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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: La sombra de los maestros se proyecta sobre San Lázaro

Bajo la amenaza constante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores e la Educación (CNTE), se espera que, ahora sí, los diputados federales inicien los trabajos para aprobarlas leyes reglamentarias de la “nueva reforma educativa”.

         Por los antecedentes y, a pesar de la promesa presidencial en sentido contrario, en medios de la oposición en San Lázaro se teme que los anunciados cambios en vez de representar un avance podrían ser el punto culminante de una vuelta atrás.

         Esto porque, conforme algunos comentarios aislados de parte de legisladores allegados a la CNTE – por lo menos 40 diputados están directamente vinculados con esa agrupación – y documentos que han llegado a poder de los legisladores de oposición, se pretende devolver a la dirigencia sindical la facultad de decidir quiénes ocuparán las nuevas plazas de profesores y quienes serán elegidos para promociones laborales. Eso, además, de que se pretende asegurar plazas a todos los egresados de las escuelas normales, independientemente de su nivel académico.

         Ayer, al reanudar sus conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al expresar confianza en que la Cámara de Diputados aprobará las leyes secundarias en materia educativa, reafirmó que no se ha hecho ninguna “concesión graciosa”,  aunque reconoció que los cambios son resultado de la lucha de los maestros para que se respeten las normales.

         En cuanto a la advertencia de los maestros de la Coordinadora de que bloquearán nuevamente los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro si no les agradan las reformas preparadas por los diputados, primer mandatario dijo confiar en que los maestros “van a actuar con mucha responsabilidad, porque son muy responsables la inmensa mayoría”.

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         López Obrador aprovechó el tema de la reforma educativa para destacar que su administración utiliza un procedimiento distinto, “atender conflictos mediante el diálogo y escuchando a todos y no usando la fuerza o la descalificación, y creo que eso da mejores resultados, no confrontarnos en ningún caso”.

         Aparte de la confianza expresada por el presidente López Obrador en cuanto a encontrar una solución aceptada por todos, lo cierto es que los diputados federales están en falta – también los senadores, a quienes les corresponderá revisar lo que aprueben sus colegisladores – pues ellos mismos al aprobar las reformas constitucionales en materia educativa fijaron como límite para sancionar las leyes secundarias el pasado día 12 del presente mes.

         Lo más grave, como apuntamos con anterioridad, es que tampoco en el curso de esta semana se logren acuerdos.

         Por cierto, cabe destacar que los posibles desacuerdos ocurren dentro de la mayoría, integrada por MORENA y sus aliados del PT y PES, pues en este caso el llamado Bloque Opositor (PAN-PRI-PRD) no tiene posibilidad de bloquear los cambios, pues para aprobarlos se requiere mayoría simple.

         ¿Sube o baja el precio de los combustibles?

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         Aparte de las promesas de campaña del ahora presidente López Obrador de reducir el precio de la gasolina y otros combustibles, los conflictos internacionales se han convertido en otro factor muy importante para determinar las variaciones que esos productos registran en los mercados.

         Luego de que los ataques a instalaciones petroleras en Arabia Saudita provocaron una alza en los precios internacionales de los hidrocarburos, el presidente López Obrador aseguró que en México no habrá variaciones en los precios y que se mantendrá el compromiso de no aumenten los precios de combustibles “en términos reales” (es decir, los ajustes se harán en términos del porcentaje de inflación).

         “A pesar de los ajustes en los precios del crudo al alza, nosotros estamos protegidos”, aseguró el primer mandatario. Aclaró que “a pesar de la situación especial en lo externo, en nuestro país vamos a mantener la estabilidad, es un equilibrio que tenemos que mantener”.

         También anunció una reunión de la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos (PEMEX) para hacer el análisis, “porque por un lado (la situación internacional) nos beneficia, por el aumento en el precio del crudo, pero como somos compradores de gasolinas, nos puede perjudicar”.

         También aclaró que el abasto de gasolinas está asegurado “sin ningún problema” a través de las importaciones, además de que se aumentó la capacidad de refinación de las plantas de PEMEX. Al respecto, destacó que está muy satisfecho con la administración de la empresa, a cargo de Octavio Romero Oropeza.

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         En vez de ratificación de mandato, desaparición de poderes

         En su esfuerzo por constituirse en la principal fuerza de oposición, el PAN y sus legisladores tratan de demostrar en la práctica que no es necesaria la reforma constitucional para ratificar o destituir a un funcionario público. Para ello, existe, al menos para las entidades federativas, el recurso de la desaparición de poderes.

         Esto viene al caso, porque el grupo parlamentario del PAN en el Senado anunció que iniciarán acciones destituir al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y a diputados de esa entidad, con el fin de restablecer el imperio de la ley en esa entidad y evitar que siga la crisis constitucional. Esto por la destitución del Fiscal General del estado, Jorge Winkler, quien fue nombrado por el anterior gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes y por lo mismo se convirtió en adversario político del gobernador morenista Cuitláhuac García, quien a su vez, con resplado de la mayoría de diputados de su partido, impulsó como reemplazo a Verónica Hernández Giadáns.

         En mensajes publicados en redes sociales, los senadores panistas advirtieron que “no permitirán que en Veracruz continúe la crisis constitucional que pone en riesgo al sistema de justicia.

         “Hoy iniciamos acciones para destituir al gobernador y diputados. Veracruz es un estado fallido” escribieron los senadores panistas en redes sociales y, una hora después, indicaron que: “para restablecer el imperio de la ley, la normatividad democrática y la civilidad del estado, exploran dos vías: la desaparición de poderes y el juicio político”.

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         El caso Ayotzinapa más confuso que nunca

         Desde la ya lejana madrugada del 27 de septiembre de 2014, los violentos sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, de manera destacada la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, generaron además de indignación una serie de dudas que todavía no se disipan; por el contrario, parecen intensificarse y profundizarse.

         Las complicaciones aumentaron el días recientes, al revelarse que un gran parte de los detenidos porque supuestamente participaron en esos lamentables acontecimientos han quedado en libertad.

         A nombre del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, el subsecretario de Gobernación en materia de derechos humanos, Alejandro Encinas, expresó indignación por supuestos errores y omisiones cometidas por ex funcionarios públicos que, eventualmente, están en riesgo de ser acusados penalmente. Básicamente, las fallas consisten en falta de pruebas y en consignaciones a partir de tortura, lo cual obviamente es inaceptable en cualquier juzgado que se precie.

         Encinas denunció que un juez autorizó excarcelar otros 24 inculpados por la desaparición de los normalistas. Esos casos se suman a las 53 anteriores liberaciones, lo que da un total de 77 de las 142 personas relacionadas con los violentos sucesos de Iguala.

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         En consonancia, el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, opinó que la liberación de inculpados en este caso implica una seria limitante para la investigación porque tienen información relevante del paradero de los estudiantes.

         Aquí es donde se intensifican las dudas.

         Para empezar, tanto el gobierno actual como los padres de los desaparecidos siempre han descalificado las averiguaciones de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR, ahora FGR) que condujeron a la consignación de los ahora liberados y de quienes permanecen en reclusorios.

          Si esa investigación es inválida, el abogado de los padres de desaparecidos y Gobernación deberían solicitar la liberación de los otros detenidos o, de lo contrario, establecer en definitiva una nueva línea de investigación. Para eso se creó una nueva comisión investigadora.

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