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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: La campaña electoral empieza en los tribunales 

 En todos los frentes de la política nacional sostienen que los procesos electorales no se deben judicializar, pero tanto el gobierno como los partidos de oposición acuden un día sí y otro también, a los tribunales para denunciar irregularidades de todo tipo, sobre todo por manejo ilegal de dinero.

         Apenas ayer dimos cuenta de una demanda de senadores del PAN en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que consideran errores y omisiones en las acciones para tratar de evitar los daños por las inundaciones en Tabasco, que se tradujeron en afectaciones a los más pobres, las comunidades indígenas de ese estado.

         Casi al mismo tiempo se derrumbó lo que había sido un baluarte de discreción y de respeto a los ex compañeros y ex jefes, la ex titular de Sedesol y de Semarnat, Rosario Robles Berlanga, se cansó de ser la única acusada por lo que se denomina “la estafa maestra” y ante el ejemplo del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin y del que fuera su oficial mayor en las dos dependencias mencionadas, Emilio Zebadúa González – quienes a pesar de sus confesadas irregularidades gozan de la libertad y de buenos tratos por parte del gobierno de la llamada Cuarta Transformación – optó por acogerse al sistema de testigos protegidos, mecanismo que en la legislación mexicana se llama “criterio de oportunidad”.

         De los tres personajes mencionados, presuntos responsables de mal uso de recursos públicos, la única encarcelada es la también ex jefa del Gobierno del Distrito Federal, ahora oficialmente conocido como Ciudad de México. Los otros dos parecen haberse salvado de la prisión mediante el recurso de anunciar que denunciarán a quienes les dieron la orden de desviar el dinero proveniente de las arcas federales.

         De acuerdo con comentarios del presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras, así como de revelaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y filtraciones a los medios de comunicación, Lozoya Austin destinó millones de pesos provenientes de sobornos y de operaciones fraudulentas de compra-venta a la compra de una residencia y depositos de importantes cantidades en cuentas de parientes, su madre, hermana y esposa.

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         Zebadúa, por su parte, es acusado de “lavar”cuantiosas cantidades de dinero personalmete o con ayuda de sus hermanos José Ramón y Lourdes, quienes realizaron gastos millonarios que no correspondían a sus ingresos, lo cual en opinión de los investigadores federales, “hace probable que Emilio Zebadúa percibiera diversas cantidades de efectivo por la comisión de actos de corrupción, pues ninguna otra justificación se encuentra en la conducta de un servidor público”, según revelación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

         Con todo y esas acusaciones, tanto Lozoya Austin como Zebadúa González, parecen haber salvado la cárcel y como moneda de cambio ofrecieron dar testimonio de delitos de sus jefes.

         En el caso del ex director de Pemex sus superiores serían el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso y el ex presidente Enrique Peña. Las denuncias del político chiapaneco y ex consejero electoral van dirigidas en primer término contra su jefa directa – de quien presumía ser su “hombre de confianza” – Rosario Robles y, luego, a los dos políticos más poderosos del sexenio anterior, el ex presidente Peña y influyente colaborador Videgaray Caso.

         Como se aprecia, las autoridades – UIF y FGR – tienen suficientes elementos para consignar penalmente tanto a Lozoya como a Zebadúa, pero hasta ahora se ha dado preferencia al empleo de esos casos con fines políticos, sobre todo para justificar las denuncias del gobierno de la llamada Cuarta Transformación de que anteriormente el sector público estaba inmerso en la corrupción.

         Otra cuestión que no cuadra con el aparente intento de castigar actos que aparentemente constituyen delitos es que las averiguaciones en torno a las irregularidades en Pemex y la llamada “Estafa Maestra” arrancaron en el pasado sexenio, aunque no desembocaron en denuncias penales.

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         A lo más, Lozoya Austin fue destituido de su cargo y aparentemente marginado del grupo dominante en el anteriores sexenio, mientras que Robles llegó hasta la meta final, sólo con un aparentemente alentador: “no te preocupes, Rosario”.

         Financiamiento “irregular” a la campaña de López Obrador. 

         Ante el uso de los casos de aparente corrupción ocurridos en anteriores sexenios con fines exclusivamente políticos, la oposición ha reaccionado con la denuncia de irregularidades a cargo de allegados al presidente López Obrador.

         En este sentido, destaca la filtración de videos en donde un hermano del presidente López Obrador, de nombre Pío aparece recibiendo gruesos fajos de billetes, que según el audio de los mismos, se destinarían a financiar la campaña del abanderado y fundador de MORENA.

         La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto, que ha demostrado ser inflexible en otros casos, exoneró tanto a Pío como a la persona que le entregó el dinero, al sostener que no hay delito que perseguir. Eso sí, dio parte al Instituto Nacional Electoral (INE) para que haga sus propias avriguaciones.

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         Por cierto, profundamente ofendido, Pío respondió con una denuncia ante la propioa Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por la difusión de esos materiales videograbados. Nada más exigió aplicar un castigo de 12 años de cárcel.

         Pero como en los otros casos, lo importante es el efecto en las elecciones. La oposición tiene elementos para descalificar cualquier denuncia del partido oficial, MORENA, acerca de irregularidades en el financiamiento de las campañas electorales.

         El dinero recibido por el hermano del ahora presidente de la República no es el único caso de aparentes financiamientos ilegales a la campaña presidencial.

         A lo anteriorse debe sumar otra denuncia del PAN y el PRD que piden investigar otro financiamiento aparentemente ilícito para la campaña de López Obrador, en este caso proveniente de España, concretamento del partido Podemos.

         De acuerdo con esta acusación el instituto político español destinó 308 mil 254 euros a financiar la campaña de López Obrador.

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         Por separado, PAN y PRD presentaron quejas ante el INE  y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) para que investiguen revelaciones en el sentido de que MORENA recibió recursos ilícitos para su campaña en 2018 por parte del partido español.

         La denuncia tiene como base una investigación publicada en el medio de comunicación español El Confidencial, el cual menciona que la operación se realizó mediante una empresa denominada Neurona y que hubo una triangulación de dinero entre España, Bolivia y México. En lo particular, se vincula a Epigmenio Ibarra, a quien se presenta como “productor televisivo cercano a López Obrador”.

         Por separado, los dirigentes nacionales del PAN Marko Cortés y del PRD Jesús Zambrano demandaron que intervengan la Comisión de Fiscalización y a la Junta General Ejecutiva del INE para determinar las irregularidades y sancionar a los responsables.

         “Le pedimos al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que investigue el financiamiento ilícito de la campaña del presidente López Obrador en el 2018”, declaró el líder del blanquiazul, Marko Cortés

         Acompañado por el director general jurídico, Raymundo Bolaños Azócar y el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, Cortés explicó que, de acuerdo con las investigaciones iniciadas en España, Podemos y Morena utilizaron los mismos mecanismos de la “Estafa Maestra” para apoyar la campaña presidencial de Morena.

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         Zambrano por su parte puntualizó que con ello se demuestra que el triunfo del partido Morena, que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en las elecciones de 2018, estuvo plagado de un cúmulo de irregularidades con financiamiento ilícito que tiene que ver con actividades que realizaron distintas empresas que no fueron debidamente pagados, sino reportados a un precio menor.

         Por los antecedentes, no se espera que progresen las denuncias. Pero eso no importa, lo valiosos es que aporta material para que la oposición invalide la supuesta “cruzada” de la llamada 4T en contra de la corrupción.

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