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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: La tortuosa ruta política de Manuel Bartlett

Cuando, en 1988, el dedo del presidente Miguel de la Madrid se inclinó hacia Carlos Salinas de Gortari, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, se sintió injustamente marginado, pero sólo muy pocos de sus cercanos escucharon sus palabras de reproche. En vez de eso, Bartlett asumió el costo político de la “caída del sistema”, el apagón informativo que, según la oposición, consolidó el fraude electoral que hizo posible el triunfo del entonces joven (apenas 40 años) ex titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Después, consolidado en el cargo de presidente de la República, Salinas de Gortari, hizo secretario de Educación a su ex compañero de Gabinete y más tarde lo respaldó para llegar al gobierno del estado de Puebla, a pesar de la oposición de muchos políticos de ese estado que alegaban que Bartlett poco tenía de poblano, pues su padre, Manuel Bartlett Bautista, fue gobernador de Tabasco de 1953 a 1955 y por conflictos políticos dejó el cargo, mientras que su madre, Isabel Díaz Castilla, era hija del poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón.

Con el paso del tiempo, Manuel Bartlett, que llegó a ser secretario general del PRI, se distanció de su partido, principalmente por desacuerdos con el derrotado ex candidato presidencial Roberto Madrazo, casualmente también de origen tabasqueño. Tanto fue su disgusto con Madrazo que en esas elecciones presidenciales Bartlett pidió a los priistas dar su voto útil a favor de otro político tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, postulado por el PRD, instituto político en parte surgido de divisiones dentro del PRI.

Doce años después (en el intermedio, de 2012 a 2018, Bartlett aceptó ser senador por el PT) el todavía presidente electo López Obrador, para sorpresa y hasta disgusto de algunos de sus simpatizantes, anunció que el ex gobernador poblano sería el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), organismo fundamental para su proyecto de frenar la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto, transformación repudiada por el actual primer mandatario por ser producto del largo periodo de dominio de los gobiernos neoliberales.

Ahora, a sus 82 años, Bartlett tuvo una compensación, tal vez no planeada, de los reveses sufridos en su larga trayectoria política al cumplir con la instrucción presidencial de dar a conocer los nombres de los ex funcionarios vinculados al sector eléctrico que por sus decisiones generaron que la CFE se debilitara – hoy produce la mitad de la energía que se consume en el país – pero aprovechan su experiencia y trabajan para empresas particulares.

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En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, acompañado del presidente López Obrador, el ahora director de CFE afirmó que diversos ex funcionarios han caído en un «absoluto conflicto de intereses» al favorecer a las empresas privadas.

Mencionó al ex presidente Salinas de Gortari, quien fue el promotor de que el sector energético se abriera a la participación privada; José María Córdoba Montoya, quien tiene participación en el negocio eléctrico, y Jesús Reyes Heroles González Garza, exsecretario de Energía y exdirector general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), quien participa en grandes empresa y consejos consultivos de energía.

Otros incluidos en la relación fueron el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Carlos Ruiz Sacristán, quien es presidente y director general de una empresa que tiene que ver con actividades de generación de electricidad; el también ex titular de la SCT y además ex secretario de Energía Luis Téllez Kuenzler, asesor en empresas extranjeras que proporcionan supuestamente servicios de energías limpias; Alfredo Elías Ayub, ex director de la CFE, quien es consejero independiente vinculado a empresas extranjeras; el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, que es consejero independiente de una empresa extranjera, y Georgina Kessel Martínez, ex secretaria de Energía, y ahora consejera y directora de otra empresa privada ligada al sector energético.

También incorporó a esta lista negra a otro ex secretario de Energía, en el sexenio de Felipe Calderón, Jordy Herrera Flores, consultor de energía que ha trabajado en diversas actividades de empresas de generación privadas, y Alejandro Fleming, quien ahora es miembro de Iberdrola México.

