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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Generar electricidad con combustibles fósiles daña la salud

 El gobierno de la llamada Cuarta Transformación no sale de un conflicto cuando ya se metió en otro.

         Haca unos días se reavivó un polémica nunca resuelta (por lo menos desde el gobierno de Felipe Calderón) acerca de la actuación de las fuerzas armadas en función de policías, lo que para muchos en nuestra sociedad significa la militarización de la vida nacional.

Esa polémica casi seguro nunca se cerrará en tanto no exista una policía civil con capacidad para preservar la seguridad general.

Como si no fuera suficiente, la controvertida secretaria de Energía, Rocío Nahle, que tuvo momentos difíciles luego de negociar la reducción de las exportaciones – lo cual metió a México en un compromiso todavía no bien definido con los Estados Unidos – ahora lanzó un Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, que de inmediato provocó reacciones en contrario porque contraviene todos los planes y acuerdos nacionales para avanzar en el aprovechamiento de las llamadas energías limpias, necesarias para contrarrestar el problema mundial del cambio climático.

Además, en momentos en que se deben diseñar y aplicar programas de rescate de la economía nacional afectada por los efectos de la pandemia del Covid 19, podría significar una grave sangría para las finanzas nacionales, al pagar nuevas indemnizaciones a empresas nacionales y extranjeras que han realizado grandes inversiones para aprovechar las energías “limpias”. Esos eventuales egresos se sumarían a las cuantiosas compensaciones que ya se pagan por las canceladas obras del ex “nuevo” aeropuerto internacional capitalino y por otros virajes de la llamada Cuarta Transformación.

Inconformidad desde todos los rumbos

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Por eso, ante el anuncio de la titular de Energía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respondió que el “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” violenta el estado de Derecho, atenta contra la legalidad, la libre competencia y el bienestar de los consumidores. “Es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano”, sostiene un comunicado suscrito también por la American Chamber/México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.

El organismo cúpula del sector empresarial también señaló que “dicho Acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos”, lo cual representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas las tecnologías”.

“La medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional”, señaló e comunicado del CCE, American Chamber y Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, el cual recuerda que las inversiones en riesgo están en al menos 18 estados de la República y representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares.

Los empresarios indicaron asimismo que la decisión del gobierno federal, dado a conocer por la Secretaría de Energía (SENER) discrimina a las energías renovables y, además, faculta a las autoridades a encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.

Por último, el sector empresarial pidió a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía”.

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“El gobierno de MORENA está ahuyentando a la iniciativa privada en la generación de energías renovables y se beneficia indebidamente de las centrales termoeléctricas cuya generación es mucho más costosa y contaminante”, declaró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, al considerar regresiva la política oficial que impide la puesta en marcha de nuevas plantas de energía renovable y limita la operación de las centrales eólicas y fotovoltaicas que ya están en funcionamiento.

El dirigente de Acción Nacional comentó que el gobierno federal atenta contra las inversiones en energías renovables y limpias, las cuales significarían ingresos por más de seis mil millones de dólares.

Cortés Mendoza recordó que además de proteger la salud y el empleo, el gobierno federal está comprometido a respetar los tratados comerciales con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, así como cumplir el Acuerdo de París, que compromete al empleo de energías menos dañinas para el planeta.

El dirigente del PAN aseguró que “la única salvación para el sector eléctrico es que se vaya Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad.

Si las advertencias de empresarios y de la oposición no resultan importantes para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, tal vez sería conveniente atender los comentarios surgidos de una reunión en México de embajadores de la Unión Europea Embajadores de países de la Unión Europea (UE) que expresaron su “profunda preocupación” por la decisión del gobierno federal, de suspender por plazo indefinido la entrada en operación de plantas de energías renovables y limitar la generación por centrales eólicas y fotovoltaicas.

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De acuerdo con la nota informativa de la agencia oficial, Notimex, fueron 18 embajadores, más un encargado de negocios de los países miembros de la UE acreditados en México, que enviaron una carta a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en la que exponen que referido acuerdo en materia de generación de energía amenaza con desincentivar la inversión privada, incluida la extranjera, ya que impactaría negativamente 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados de la República.

¿Y el derecho a la salud?

Aparte de las cuestiones políticas y financieras, la vuelta al uso de combustibles contaminantes implica poner en riesgo la salud de la población por sus efectos en el aumento de la contaminación ambiental, lo cual contradice las reiteradas promesas del actual gobierno federal de cuidar la salud general, lo cual le ha llevado a reformar el artículo cuarto constitucional, que consagra el derecho a la salud.

En términos generales, el uso de combustibles fósiles para generar electricidad se considera altamente contaminante y de ellos sin duda el de efectos más negativos es el carbón mineral tan favorecido por la Comisión Federal de Electricidad que encabeza Manuel Bartlett Díaz.

Sólo a manera de ejemplo, se puede citar el estudio titulado Impacto Ambiental de una Termoeléctrica, publicado hace ya casi 18 años por el profesor e investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Pedro Medelllín Milán, publicado en el diario Pulso.

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De entrada menciona que el sitio de la Unión de Científicos Comprometidos (UCS por sus siglas en inglés), sostiene que la quema de carbón es una causa principal de smog, lluvia ácida, calentamiento global y tóxicos atmosféricos y estima que en un año promedio, una planta típica de carbón de 500 MW genera: 13,700,000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), causa antrópica principal del calentamiento global. Esa cantidad de contaminantes equivale a cortar 161 millones de árboles.

Además, una planta de tales características genera 10,000 toneladas de dióxido de azufre (SO2), que causa lluvia ácida que daña bosques, lagos y edificios y forma pequeñas partículas aéreas que pueden penetrar profundo en los pulmones. 

También general 500 toneladas de pequeñas partículas que causan bronquitis crónica, agravamiento del asma y muerte prematura, así como niebla que reduce la visibilidad.

Y (ojo autoridades del Valle de México) también emite 10, 200 toneladas de óxido de nitrógeno, equivalente a lo que producirían medio millón de carros viejos. Este elemento lleva a la formación de ozono (y smog) que inflama los pulmones y hace a la gente más susceptible a males respiratorios (¿y el Coronavirus?). 

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