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Camara de Diputados

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Los que roban combustibles ¿delincuentes o víctimas?

Otra vez, contradicciones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de sus principales colaboradores. Esta vez, el asunto central es el “huachicoleo” o robo de combustibles.

Las diferencias de opinión se dan entre el primer mandatario y el nuevo y flamante Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Los allegados a uno y otro dirán que el flamante fiscal, apenas designado por el Senado a finales de la semana anterior, no se puede considerar colaborador del Jefe del Ejecutivo pues su nombramiento deriva de leyes creadas para asegurar que la Fiscalía General de la República sea un ente autónomo, ajeno a la influencia del presidente de la República.

Del otro lado son de tenerse en cuenta las advertencias de expertos y de legisladores de oposición en el sentido de que las bancadas mayoritarias de MORENA en las dos cámaras del Congreso de la Unión reformaron las iniciativas originales tendientes a crear la Fiscalía General de manera que el Presidente de la República mantenga la capacidad de influir en su nombramiento y remoción, lo cual, obviamente, puede influir en que el fiscal tenga menor capacidad de decisión.

A todo lo anterior se debe agregar que, a pesar de la amplia lista de aspirantes a la Fiscalía General (27), a final de cuentas, quedó sólo una terna integrada por quienes son considerados los más cercanos al presidente de la República y, finalmente, fue “elegido” por los legisladores Alejandro Gertz Manero, quien ya había sido nombrado encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), la institución antecedente de la Fiscalía General. Así ocurrió el repudiado “pase automático” tan combatido por los ahora “morenos” cuando, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el partido oficial pretendió que el entonces titular de la PGR, Raúl Cervantes, fuera elegido primer Fiscal General.

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Todo este antecedente es necesario porque el referido Gertz Manero ha señalado que, para combatir el delito del robo de combustible, es necesario aplicar el proceso de extinción de dominio.

Esto significa que los presuntos responsables de ese delito tienen capacidad económica y por eso poseen bienes que pueden ser confiscados.

Pero, del otro lado, sobre todo en redes sociales, han circulado versiones en el sentido de que los deudos de las víctimas de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo (hasta anoche se contabilizaban 85 muertos) exigirán indemnización de gobierno. El presidente López Obrador ofreció que esas personas recibirán ayuda, aunque no precisó en qué consistirá.

López Obrador manifestó que “no existe una orden sino que es una política” de su gobierno que los elementos de seguridad no actúen en contra de aquellos pobladores que “se ven obligados a cometer ilícitos”.

En resumen, los acusados de robo de combustibles, ¿deben de ser tratados como delincuentes que deben recibir un castigo o como marginados sociales que necesitan la asistencia social?

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La Cosecha

En el curso de la presente semana deberá avanzar el proceso para avanzar en la aprobación de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional.

En principio, la Cámara de Diputados dio su aval para dar origen a ese cuerpo de seguridad, pero como es ampliamente conocido, el presidente López Obrador se manifestó descontento porque se eliminó un artículo transitorio en el cual se justificaba que, en tanto no estuviera, debidamente integrada la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina podrían continuar en labores policíacas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que su Cámara corregirá la “falla” que originó el disgusto presidencial, lo cual debe ocurrir en el curso de la presente semana, pues de otra manera esta iniciativa tendrá que esperar al ya cercano periodo ordinario de sesiones, que deberá iniciarse en el inminente mes de febrero.

Otro tema conflictivo que deberá ser tramitado en el curso de la presente semana es la elección del gobernador interino de Puebla, que será encargado de conducir el proceso de elecciones extraordinarias para elegir el sucesor de Marta Erika Alonso, quien murió al desplomarse el helicóptero en el que viajaba con su esposo, el coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle, y otras personas.

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La dirigencia nacional del PAN, encabezada por Marko Cortés Mendoza dio a conocer su respaldo para que sea nombrado gobernador interino r el actual encargado del despacho en Puebla, Jesús Rodríguez Almeida.

El dirigente nacional panista aseguró que tienen el respaldo de los partidos nacionales PRD y MC, así como los locales Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, que también postularon a Martha Erika Alonso. Destacó que Rodríguez Almeida no milita en ningún partido político, tiene experiencia y capacidad probada, así como buen trato con las diferentes expresiones partidistas.

En tanto, en comisiones, los diputados poblanos aprobaron una terna para elegir gobernador interino, integrada por el referido Rodríguez Almeida, así como por Guillermo Pacheco Pulido y Gerardo Islas Maldonado. Para que alguno sea nombrado gobernador interino deberá alcanzar al menos dos tercios de los votos de los diputados locales.

Pacheco Pulido, viejo político formado en el PRI ha aspirado largamente a ser gobernador de Puebla y actualmente es considerado por haber sido presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, mientras que Islas Maldonado es diputado local del PANAL, con licencia.

 

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