido al Tribunal Electoral no por gusto, sino por necesidad y porque la minoría radical golpista no ha dejado otra opción, debido a que han insistido en violar los derechos políticos y partidistas de millones de lopezobradoristas durante los últimos dos años. En consecuencia, volvió a pedir aplicar tres encuestas abiertas a los 30 millones de mexicanos que votaron por López Obrador.

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