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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: La revocación (que no ratificación) de mandato, bajo escrutinio de la Suprema Corte

Está de más repetirlo, pero la revocación de mandato tiene como finalidad dar cauce a la inconformidad del pueblo con el gobernante en turno, el cual podrá ser removido si la mayor parte de los ciudadanos así lo decide.

         Aunque hay evidentes muestras de inconformidad con algunas acciones y decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta ahora nadie ha solicitado – al menos no de manera formal, de acuerdo con los cauces constitucionales – ponerle fin al mandato del presidente López Obrador.

         En consecuencia, no hay razón ni motivo para que se realice una consulta popular de revocación de mandato.

         La única explicación es que el presidente López Obrador tiene interés en “estrenar” ese procedimiento nacido de su impulso, lo cual – aunque, vale insistir, ese no es su propósito original – le servirá para ratificar que a más de tres años del inicio tiene todavía un amplio respaldo popular.

         Esto se comprueba por el hecho de que el partido oficial, MORENA, que busca complacer a su fundador y guía, se ha dedicado a recolectar las firmas necesarias para convocar a la consulta popular, pero con una trampa: dicen que se trata de una ratificación y no una revocación, como lo estipulan las leyes.

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         Esto se confirma con las declaraciones del presidente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, quien  de acuerdo con nota publicada por la agencia apro, de Proceso, convocó a una “alianza popular para continuar la transformación de México” con la ratificación de mandato del presidente López Obrador, y evitar así el regreso del “viejo” régimen.

         “Debemos reorganizarnos para lograr una movilización histórica que nos asegure el triunfo en la ratificación de mandato y que siga el cambio de mentalidad del pueblo de México”, escribió Delgado en su cuenta de Twitter.

         Diputados de oposición piden que la Suprema Corte detenga la supuesta ratificación. 

         Esto viene al caso porque legisladores federales de oposición que integran la coalición Va por México presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la recién aprobada Ley Federal de Revocación de Mandato.

         Encabezados por los líderes de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD y PRI, Jorge Romero, Luis Ángel Espinosa Cházaro y Rubén Moreira Valdés, los diputados indicaron que dicha ley es contraria a la Constitución.

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         Para sostener su protesta, los legisladores de oposición entregaron 233 firmas, las cuales son suficientes para que se admita la acción de inconstitucionalidad.

         El perredista Espinosa Cházaro declaró que una ley secundaria no puede ser contraria a la Constitución, por lo que demandó que se anule.

         Como apuntamos antes, el coordinador del PRI. Rubén Moreira, comentó que de aprobarse el citado estatuto, la pregunta que se someterá a consulta en las urnas será por la ratificación y no por la revocación, lo cual va en contra del sentido original de la propuesta.

          El sub coordinador de la fracción del PAN, Santiago Creel Miranda, solicitó a la Corte resolver de inmediato este recurso, así como las 30 acciones de inconstitucionalidad que la oposición ha presentado contra resoluciones aprobadas por el gobierno federal, en los últimos dos años.

         La reforma energética también tendrá que pasar por la Suprema Corte de Justicia. 

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         Como otras reformas emprendidas por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación que están pendientes del dictamen de la Suprema Corte de Justicia, desde ahora se anticipa que también estará en es terreno de litigio la anunciada reforma eléctrica o energética impulsada por el presidente López Obrador.

         La reforma eléctrica no va a pasar, aseguró el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, al señalar que el bloque opositor ya acordó no dar votos a MORENA para la enmienda constitucional.

         A pesar de que todavía falta la definición de uno de los integrantes del bloque de oposición, el PRI – que ha condicionado su voto a lo que se defina en una amplia consulta – Cortés, al recibir su constancia de mayoría que lo acredita como líder del PAN hasta 2024, advirtió que la iniciativa es destructiva y regresiva.

         Anunció que su partido propondrá una reforma totalmente nueva para modernizar el sector y potenciar energías limpias, pero que también dé certidumbre a la inversión y a la generación de empleos.

         “La reforma morenista no va a pasar porque es destructiva, porque es regresiva, porque afecta el bolsillo de los mexicanos”, dijo el dirigente panista, quien agregó:

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          “Por todo ello nosotros no vamos y no se va a aprobar la reforma energética regresiva, pero sí estamos porque se construya una totalmente nueva que logre exactamente potencializar la generación de energías limpias, renovables y más baratas”.

         En caso de confirmarse lo  expuesto por Cortés, la reforma anunciada por la llamada Cuarta Transformación ni siquiera llegará a la Suprema Corte, pues tampoco sería aprobada en el Congreso. El presidente del PAN vaticinó que esa reforma “no alcanzará ni la mayoría simple, ni la calificada”.

         A pesar de los rumores en el sentido de que la mayor parte de los legisladores del PRI aprobará la propuesta del presidente López Obrador, el reelecto presidente del PAN aseguró que la coalición opositora “Va por México” sigue firme, aunque le pese a MORENA.

         Acompañado por el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, el coordinador jurídico, Raymundo Bolaños, y por el secretario de Comunicación, Felipe González, el dirigente panista informó que el siguiente reto será buscar una gran coalición con la sociedad civil como la que se hizo en 2021 con Sí por México y que convirtió en la coalición Va por México, en donde estén todos los que ven que las cosas no van bien.

         El reto, indicó, es “hacer que los mexicanos vean en Acción Nacional solos, coaligados, de la mano con la sociedad, la alternativa, la opción para corregir el rumbo de México y “sacar a MORENA”.

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         Guajardo anuncia que votará como lo decida su partido. 

         El ex secretario de Economía y actual diputado por el PRI, Ildefonso Guajardo, quien en principio anunció que votaría en contra de la reforma energética promovida por el presidente López Obrador parece haber modificado su posición y someterse a la tradicional disciplina que caracteriza a los militantes de tricolor.

         El legislador regiomontano aseguró que actuará “con una total congruencia de lo que ha hecho en su trayecto de vida y señaló que respaldará la determinación de su grupo parlamentario, por coincidir con la conveniencia de agotar todos los ejes de análisis mediante parlamento abierto, antes de emitir una oposición a la considerada contra reforma.

         “Mi posición será transparentada una vez que agotemos el análisis que esta bancada tiene que hacer responsablemente y en su momento ustedes verán una total congruencia de lo que he hecho en mi trayecto de vida y de lo que definitivamente estaré respaldando seguramente acompañando la decisión de esta bancada”, manifestó el legislador que fue negociador central del tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, ahora conocido como T-MEC.

         Guajardo comentó que tuvo una responsabilidad importante en los acuerdos internacionales y uno de los temas más importantes no es solo el cumplimiento de tales convenios, sino también analizar sus consecuencias y, sin duda, qué significan desde el punto de vista de certidumbre jurídica.

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         El ex secretario de Economía manifestó ser partidario de mercados competitivos y afirmó que “su compromiso es con su bancada”.

         Es de esperar que su actitud no sea resultado de presiones.

         Esto porque el pasado 9 de julio la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), obtuvo del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, de la Ciudad de México, vinculación a proceso en contra de Ildefonso Guajardo, por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.

         La “autónoma” FGR señaló que durante los años 2014 a 2018, Guajardo, como servidor público, probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen. La Fiscalía señaló que, durante los años 2014 a 2018, Guajardo probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen.

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