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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Los partidos se niegan a perder prerrogativas

“Hagase la austeridad en las mulas de mi compadre”.

         Esta adecuación del viejo dicho popular viene al caso porque los partidos políticos demostraron que están de acuerdo con reducir gastos de la administración pública federal, pero siempre que no se recorte el financiamiento público que les corresponde.

         La mera posibilidad de que disminuyan las prerrogativas que reciben anualmente los partidos provocó inclusive que se rompiera la alianza que se presumía indestructible entre MORENA y su aliado electoral el PT.

         Como antecedente se debe tener en cuenta que en agosto anterior, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el financiamiento público para los siete partidos con registro oficial deberá ser el año venidero de 5,239 millones de pesos, cantidad que fue incluida en el proyecto presupuesto federal que actualmente se revisa en la Cámara de Diputados. De esa cantidad, la mayor parte, 1,700 millones de pesos corresponderían a MORENA, debido al gran avance que ha registrado en las elecciones federales.

         No obstante, dentro de las filas de MORENA, con consecuencia de su pregonada política de austeridad republicana, ya se habían registrado manifestaciones a favor de reducir el financiamiento a los partidos, tendencia que confirmó recientemente el coordinador de sus diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Mario Delgado.

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         Pero en esta ocasión de las palabras se pasó a los hechos y en la Comisión de Puntos Constitucionales se presentó y aprobó por escaso margen una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Constitución para reducir a la mitad el financiamiento de los partidos políticos.

         La propuesta se aprobó con 17 votos a favor, aportados por lefisladores de MORENA y su aliado el PES, contra 14 votos del PAN, PRI, PT, MC, PVEM y PRD

         En este debate volvió a quedar de manifiesto la extraña condición del PES, partido que perdió el registro oficial por no alcanzar el mínimo del tres por ciento de la votación general en las elecciones federales de 2018. Sin embargo, ese instituto político ganó diputaciones de mayoría y de representación proporcional que le permitieron formar una bancada propia en la Cámara de Diputados y por tanto influir en la modificación de las leyes.

         Para que la situación sea más complicada, integrantes de la bancada del PES advirtieron que si bien votaron en comisiones a favor  cuando la reforma constitucional, cuando se presente a debate ante el pleno presentarán reservas, para evitar se elimine la mitad del financiamiento.

         Otros eventuales aliados de MORENA, el PT, MC y PVEM votaron en contra, debido a que la merma en el financiamiento público los dejaría en difícil condición financiera.

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         De mantenerse estas posiciones, si no hay nuevas negociaciones para llegar a un acuerdo de aceptación general, resultará muy difícil que prospere la reforma constitucional. Otras modificaciones semejantes han sido posibles porque MORENA recibió el respaldo de sus aliados y así superó al llamado bloque opositor, integrado por los legisladores de PAN, PRI, PRD y MC.

         De cualquier forma, en el terreno político, MORENA ya superó a los partidos opositores, porque podrá presumir que propuso ahorrar dinero a los contribuyentes al reducir el financiamiento a los partidos y que si no se aceptó fue por la negativa de las otras bancadas. Y, en el eventual caso de que se apruebe recortar las asignaciones a los partidos, de cualquier forma, MORENA será el que reciba más recursos.

         Diputados aprobaron aumentar los delitos por los que se puede juzgar al presidente de la República.

         Aunque se insiste en presentar como una forma de eliminar el fuero del presidente de la República, en realidad los diputados aprobaron ayer reducir la inmunidad procesal del titular del Ejecutivo Federal.

         En efecto, el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó modificar los artículos 108 y 111 para que el presidente pueda ser juzgado, además de traición a la patria, por actos de corrupción, delitos electorales y los contenidos en el catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.

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         Entre estos últimos, incluidos en el artículo 19 de la Carta Magna, destacan el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada y los determine la ley en contra de la seguridad de la nación.

         El dictamen precisa que, para proceder penalmente contra el presidente de la República, deberá de presentarse acusación ante el Senado de la República y esta Cámara resolverá con base en la legislación penal aplicable.

         Esta reforma no entrará en vigor de inmediato, pues falta que la ratique el Senado y luego la mitad más uno de los congresos de los estados.

         Los grupos parlamentarios de oposición reconocieron que la ampliación del catálogo de delitos imputables al Presidente de la República en funciones representa un avance importante, sin que ello signifique eliminar la inmunidad procesal del Ejecutivo.

         Dificultades para los principales destinos turíticos de México.

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         Debido a la falta de recursos para la promoción turística internacional, los principales destinos turístico de México enfrentan dificultades, expuso el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, al participar en el Encuentro del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), en la Ciudad de México.

         El mandatario destacó que esta situación ha implicado realizar esfuerzos locales extraordinarios para generar acciones propias de promoción, que permitan ser competitivos.

         Destacó que Quintana Roo sigue siendo atractiva para captar la inversión extranjera y nacional en proyectos sustentables en el sector turístico, lo que le ha permitido mantenerse al frente en la generación de empleos, que se traducen en oportunidades para el desarrollo de los quintanarroenses.

         El CNET presentó el Panorama de la Actividad Turística en México, donde se da cuenta de un escenario que anticipa enfrentar retos extraordinarios para la actividad, pues de mantenerse las tendencias no se puede descartar que, en el corto plazo, se produzcan resultados negativos en buena parte de los indicadores.

         Por lo mismo, en el encuentro se reiteró la urgencia de reforzar acciones para el fortalecimiento de la industria. En particular, se recomendó hacer un respetuoso llamado al gobierno federal para que encuentre los mecanismos que permitan contar con presupuestos públicos para la promoción turística del país, pues estas acciones se volverán críticas en los difíciles tiempos que se avizoran.

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         Miles de migrantes detenidos en México

         Aunque oficialmente se niega que México haya aceptado el papel de “Tercer País Seguro”, las cifras de inmigrantes detenidos en su intento por llegar a los Estados Unidos va en aumento.

         La organización Movimiento Ciudadano destacó que hasta septiembre de este año, al menos 150 mil migrantes que ingresaron a México de manera ilegal fueron detenidos e ingresados a estaciones migratorias, sin que exista un registro de sus detenciones y de la situación en que se encuentran.

         De acuerdo con un reporte hecho llegar al Senado, acerca de esos migrantes no existe un registro público y detallado que permita saber a sus familiares en sus países de origen en dónde están y cuál es su situación legal, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad y violación a sus derechos humanos.

         Por ello, el mencionado Movimiento Ciudadano solicitó a los senadores promover una iniciativa para exigir la creación de un registro público de los migrantes detenidos para salvaguardar justamente sus derechos humanos y diluir cualquier posibilidad de desaparición forzada.

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         Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se calcula que entre 400 mil  y 500 mil personas entran irregularmente por la frontera sur de México cada año y que, al menos la mitad de ellas, podría necesitar protección internacional.

         Muchas de estas personas proceden de El Salvador, Honduras y Guatemala, algunos de los países más peligrosos del mundo. Huyen a causa de las situaciones de violencia y falta de protección gubernamental en sus países, pero muchas veces son detenidas en territorio mexicano.

         El documento plantea reformar la Ley de Migración y crear el Registro de Detenciones de Personas Migrantes.

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