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Camara de Diputados

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: La tragedia de Iguala, a cargo de una comisión de la verdad

De forma casi unánime, los especialistas en temas criminales y de impartición de justicia sostienen que uno de los más graves errores del ex presidente Enrique Peña Nieto fue haber ordenado o aceptado que la Procuraduría General de la República “atrajera” el caso de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, sobre todo, porque los investigadores asignados no lograron ofrecer conclusiones que fueran universalmente consideradas aceptables.

A pesar de los antecedentes, en el primer día laborable de su mandato, el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para crear una comisión de la verdad para, ahora sí, más que nunca, ofrecer una solución que resulte creíble, si no para todos, al menos para la mayoría.

Es de esperar que alguien en el equipo del nuevo primer mandatario tenga la información o la capacidad para llegar al fondo del asunto y ofrecer una hipótesis generalmente aceptable acerca de cómo ocurrieron los hechos en Iguala y sus alrededores, pero que, además, incluya el castigo de los responsables, sin dar oportunidad de que, nuevamente, las averiguaciones se vengan abajo.

Con la creación de la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa empezamos a cumplir nuestra palabra y todo el gobierno ayudará a llegar a la verdad, pues ésta no debilita a las instituciones, las fortalece, además se trata de un asunto de Estado, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El primera mandatario aseguró no deberle nada a ningún grupo de interés, por lo cual manifestó confianza en que no existan obstáculos para lograr determinar lo que sucedió, ya que los responsables de la comisión tendrán amplias facultades.

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López Obrador ofreció respeto a la autonomía de la recién creada comisión, pero advirtió que su gobierno estará pendiente del proceso: «No nos vamos a lavar las manos. Este es un asunto de Estado».

Al respecto, vale insistir en los buenos deseos para que las nuevas averiguaciones tengan un desenlace positivo, pues hace unos cuantos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por Raúl González Pérez, recibió severas críticas – sobre todo de allegados a los padres de los jóvenes desaparecidos y supuestos simpatizantes del gobierno de López Obrador – porque a pesar de que descalificó una buena parte del trabajo realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) convalidó aunque sea parcialmente la tesis de que los jóvenes normalistas fueron asesinados y sus restos calcinados por una banda de delincuentes.

Los padres de los desaparecidos y quienes los respaldan rechazan definitivamente esa suposición y la consideran prácticamente una herejía, pues acusan al gobierno anterior de encubrir acciones ilegales de elementos del ejército, presumiblemente vinculados con bandas de narcotraficantes.

Allí es donde radica el mayor riesgo para el gobierno del presidente López Obrador, pues algunas de sus expresiones durante su larga campaña electoral se consideraron un demérito de las fuerzas armadas. La realidad, sin embargo, obligó al nuevo primer mandatario a decidir que necesita que las fuerzas armadas sigan vigilando las calles.

Las presuntas diferencias aparentemente se olvidaron en varias etapas, principalmente en el acto del domingo anterior, donde las fuerzas armadas ratificaron su total respeto a su jefe, el presidente de la República. Pero ese buen ánimo podría decaer si miembros del ejército son señalados como responsables de supuestos delitos cometidos al cumplir funciones de policías, que no son propias de su formación ni de sus objetivos.

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No obstante, acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el presidente López Obrador ofreció ante los padres de normalistas desparecidos y representantes de organizaciones de derechos humanos, que «no habrá impunidad ni en este caso tan triste y doloroso, ni en ningún otro».

La Cosecha

Como parte de las acciones para evitar mayores efectos negativos en la economía nacional por la decisión de no continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional (NAIM) el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MEXCAT) anunció que realizará una oferta pública de recompra en efectivo por una porción de los bonos internacionales y solicitará el consentimiento de los tenedores de los valores para hacer ciertas modificaciones a los convenios de emisión y otros documentos relacionados.

En información complementaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que el objetivo principal de la oferta de recompra y de la solicitud de consentimiento será proporcionar flexibilidad a MEXCAT, en el caso de que se presenten cambios por parte de la nueva administración. Señaló que actualmente el valor de las cuatro series en el mercado asciende a seis mil millones de dólares y explicó que la transacción es parte de un plan integral para atender los derechos contractuales de todas las partes interesadas.

Por desgracia, la agencia calificadora Moody’s informó que mantiene su revisión a la baja de la calificación (Baa3) de los bonos del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México (NAIM) del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MEXCAT). Fue el 29 de octubre pasado cuando la agencia cambió la nota de los bonos, a Baa3 desde Baa1,

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El pasado fin de semana se llevaron a cabo reuniones de trabajo en las que participaron el general Audomaro Martinez Zapata, titular de la Agencia de Inteligencia Nacional, el diputado Luis Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y el subsecretario de Turismo Humberto Hernández Hadad con los congresistas estadunidenses Michael McCaul, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional; Henry Cuellar, Vicente González y Brian Babin del estado de Texas, así como Jim Acosta y Juan Vargas de California y Mike Lee, senador por Utah.

Entre los temas que se analizaron están las acciones de cooperación en materia de seguridad, migración y las alertas que pueden afectar al turismo en nuestro país.

La Presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, nombró a Luis Antonio Godina Herrera Secretario de Finanzas y Administración, en relevo de Luis Vega Aguilar, a quien agradeció su “importante” aportación al partido.

Luis Antonio Godina Herrera ha sido diputado federal por Puebla, presidente del PRI y dirigente de la Fundación Colosio en ese estado, así como dirigente nacional de la Liga de Economistas Revolucionarios y del Foro Nacional de Profesionales y Técnicos de la CNOP.

En la administración pública ha sido encargado de la Dirección General del ISSSTE y Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE. También ha desempeñado diversos cargos en las secretarías de Energía, Programación y Presupuesto, y Comunicaciones y Transportes.

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Luego de proponer la “refundación” del PRD, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sostuvo que la figura de los superdelegados violenta la constitución y avasalla los gobiernos locales por lo cual interpondrá una controversia constitucional contra de esta figura de la nueva administración pública.

“No podemos retornar a la época del centralismo, avasallando a los gobiernos locales con figuras intermedias; apostemos al fortalecimiento de una República federada, construida por todas y todos a lo largo de la historia de esta gran nación”, escribió el gobernador en las redes sociales.

 

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