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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Los senadores derribaron impuestos aprobados por los diputados

– Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo.

         Citar esa vieja expresión popular resulta obligado luego de lo sucedido en el Senado, donde legisladores de MORENA rechazaron cambios impuestos por los diputados, también de MORENA, en la Ley de Ingresos 2020.

         Esto, además de representar una novedad, plantea un posible enfrentamiento de las cámaras del Congreso (¿de la Unión?), pues ayer mismo, diputados de MORENA pidieron a los senadores no introducir cambios a la Ley de Ingresos que ellos aprobaron de madrugada el pasado fin de semana.

         Por el Congreso han pasado reformas tan importantes como la creación de la Guardia Nacional, una nueva reforma educativa y las leyes que castigan a quienes trafican con facturas falsas. En todas esas, y otras más, se han producido intensos y prolongados debates, los senadores y diputados de oposición han presentado argumentos de todo tipo, pero por más razonables que parecen sus alegatos, invariablemente han sido rechazados por la abrumadora mayoría de MORENA y sus aliados del PT y PES, así como ocasionalmente del PVEM, que se ha subido al carro de la victoria.

         Con frecuencia, los debates se han prolongado hasta las madrugadas, pero ni el cansancio vence a la mayoría afiliada a la llamada Cuarta Transformación. Una tras otra, las inconformidades de la oposición son desechadas, en ocasiones sin que la “aplanadora” acepte al menos debatirlas.

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         Pero ayer, algo ocurrió.

         Desde el inicio hubo cambios y se aventuraba que esas variantes quedarían plasmadas en las numerosas normas y disposiciones que integran lo que genéricamente se conoce como Ley de Ingresos que, a su vez, es la base para definir el presupuesto federal para el año venidero, sobre todo ahora que el actual gobierno federal está decidido a mantener el principio de no caer en deudas, para lo cual no puede gastar más de lo que ingrese por la vía de impuestos, productos y servicios.

         Al llegar al Senado, resultaba fácil intuir que habría cambios. Por lo menos uno, para derogar el repudiado aumento a las cuotas que deben pagar los productores del campo para regar sus tierras. El impuesto derivaría en un encarecimiento general de los productos de primera necesidad y por eso recibió el repudio general, salvo de los diputados que lo aprobaron.

         Por eso, sobre los escaños de los senadores aparecieron cartulinas que evidenciaban el repudio al aumento de esas cuotas. En los sitios de los senadores “morenos” los carteles rechazaban la acusación de que ellos están contra los agricultores y los de oposición expresaban su desacuerdo con el aumento.

         Pero no fue todo. En total, los senadores determinaron introducir nueve modificaciones a la Ley de Ingresos, entre los cuales está un artículo transitorio que proponía regularizar los llamados “autos chocolate”, que entraron ya usados a territorio nacional, que provocaron un proceso de “chatarrización” y, sobre todo, afectan a la industria automotriz, que no se puede considerar totalmente nacional, pero da de comer a decenas de miles de familias de todo el país.

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         También se modificó la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el apartado donde se pretendía gravar a plataformas digitales, y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo relativo a los convenios especiales para el pago de cuotas.

         Dos senadores de Quintana Roo, Freyda Marybel Villegas Canché (MORENA) y Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN) escenificaron una inesperada unión de esfuerzos para oponerse a un aumento a los derechos que deben pagar los visitantes extranjeros, pues eso podría afectar seriamente la economía de la región sur de su entidad, que se beneficia del ingreso de ciudadanos de Belice que llegan a Chetumal y otras poblaciones para disfrutar de sus servicios y comprar productos nacionales.

         En particular, vale destacar el caso de algunos beliceños que atraviesan la línea fronteriza para asistir a las salas de cine mexicanas. De acuerdo con el aumento aprobado por los diputados, pagarían alrededor de 900 pesos por cada cruce. O sea, para una sesión cinematográfica gastarían más de mil pesos ¿quién resiste eso?

