Connect with us

Hi, what are you looking for?

Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: La Corte deja constancia de su independencia

El revés fue completo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por mayoría de votos mantener la suspensión contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Este fallo de los ministros fue en respuesta a la acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo minoritario de senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y un senador independiente.

Antes, el máximo tribunal había recibido demandas de trabajadores de organismos como el Banco de México (BANXICO), PEMEX, COFECE, PGR, IPN, CFE, CISEN, INE, SAT y la Secretaría de Gobernación. Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, dados a conocer el 11 de diciembre pasado, en total, 6,271 funcionarios habían presentado 2,772 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República.

En el listado se incluyen 384 jueces, 445 magistrados, 2,174 secretarios, 445 actuarios, 1,226 oficiales y 1,043 externos al Poder Judicial, cuya cabeza es precisamente la Suprema Corte.

Al justificar su decisión, los ministros explicaron que el Artículo 1 constitucional, en sus párrafos II y III establece que las normas sobre los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta Magna y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo a las personas con la protección más amplia.

Advertisement. Scroll to continue reading.

La mayoría de los integrantes de la Segunda Sala (tres votos), determinó que según criterios de la propia Suprema Corte, la suspensión no es sólo una medida cautelar, sino también tutelar para prevenir el daño trascendente que se pueda ocasionar a las partes y a la sociedad en general. En consecuencia, determinar mantener vigente la suspensión de la referida Ley de Remuneraciones, conforme a lo solicitado en la acción de inconstitucionalidad presentada por una minoría de senadores.

La Cosecha

Los integrantes del Poder Judicial Federal demostraron que no sólo son enérgicos cuando se trata de juzgar acciones de otros poderes, pues también actúan con firmeza ante irregularidades en sus propias filas. Así, el Consejo de la Judicatura Federal determinó destituir a dos magistrados federales comisionados en el estado de Campeche por «notoria ineptitud y faltar a su declaración patrimonial, así como desempeñar su cargo obteniendo beneficios adicionales». Además de ser destituidos, a los dos magistrados les fueron impuestas sanciones económicas.

Además, en Nayarit, el mismo organismo aprobó la separación de sus funciones de dos magistrados vinculados al fraude para despojar de sus viviendas a 60 mil derechohabientes del INFONAVIT en seis estados del país.

En este caso, los integrantes de la Judicatura determinaron separar de su cargo al ex presidente del Tribunal de Justicia, Pedro Antonio Enríquez Soto, y al magistrado Ramón Marmolejo Corona, quienes tendrán que enfrentar los cargos de fraude procesal, tráfico de influencias, así como delito cometido por servidores públicos, cohecho, abuso de autoridad en agravio de la sociedad y de los trabajadores afectados por las iregularidades en mataria hipotecaria.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Lo primordial para el pleno del Consejo de la Judicatura Federal y su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, es implementar una cultura de integridad judicial. La política de este órgano colegiado es una: cero tolerancia a actos de corrupción», señaló un comunicado del CJF.

​            El antiguo pleito entre el actual gobernador de Morelos (antes presidente municipal de Cuernavaca), Cuauhtémos Blanco Bravo, y su antecesor Graco Ramírez Garrido Abreu, tuvo una nueva escalada con una denuncia presentada por el actual mandatario ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Ramírez, por presuntos delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El ex futbolista Blanco informó haber presentado pruebas que presuntamente acreditan que Ramírez Garrido Abreu, sus familiares, y gente cercana a su gobierno desviaron recursos públicos de la entidad.

“Morelos está así por el ex gobernador; dejó en quiebra al estado”, aseguró Blanco Bravo, al salir de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR.

El actual gobernador de Morelos aseguró que asumirá las consecuencias que surjan por esta denuncia y aclaró que presentó la demanda no sólo por cumplir una promesa de campaña sino porque está convencido de acabar con la corrupción, pues “la gente está cansada de lo mismo y no lo voy a permitir más”.

Advertisement. Scroll to continue reading.

El consejero jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo, precisó que la denuncia se presentó por probables delitos federales. Indicó la desviación de recursos se intentó encubrir con la compra-venta de dos inmuebles en Cuernavaca, para triangular recursos, lo que podría configurar el delito de lavado de dinero.

En lo que se ha interpretado como un intento de crear una gran corporación sindical al servicio del actual régimen, como lo fueron la CROM y la CTM al servicio del PNR-PRM-PRI, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia emcabezó la presentación de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), la cual, según sus organizadores, agrupa a 10 federaciones de trabajadores y más de 150 sindicatos del país.

La asamblea constitutiva de esta agrupación se efectuó en la sede nacional del sindicato minero, pues su dirigentes será el líder minero Gómez Urrutia, quien al parecer intenta emular a históricos dirigentes obreros como Luis N. Morones, Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez, pilares del corporativismo mexicano.

Gómez Urrutia, también senador por Morena, declaró que esta nueva agrupación podría convertirse en una agrupación nacional de confederaciones y sindicatos “si así lo decide lo clase trabajadora”. Comentó que está pendiente el registro formal de la nueva central ante la Secretaría del Trabajo, el cual esperan realizar durante marzo.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

++0++

 

 

 

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

 

 

Advertisement

© 2020 Endirecto