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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: La pena de muerte, condenada a morir

Hace ya quince años, en enero de 2005, el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, surgido del PAN, proclamó de manera solemne que en México quedaba proscrita definitivamente la pena de muerte, que en realidad tenía medio siglo de no aplicarse en el país.

         «La pena de muerte es contraria a los derechos humanos, por eso el Gobierno ha hecho una defensa firme de los mexicanos sentenciados a muerte en otros países», destacó Fox en esa ocasión.

Además, el artículo 22 de la Constitución General de la República ordena: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.

Por si hiciera falta, se debe recordar que México suscribió un tratado internacional, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocida como “Pacto de San José” que, entre otros aspectos, compromete a las naciones a no aplicar la pena capital o, como el caso de nuestra República, a no dar marcha atrás en esa materia.

Como se sabe, un tratado internacional tiene la misma validez que los mandatos de la Constitución y, en consecuencia, México está obligado a cumplir con el compromiso de no volver a aplicar la pena de muerte y los primeros que deberían saber esto son los legisladores federales, en particular los miembros del Senado, a los cuales les corresponde la tarea de revisar y validar los acuerdos internacionales.

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Sin embargo, de nueva cuenta hay legisladores y partidos políticos dispuestos a revisar esas y otras leyes para restablecer la pena capital.

La indignación está justificada, especialmete por los arteros crímenes – casi todos feminicidios – que han ocupado los espacios principales en todos los medios de comunicación durante los últimos días, entre ellos el secuestro y asesinato de la niña Fátima.

Los principales promotores de la idea de volver a establecer las pena de muerte son diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encabezados por Arturo Escobar y Vega, quien ya fue senador y por lo tanto está más que obligado a saber el compromiso de nuestro país de cumplir con los acuerdos internacionales y, por supuesto, con la Constitución.

No es la primera ocasión que el PVEM – partido que ha dejado constancia de su capacidad para acomodarse a las cambiantes condiciones de nuestra nación – impulsa la idea de restablecer la pena de muerte. Desde 2009 ha intentado utilizar ese grave castigo. Todavía volvieron a intentarlo en 2018 para sancionar los delitos de secuestro, violación u homicidio. Ahora, la finalidad es ejecutar a quienes cometan homicidio doloso y feminicidio a menores de edad.

El coordinador de los diputados del Verde, Arturo Escobar y Vega, dijo que México está bajo un estado de excepción, por lo que requiere una medida de excepción

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“Que paguen con su vida, la vida que ellos no perdonaron”, es la divisa de los legisladores verdes, que en sus anteriores intentos fracasaron por su reducido número en el Congreso de la Unión y porque no tuvieron respaldo de los partidos gobernantes a los que supieron sumarse en forma oportuna, primero al PAN y luego al PRI, cuando recuperó brevemente la Presidencia.

La diferencia podría ser que ahora sí tienen apoyo de al menos una parte de la dominante fracción del partido en el gobierno, MORENA. La iniciativa para restablecer la pena capital es respaldada por al menos cinco diputados “morenos”: Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Erika Mariana Rosas Uribe.

Los reconocieron que esta iniciativa requiere de la modificación de cuatro artículos constitucionales: 18, 22, 29 y 94, además de dos tratados internacionales, pero no especificaron cuál sería el método para ejecutar a los culpables, pues indicaron que eso podría especificarse en las leyes secundarias.

Pero las dificultades son muchas. Una reforma constitucional requiere de mayorías calificadas en las dos cámaras de Congreso de la Unión, que difícilmente podrán se conjuntadas.

De entrada, por ejemplo, el coordinador de los senadores “morenos” y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ricardo Monreal Ávila, quien tiene el grado de doctor en Derecho, ya se manifestó en contra, al calificar la propuesta de restablecer la pena de muerte como una “barbaridad”. 

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Ninguna organización tiene seguro el registro como partido político, reiteró el INE-

         Hoy, miércoles 26 de vence el plazo para que las organizaciones que aspiran a ser reconocidas como partidos políticos oficiales realicen su asamblea nacional constitutiva y dos días después deberán entregar formalmente su solicitud de registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

         Esto lo recordó el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova Vianello, en un artículo publicado por el diario Excélsior, titulado “Partidos (aún) en formación”, en el cual establece que hasta el momento ninguna organización puede decir que ya cumplió con la totalidad de los requisitos y menos aún que tiene asegurado su registro como partido político.  

Como lo han informado consejeros del INE en otras ocasiones, el presidente del máximo organismo electoral, admitió que las cifras preliminares señalan que media docena de agrupaciones estarían en posibilidades de acreditar los requisitos iniciales para poder solicitar su registro, con lo cual se confirma la suposición de numerosos analistas en el sentido de que los comicios federales de 2021 podrían ser los que conjuntaran a mayor número de partidos. 

Luego de reafirmar que ninguna organización tiene asegurado el registro, Córdova Vianello, recordó que faltan dos condiciones:

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La primera: que el INE verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, tales como el haber cumplido las disposiciones legales y normativas en cada asamblea (incluyendo la constitutiva) y la confrontación de sus registros de afiliados con la base de datos del Padrón Electoral, con las afiliaciones de otras agrupaciones y con los padrones de afiliados de los siete partidos políticos nacionales que hoy cuentan con registro, los cuales —por cierto— acaban de ser depurados.

“En este primer punto, es importante recordar que el criterio que se ha establecido en la confronta de las afiliaciones es el de que prevalece la última voluntad expresada por el ciudadano. Es decir, dado que la ley prohíbe la doble afiliación, en el caso de que alguien se haya inscrito a más de una organización o que esté registrado ya en otro partido político, la afiliación que se mantendrá y se contabilizará será la más reciente.

“La segunda etapa, que aún no ha iniciado, implica el desahogo de los procedimientos que deberá realizar la autoridad electoral para verificar el apego a la ley de la actuación de las organizaciones que buscan constituirse como partido político.

“Entre otros aspectos, deberá revisarse que no exista intervención de entes prohibidos, como asociaciones religiosas, sindicatos u otros partidos, y que no haya existido en el proceso de registro de militantes afiliaciones corporativas, que están impedidas por la Constitución.

“Además, el Consejo General tendrá que conocer y analizar los reportes de ingresos y gastos que mes con mes han venido informando las agrupaciones que buscan constituirse como partidos políticos. Es decir, también los partidos en formación pasarán por el tamiz de la fiscalización de recursos para poder constituirse legalmente”, escribió también el consejero, quien recordó que será hasta junio cuando se conozca la resolución final del INE.

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El presidente del INE aprovechó para hacer un recordatorio a los críticos del Instituto. Aseguró que todos sus procedimientos y en particular la recta final del proceso para decidir si se concede registro a nuevos partidos, “como cada seis años se lleva a cabo conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Es muy importante reiterar que las reglas que se han aplicado han sido exactamente las mismas para todas las organizaciones aspirantes; es decir, hubo piso parejo”.

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