         Ahora, conforme a los procedimientos legislativos, la iniciativa de la llamada Ley de Ingresos regresará a la Cámara de Diputados. Ya no se revisará todo, sólo los cambios aprobados por los senadores, pero como se aprecia son cuestiones muy sensibles.

         ¿Se atreverán los diputados a enmendar la plana a los senadores? En particular en el tema de las cuotas de agua para uso agrícola ¿se arriesgarán a que se confirme la acusación de que son enemigos de los agricultores?

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         Las razones de los diputados.

         Ante las evidencias de que vendrían cambios, diputados de MORENA pidieron a sus compañeros del Senado respaldar las reformas aprobaron la semana pasada en la Ley de Ingresos. Los vecinos de San Lázaro destacaron en su petición que el aumento de la recaudación serviría para garantizar fondos en materia de salud, educación y recursos para instituciones de educación superior.

         En particular, el secretario de la Comisión de Educación, Azael Santiago Chepi – de la bancada de la CNTE – propuso crear un fondo para universidades públicas, así como otorgar presupuesto a programas para el fortalecimiento de las normales, pues recordó que la reciente nueva reforma educativa establece la obligatoriedad de la educación superior.

         Durazo prepara su defensa para cuando comparezca ante el Senado.

          Cercado por críticas de todo tipo por el fallido y lamentable operativo para extraditar a uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán, Ovidio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, cambio su discurso y dijo que no renunciará a su cargo, luego de que anteriormente había dejado abierta la posibilidad de tendría que cambiar de empleo.

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         Dentro de este giro, se puede decir que prepara su defensa para cuando llegue el momento de comparecer ante los senadores, muchos de los cuales han recogido las versiones de que los lamentables sucesos de Culiacán fueron su responsabilidad, al grado que existe gran inconformidad entre los altos mandos de las fuerzas armadas.

         Durazo tomó a su favor el supuesto anuncio de que el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a colaborar para detener el contrabando de armas. El funcionario  aseguró que se “sellarán” las fronteras, zonas marítimas y espacio aéreo.

         Añadió que esta determinación resultó luego de analizar la capacidad de fuego del grupo criminal, tras los sucesos de Culiacán, donde se confirmó el uso de armas fabricadas para uso exclusivo del Ejército de EU.

         Obviamente, dijo Durazo, esas armas entraron mediante contrabando y, consecuentemente, el gobierno federal tiene como prioridad combatir esa actividad ilegal.

         En conferencia de prensa, acompañado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, así como por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval Hernández, y de la Marina Armada de México, Rafael Ojeda, Durazo Montaño insistió en que esta tarea será compartida entre los gobiernos de Estados Unidos y México.

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         Como indicamos al inicio de esta columna, resulta imposible olvidar las expresiones populares. En este caso, es infaltable el dicho: “tapan el pozo después del niño ahogado”.

         El contrabando de armas desde los Estados Unidos no es ninguna novedad. Se sabe desde hace mucho tiempo y se tiene la seguridad, también, de que el contrabando es posible por la complicidad de muchas autoridades, de todos los niveles.

         Como ejemplo de que se requiere de voluntad para detener el contrabando está la antigua anécdota de un alcalde de una ciudad fronteriza que tuvo la idea “genial” de ahorrar dinero al equipar con mejores armas a los policías municipales.

         Para lograrlo, negoció la compra de armas “de segunda mano” al otro lado, pero pronto se encontró que para introducir el equipo a territorio mexicano se necesitaba una autorización de la Secretaría de la Defensa, proceso que era tardado, además de que nuestras fuerzas armadas se negaban a autorizar armamento usado. Entonces, como se hacen muchas operaciones en las ciudades fronterizas, el alcalde ordenó un “cajuelazo”, es decir, pasar las armas ocultas en un vehículo, con la complicidad de los agentes aduanales.

         Esto se sabe, obviamente, porque los aduaneros se negaron a coludirse y detuvieron las armas compradas como “ganga”.

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