Por otra parte, Bartlett detalló que existen contratos “realmente leoninos” con empresas como Carso, IEnova y TransCanada a las que se les concesionaron siete gasoductos, cuyas obras están actualmente paralizadas, pero la CFE tiene que pagarles como si estuvieran trabajando.

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Dijo que se han pagado cinco mil millones y la deuda crece, “sin que recibamos el gas”.

La Cosecha

La denuncia de Bartlett y las críticas de López Obrador a los anteriores gobiernos por lo que considera desastrosa privatización del sector energético, tuvieron respuesta inmediata de los aludidos. Encabezó la lista de las réplicas el ex presidente Felipe Calderón, quien a últimas fechas parece dedicado a enmendarle la plana al actual titular del Ejecutivo Federal.

“Sólo quien ignora la complejidad del sector energético puede asombrarse de que verdaderos expertos en el tema trabajen honestamente en el sector energético”, indicó el ahora ex panista al defender la participación de consejeros independientes los cuales, dijo, “son valorados por su experiencia, incluyendo la gubernamental”.

Aseguró que el conflicto de interés se evita con la prohibición para ocupar un cargo en el sector privado de manera inmediata a concluir sus funciones como funcionarios públicos, y que, en el caso de México, la ley establece un plazo de un año.

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El ex secretario de Energía Luis Téllez Kuenzler, aseguró que no existen evidencias que respalden las denuncias de un supuesto conflicto de interés al colaborar en el sector privado.

Jordy Herrera Flores negó haber estado en la nómina de alguna empresa del sector energético, ni haber asesorado a alguna firma de la industria eléctrica, aunque admitió que su actual despacho de asesoría ha brindado servicios al sector privado.

Además de las denuncias acerca del conflicto de intereses, el presidente López Obrador anunció que enviará al Congreso una iniciativa de ley que prohiba a los ex funcionarios vincularse con empresas privadas ligadas al que fuera ámbito de sus responsabilidades por lo menos en un periodo de 10 años.

Al arrancar el llamado Parlamento Abierto, convocado por el Congreso de la Unión para analizar la creación de la Guardia Nacional, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, advirtió que esa propuesta “no pasa la prueba de la convencionalidad”, ya que apuesta por constitucionalizar la participación castrense en tareas de seguridad pública.

El representante de las Naciones Unidas indicó que de crearse la Guardia Nacional, México incumpliría con el orden jurídico internacional en materia de derechos humanos que está obligado a cumplir.

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En el mismo foro, el presidente del Senado, Martí Batres, pidió al grupo parlamentario de MORENA ejercer “buenos oficios políticos” y a las bancadas de los otros partidos mostrar disposición para llegar a acuerdos en materia de Guardia Nacional.

En su oportunidad, Claudia Ruiz Massieu, presidenta PRI, en su calidad de moderadora de la primera mesa del Parlamento Abierto, destacó la importancia de ese ejercicio y dijo que el análisis de la Guardia Nacional, debe enmarcarse en un estado democrático de derecho. Aseguró que los senadores de oposición «sí queremos una Guardia Nacional compatible con ese Estado democrático de derecho, con mando inequívocamente civil».

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue calificada como la número uno de 200 universidades latinoamericanas por la página uniRank, directorio y motor de búsqueda líder en educación superior internacional que revisa y clasifica a más de 13 mil 600 universidades y colegios universitarios, oficialmente reconocidos en 200 países.

El propósito de esa selección es proporcionar un listado de las universidades de América Latina más reconocidas, basado en métricas web válidas, imparciales y no influenciables, proporcionadas por fuentes de inteligencia web independientes, en lugar de datos enviados por las propias universidades.

En los primeros sitios de esa clasificación acompañan a la UNAM seis universidades brasileñas (Sao Paulo, Brasilia, Federal de Río Grande, Estatal de Campinas, Universidad Estácio de Sá y Federal de Santa Catarina), la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Buenos Aires. De México, además de la UNAM está enlistada la Universidad de Guadalajara, que aparece en el quinto sitio.

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