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Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: La “Ley Bonilla” pone a prueba a los ministros de la Corte

Llegó el momento decisivo para la llamada “Ley Bonilla”, la reforma a la Constitución de Baja California que amplió de dos a cinco año el periodo para el cual fue electo el actual gobernador, el empresario Jaime Bonilla, ex dirigente de MORENA en ese estado fronterizo y primero de los “superdelegados” en llegar al poder.

         El problema con esa reforma constitucional es que fue aprobada después de que se realizaron las elecciones de gobernador y por lo mismo, todos los partidos de oposición pidieron la intervención de la Suprema Corte de Justicia para detener lo que consideran una “chicanada” o “albazo” jurídico.

         Especialmente inconforme se ha mostrado a dirigencia del PAN, partido que inclusive expulsó a los ex diputados surgidos de sus filas que se prestaron a la maniobra, que se presume fue patrocinada por el propio Bonilla e ideada por sus asesores jurídicos, en especial por su actual secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, político nacido en San Luis Potosí (otras versiones aseguran que en el entonces DF), pero cuya carrera política se ha desarrollado desde hace más de cuatro decenios en Baja California, salvo intervalos en que residió en la capital del país – donde se integró al equipo del PRI, donde trabajó al lado de políticos como Fernando Ortiz Arana, César Augusto Santiago y Luis Donaldo Colosio – y en Chiapas, donde llegó a ser ministro de Justicia, durante la administración del ex gobernador Juan Sabines Guerrero.

         Todavía el pasado día 9, Rodríguez Lozano publicó en su página de Internet un artículo titulado “La Reforma Constitucional de Baja California Rectifica el Atropello de 2014”, en el cual sostiene que “en 2014 sucedió algo aberrante en el estado de Baja California, sorpresivamente y casi en lo oscurito, el Congreso del aquel tiempo, dominado por el PAN y el PRI, violando el procedimiento para reformar la Constitución, decidieron que las elecciones del 2019, el periodo del gobernador solo durara dos años. Fue una reforma amañada, donde los ayuntamientos, parte fundamental para aprobar una reforma electoral no fueron notificados correctamente, en lugar del Sindico, en Tecate entregaron los documentos de la reforma a una afanadora, en Ensenada a la primera secretaria que encontraron y los mismo sucedió en Rosarito. Recuérdese que para que haya reforma constitucional, no solo basta que lo aprueben 17 diputados, sino que la deben aprobar, además, tres ayuntamientos como mínimo.

         “En Baja California existe la afirmativa ficta, que significa que si en un mes no responden los ayuntamientos se considera aprobada, eso hicieron aquellos diputados del 2014, fingieron notificar a los ayuntamientos y obvio nadie contestó porque nunca se entregó la documentación, pasó el mes y se declaró aprobada una reforma que nadie conoció, que nadie protestó, que nadie criticó, a pesar del enorme daño que le hacía al estado.

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         “La acción de los diputados y los ayuntamientos en 2019 fue rectificar ese enorme y grave fraude constitucional que le hicieron los diputados del 2014 al estado de Baja California, al aprobar una reforma que recortó de 6 a dos años el periodo del gobernador”, emató el jurista que presume su grado doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad José Manuel Rojas de San Cristóbal las Casas.

         Si efectivamente la maniobra de los diputados de 2014 en Baja California fue como la describe Rodríguez Lozano, lo cierto es que hicieron escuela, pues sus sucesores de 2019 procedieron con igual sigilo y con procedimientos poco claros. La reforma se aprobó en sesión nocturna el lunes 8 de julio de 2019, poco más de un mes después de realizadas las votaciones.

         Luego para ratificar las modificaciones, los diputados cambiaron repentinamente de sede de la capital del estado, Mexicali, al Palacio Municipal de Playas de Rosarito.

         En principio, la ampliación del periodo de gobierno ya fue rechazada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual invalidó una decisión de las autoridades electorales de Baja California que con un simple acuerdo intentaron modificar las fechas.

         Pero una reforma constitucional, como la aprobada por la Cámara de Diputados de Baja California, no puede ser invalidada por los magistrados electorales, por lo cual ahora el único poder capaz de revertir la decisión del Congreso de Baja California es la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal del país, que previsiblemente dará su decisión definitiva hoy lunes, a pesar de la contingencia sanitaria por el Coronavirus que ha obligado a reuniones virtuales y otras medidas preventivas, pero no detiene la lenta marcha de la justicia federal.

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         La semana anterior circuló la ponencia preparada por el ministro José Fernando Franco González Salas en la cual propone a sus compañeros votar por la inconstitucionalidad de la reforma aprobada por los diputados bajacalifornianos.

         Con ello, cabría suponer que el máximo tribunal del país declarará inválida la reforma a a Constitución del ese estado fronterizo y que el gobernador Bonilla y se equipo tendrán que conformarse con un periodo de dos años, para preparar la sucesión de manera que pueda triunfar nuevamente un candidato de MORENA y de la llamada Cuarta Transformación.

         Veremos de qué están hechos los ministros de la llamada Cuarta Transformación.

         Pero no es así de sencillo, los ministros de la Suprema Corte están obligados más que nadie a cumplir (y hacer cumplir) las normas constitucionales, las cuales establecen que  para declarar inválida una reforma constitucional como la que ampara la ampliación del periodo de mandato del gobernador bajacaliforniano tiene que ser mediante una votación unánime o, por lo menos, de una mayoría calificada de ministros, que en este caso es de ocho de los once integrantes de ese tribunal.

         Con esta votación – la primera prueba, se puede decir – se va a comprobar la independencia de criterio de los ministros de la Corte, especialmente los tres nombrados a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se atribuyen intenciones de ejercer control sobre los otros dos poderes federales, el Legislativo y el Judicial, así como de los llamados organismos autónomos.

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          Tal vez no sea cierto, pero hay rumores en el sentido de la que “Ley Bonilla”, por lo menos, es consentida por el gobierno que encabeza López Obrador, pues hasta ahora no se ha registrado ninguna condena definitiva a esa reforma constitucional y lo más que ha expresado el presidente López Obrador es una aparente crítica superficial y una declaración en sentido que corresponde a la Suprema Corte decidir si es válida o no la ampliación del periodo de gobierno.

         La representante presidencial en la toma de posesión del gobernador Bonilla fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, casualmente ministra en retiro del máximo tribunal del país, a quien durante ese viaje a Mexicali se le atribuyeron declaraciones que parecían alentar al nuevo mandatario estatal y a su equipo en el sentido de que la reforma constitucional se mantendría vigente.

         Los tres “nuevos” ministros cuyos votos marcarán el rumbo del Poder Judicial en la llamada Cuarta Transformación son Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos Farjat, quienes además de haber sido propuestos por el presidente López Obrador han tenido trayectorias profesionales muy ligadas al jefe del actual gobierno federal.

         El primero, González Alcántara Carrancá fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la ahora Ciudad de México durante el mandato de López Obrador como jefe de Gobierno; Esquivel Mossa es esposa del empresario José María Rioboó, uno de los inversionistas considerados más ligados al presidente López Obrador, a quien se presume asesora en temas de infraestructura; Ríos Farjat fue nombrada a inicios de la actual administración federal jefa del Servicio de Administración Tributaria, institución fundamental para los planes de combate a la corrupción del actual primer mandatario.

         Por último, la atención pública también estará centrada en el presidente de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien postula la autonomía de los poderes federales, pero ha dado indicios de que no desea dar el menor motivo que pudiera generar incomodidad en el titular del Ejecutivo.

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