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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: La ONU preocupada por migrantes que cruzan México

«Me preocupa que las políticas implementadas actualmente en Estados Unidos, México y algunos países centroamericanos están poniendo a los migrantes en un creciente riesgo de sufrir violaciones y abusos de los Derechos Humanos».

         Lo anterior fue expresado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, durante la apertura de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, efectuada en Ginebra, Suiza.

         La especialista en la protección de los derechos fundamentales advirtió que esas políticas a las que hizo referencia ponen en un “creciente riesgo» a los migrantes, especialmente a los niños, que «siguen siendo detenidos en centros tanto en Estados Unidos como en México, contraviniendo el mejor interés del menor», a pesar de que «es un principio fundamental del Derecho Internacional».

         Bachelet también ha criticado los «acuerdos para ‘devolver’ a la gente.

         De acuerdo con cifras que se manejan en medios cercanos, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al menos 35 mil solicitantes de asilo han sido obligados a retroceder a México para esperar allí la resolución de sus casos en Estados Unidos. Además, se destaca que la oficina de Bachelet ha documentado un aumento en las detenciones y deportaciones de migrantes, así como un «uso excesivo de la fuerza» y negación del acceso a servicios y asistencia.

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         Los acuerdos para “devolver” a la gente a este y otros países “no pueden ser considerados legales si los Derechos Humanos y las normas de refugio no son respetados, incluido el principio de no devolución y las garantías de una análisis individualizado, el mejor interés del menor y el debido proceso», ha expresado la comisionada.

            En particular, Bachelet ha llamado la atención sobre la política estadounidense de separar a los niños migrantes de sus padres, que con la perspectiva de una nueva norma podrían quedar detenidos indefinidamente

         Estos comentarios de Bachelet significan un cambio notable respecto de su amistoso discurso cuando estuvo en nuestro país, apenas en abril pasado, invitada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

         En aquella ocasión, la ex presidenta Chilena dijo:

         “Quiero comenzar mi intervención destacando el momento crucial que este país está viviendo. Es un momento de transformación y de oportunidades que se ha abierto desde la llegada al poder del nuevo Gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su voluntad de implementar un cambio de paradigma: uno que asume la centralidad de los derechos humanos. Yo no solo reconozco esta determinación, sino que muestro mi voluntad y la de mi Oficina en México de apoyarla.

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         En esa visita, Bachelet elogió especialmente la decisión del gobierno mexicano de crear la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa en los primeros días del nuevo gobierno.

         En especial comentó favorablemente la política del nuevo gobierno en materia migratoria.

         “La decisión gubernamental de cambiar el rumbo de la política migratoria del anterior gobierno, centrada en la detención y la deportación masiva de personas migrantes –la cual criminaliza a un grupo ya de por sí muy vulnerable, alienta el tránsito por rutas clandestinas y hace a las personas migrantes y solicitantes de asilo una presa más fácil de la delincuencia organizada – es un paso positivo. También lo es la política de entregar permisos de estancia por razones humanitarias a las personas migrantes. Sin embargo, para que exista un verdadero cambio de política migratoria, estas acciones deben ser parte de una estrategia integral en la que el tránsito de personas migrantes en México sea seguro, que se mejoren las capacidades institucionales para evaluar y resolver solicitudes de asilo y otras necesidades de protección internacional, y que se reduzcan las tasas de impunidad para delitos cometidos en contra de personas migrantes en México”, dijo Michelet.

         Encinas, en defensa de la política nacional

         El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas, salió en defensa de la política nacional en materia de migración. Señaló que no ve un proceso de militarización en las fronteras del país, pues si bien la Guardia Nacional tiene un componente importante de militares y marinos de origen en su formación, tiene un mando civil.

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         Esos elementos, dijo el funcionario federal, responden estrictamente a la instrumentación de las políticas en materia de seguridad ciudadana, que es el objetivo de la Guardia Nacional.          Esperemos que eso se consolide efectivamente más con una visión de protección ciudadana que una protección de carácter militar, dijo el funcionario.

         Al llegar a Villahermosa, Tabasco, para la instalación del Sistema de Búsqueda de Personas, el funcionario federal indicó que el tema migratorio es un problema generalizado en el país, pero debe entenderse que este fenómeno ha tenido cambios sustantivos que requieren no solo una atención en cuanto al cumplimiento de la ley migratoria, sino que se está frente a una crisis humanitaria en los países de origen de los migrantes, que los ha llevado a un éxodo.

         Denuncian “desvío” de becas

         En Cuernavaca, Morelos, unos 900 becarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” acusaron al director General del Banco Bienestar, Rabindranath Salazar Solorio, y al encargado del programa en Morelos, Miguel Ángel Rabadán, de desviar los recursos económicos de las becas de los jóvenes para fines políticos.

         Los inconformes, que bloquearon la avenida Plan de Ayala, denunciaron que “el Coordinador del programa Miguel Ángel (Rabadán), arbitrariamente y por así convenir a sus intereses personales, nos desvinculó de las empresas que voluntariamente elegimos para capacitarnos”.

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         La becaria Gloria Patricia Bahena aseguró que eligieron aprender un oficio y prestar un servicio en Jiutepec y Cuernavaca, por ser las únicas empresas en nuestro entorno con especificaciones técnicas de acuerdo con su perfil y expectativa.

         Agregó que el encargado del programa, en Morelos, “vulnera nuestros derechos laborales, al pretender alterar nuestras condiciones generales de trabajo, cambiándonos de domicilio, de patrones, de funciones y reducirnos el apoyo económico que mensualmente recibimos, y con ello cooptarnos para sus fines partidistas.

         Al respecto, precisó que si no aceptan afiliarse a Morena “nos quitan la beca”.

         El bloqueo inició alrededor de las 8 de la mañana, a la altura de las oficinas federales que se encargan de estos programas sociales. En las mantas de protesta, los jóvenes escribieron mensajes dirigiéndose al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en donde le dicen que “en Morelos el programa Jóvenes construyendo el Futuro está lleno de corrupción por la ambición de sus funcionarios federales”.

         Funcionarios del SAT cobraban, para su beneficio.

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         A pesar de problemas internos, como la destitución de su titular, personal de la Fiscalía General de Veracruz participó junto con elementos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un operativo para detener a funcionarios públicos involucrados en un acto de extorsión.

         Como resultado de una denuncia ciudadana y trabajos de investigación interna, elementos de la FGE y del SAT culminaron la investigación con la aprehensión de tres personas, entre ellas una funcionaria y una ex servidora pública, acusadas del por el delito de cohecho.

         Las autoridades informaron que la servidora pública detenida, quien se desempeñaba como auditora en la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “1” (Xalapa), y la ex funcionaria del SAT, pidieron 4.5 millones de pesos a un contribuyente al que se le practicaba una visita domiciliaria. Los inculpados fueron detenidos en plena comisión del delito, por lo que fueron trasladadas a las instalaciones de la FGR para los procedimientos penales correspondientes.

         De hecho, el juez encargado del caso dictó sentencia condenatoria por el delito de cohecho, por lo que se les sentenció a los inculpados a dos años de prisión, dos años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo como servidor público federal, amonestación pública y multa por los hechos cometidos.

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