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“Hágase la austeridad en las mulas de mi compadre”-

         Eso es precisamente lo que no desean que ocurra los gobernadores de Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Colima, Durango, Chihuahua y Michoacán, que integran la llamada Alianza Federalista por México.

         Los mandatarios de esas entidades abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) por no estar de acuedo en el desigual reparto de recursos entre la federación y los estados y ahora, a pesar de sus protestas, enfrentan un nuevo recorte de alto nivel en sus presupuestos.

         En su primera acción tras abandonar la CONAGO, la Alianza Federalista exigió al Ejecutivo y la Cámara de Diputados “seriedad” y “altura de miras” a la hora de la asignación de recursos en el Proyecto de Presupuesto Federal para el 2021, pero al contrario de sus deseos, descubrieron que la propuesta del gobierno federal plantea un recorte de 108 mil 521 millones de pesos a los recursos que se asignan a los estados, en relación con el presupuesto del presente año, el cual ya de por sí se consideraba limitado en las entidades federativas.

         El mencionado proyecto  de Presupuesto para el 2021 que entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, plantea  un gasto federalizado  que se integra por participaciones, aportaciones, convenios de descentralización y reasignación por un total de 1.87 billones de pesos para estados y municipios, lo que significa una reducción frente a los 1.98 billones aprobados para este 2020.

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         Los mandatarios inconformes reafirmarán hoy su posición  su posición este miércoles en la ciudad de México en una reunión en la que esperan tener la presencia de algún representante del gobierno federal. Además tienen previstos encuentros con los coordinadores parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados a fin de discutir lo referente a los recortes para los estados y la necesidad de fortalecer el Federalismo.

         De hecho, en anteriores reuniones, los gobernadores inconformes han insistido en la urgencia de renovar el Pacto Fiscal y realizar para el efecto una Convención Nacional Hacendaria.

         El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, adelantó que en su encuentro de hoy en la capital de la República, los 10 gobernadores que componen la Alianza  expresarán su posicionamiento ante el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

         El mandatario coahuilense explicó que cada gobernador expondrá los recortes al presupuesto y las afectaciones que generará la falta de recursos para el próximo año.

         Estaremos reunidos los 10 gobernadores, analizando todo el recorte que se dio a nuestras entidades. Cada quien va a exponer cuál es la realidad del presupuesto. Hay cosas muy tangibles que se ven a simple vista, pero tenemos que hablar de las restricciones de las cuáles será objeto el estado derivado de la falta de recursos.  

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         «La gente tiene que saber cuáles carreteras no vienen y cuántos años tardaríamos en recuperar la infraestructura para nuestro desarrollo económico. Tenemos que poner muy claro cuáles son las afectaciones del recorte», advirtió el gobernador priista.

         Los diez integrantes de la Alianza son Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Francisco  García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; y Silvano Aureoles Cornejo, de Michoacán.

         Frente a los disidentes, aparece el “gran garrote”. 

         Más se tardó el ex candidato presidencial del PAN y PRD, Ricardo Anaya Cortés, en anunciar que vuelve a las actividades políticas – obviamente en contra del gobierno de la llamada Cuarta Transformación – que el cancerbero del gobierno federal, el fiscal Santiago Nieto, en recordar que su paisano ex presidente del PAN está bajo investigación por supuestos actos de corrupción.

         De nueva cuenta, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera recurrió a las escandalosas – pero todavía no probadas – denuncias de Emilio Lozoya Austin, el ex director de PEMEX durante la primera parte del gobierno del ex presidente Enrique Peña.

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         Santiago Nieto señaló que actualmente se desarrolla una investigación en contra de Ricardo Anaya precisamente por las denuncias del ex titular de PEMEX. De hecho, el nombre del ex candidato presidencial aparece en una lista de 70 personas físicas y morales sujetas a investigación como consecuencia de las revelaciones de Lozoya Austin, pero hasta ahora no hay denuncias formales ni siquiera contra el ex funcionario que está confeso y que por lo mismo fue extraditado por el gobierno de España, donde se había refugiado.

         «Seguimos evidentemente operando en el análisis de las 70 personas que fueron denunciadas, en realidad fue una confesión de hechos propios, pero bueno, la Fiscalía lo tomó como una denuncia para efecto de poder colaborar en cumplimiento de nuestras responsabilidades”, comentó Nieto Castillo.

         El titular de la UIF destacó que esa dependencia ya ha presentado cinco denuncias relacionadas con el caso Odebrecht – Lozoya y que prepara una más debido a que han conseguido documentar una triangulación de 3 mil millones de pesos, bajo una dinámica idéntica a de la estafa maestra de la Sedesol.

         Por otra parte, Nieto comentó que, como parte de la lucha contra el crimen organizado, el organismo que dirige emprenderá una acción contra otro cártel nacional la próxima semana, esto luego de haber ubicado la existencia de 19 organizaciones criminales, dos de ellas con alcance internacional.

         Oficialmente, Nieto estuvo presente en Querétaro con motivo de la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Querétaro y la Unidad de Inteligencia Financiera, pero en medios políticos de ese estado se comenta que es parte de su precampaña, pues está considerado potencial candidato al gobierno estatal como abanderador de MORENA.

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         La Cuatro T no logra erradicar la corrupción en sus filas. 

         El ex consejero electoral Jaime Fernando Cárdenas Gracia ganó fama por ser irreductible en la defensa de las causas que él considera justas y así lo confirmó como diputado federal, postulado por el PT, aunque no militaba en ese partido.

         Con el respaldo de esa fama, a finales de junio anterior, el doctor en derecho Constitucional fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador segundo titular del relativamente recién creado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), antes denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

         Al dar a conocer el nombramiento, el presidente López Obrador se refirió a Cárdenas de la siguiente manera: “Es un constitucionalista, abogado de primera. Gente honesta, limpia”.

         Apenas tres meses le llevaron a Cárdenas Gracia descubrir que el INDEP no es la institución con la cual soñaba y que, lejos de ello, está afectado por un mal que es el más repudiado por el gobierno de la Cuarta Transformación, la corrupción, y por ello presentó su renuncia a su jefe el presidente López Obrador, de quien se dice orgulloso seguidor desde hace años.

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         La renuncia fue dada a conocer por el propio INDEP, en un comunicado en el cual informa que Cárdenas Gracia renunció para reincorporarse a la vida académica y que agradeció al primer mandatario se designación.

         Lo que no reveló el comunicado del INDEP es que en su carta de renuncia, Cárdenas Gracia denunció que dentro de ese organismo hay actos de corrupción como mutilación de joyas, irregularidades administrativas en procesos de valuación y falta de recursos para cumplir con compromisos de pago.

         El funcionario, que entregará el cargo formalmente el venidero día 30, explicó que durante su gestión descubrió que existía manipulación de sistemas informáticos y tecnológicos para beneficiar a unas cuantas personas en la realización de subastas electrónicas, por lo que ya se analiza presentar las denuncias correspondientes.

         Precisó que está pendiente de conciliar la transferencia de los 2 mil millones de pesos que en febrero se remitieron desde la Fiscalía General de la República (FGR) al INDEP, pues “hasta la fecha esos recursos están invertidos, generan intereses y no han sido utilizados”.

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