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Columnistas

Miguel Ángel Rivera- CLASE POLÍTICA: Encapuchados arruinan protesta por normalistas desaparecidos

 Todo marchaba de maravilla, hasta que aparecieron los encapuchados y dieron motivo para censurar la marcha por la ciudad de México de los padres de las 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, hace cinco años.

         Primero, los padres de los normalistas desaparecidos tuvieron el privilegio de ser el primer contingente de civiles sin cargo en alguna institución gubernamental de poder hablar desde la tribuna de la Cámara de Diputados.

         Allí sus representantes, Hilda Legideño Vargas e Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González, censuraron las investiaciones realizadas hasta ahora y pidieron que obtener una respuesta aceptable, así como destruir las estructuras y redes criminales que permanecen intactas en Guerrero.

          “La verdad es necesaria, la verdad y la justicia. No se pueden cerrar estos sucesos, horror e impunidad, si no hay verdad”, reclamaron las representantes de los padres de los 43 desaparecidos, quienes también subieron a la tribuna con las fotografías de sus hijos desaparecidos desde hace cinco años.

         La jornada empezó muy bien. En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador – acompañado por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas – apareció vestido con una camiseta que le regalaron los padres de los desaparecidos y reiteró que es una prioridad de su gobierno encontrar a los jóvenes y hacer justicia del caso.

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         “No hay impunidad para nadie y se está trabajando con la Fiscalía y espero se tengan pronto resultados, porque se están atendiendo con seriedad”, aseguró el primer mandatario, quien además confirmó que habrá recompensas en efectivo para quienes aporten nueva información acerca de lo sucedido en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, así como del paradero de los presuntos responsables.

         A las ofertas del presidente López Obrador siguieron las muestras de solidaridad de diputados y senadores en sus respectivas cámaras.

         Además de tener el privilegio de hablar en San Lázaro, en el Senado, la secretaria de Gobernación, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, ofreció que “en un plazo razonable”, este gobierno entregará un reporte de resultados fidedigno, veraz y apegado a la ley sobre la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, para lo cual “se revaluarán pruebas”.

         Al comparecer ante los senadores, en ocasión de la glosa del primer informe del presidente López Obrador, la titular de Gobernación reafirmó “nuestra determinación de reponer en todo lo que sea necesario las investigaciones, reconsiderando y evaluando pruebas ya presentadas, otras recién obtenidas, testimonios anteriores y nuevos para que así en un plazo razonable podamos esclarecer lo que realmente ocurrió y rendir a los familiares y a la sociedad entera un reporte de resultados fidedigno, veraz y apegado a la ley”.

         Además de las palabras de la funcionaria federal, los senadores de la mayoría de MORENA y sus aliados repitieron dentro del salón de sesiones las consignas de protesta de los padres de los desaparecidos y contaron a gritos del uno al 43, en memoria de los jóvenes.

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         Después vino una de las muchas marchas que cotidianamente se registran en las calles de la capital. Los padres de los desaparecidos y sus simpatizantes marcharon desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, siempre bajo la consigna “Ni perdón ni olvido”.

         En el curso de esta manifestación fue donde se descompusieron las cosas.

         Como sucedió hace unas semanas con una marcha de protesta de feministas, apareció un grupo de encapuchados que vandalizaron negocios y edificios públicos, además de provocar a automovilistas. Y, como siempre, agredieron a los representantes de los medios de comunicación que cubren la movilización sobre Paseo de la Reforma

         Contra el ambiente de tranquilidad general de la marcha, esos individuos corrieron por todos lados con el evidente propósito de hacerse notar, para lo cual arrojaron cohetones y rompieron cristales de la Secretaría de Bienestar, así como de un restaurante de la glorieta de Colón, donde también hicieron pintas y rociaron gasolina.

         Además, los agresores cargaban extintores extraídos de algunos edificios aledaños, sin que hubiera alguna respuesta de los cuerpos de seguridad.

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         Los ataques llegaron hasta Palacio Nacional, en donde los encapuchados provocaron a los militares que estaban de guardia en la Puerta Mariana, la que es exclusiva para el Presidente de la República.

         Ante las agresiones, la seguridad fue reforzada por elementos del Equipo Antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que se desplegaron en torno al Palacio Nacional para proteger los monumentos y edificios históricos.

         En el Zócalo, sin importar las promesas del actual gobierno de aclarar lo sucedido en Iguala hace cinco años, los padres de los desaparecidos exigieron dar mayor velocidad a las indagatorias y se actúe con mayor firmeza contra las instituciones y funcionarios que no han cooperado totalmente en este proceso.

         “Es el momento de ser un poco más duro con aquellas dependencias que no quieren dar la información (sobre la desaparición de los estudiantes), porque no nada más con el discurso y las buenas palabras vamos a llegar a la verdad, sino que tenemos que ser un poquito más contundentes” con las personas involucradas en este caso, dijo uno de los padres de los normalistas.

         Empresarios mantienen la oposición al aeropuerto de Santa Lucía.         

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         A pesar de las censuras del presidente López Obrador a quienes han interpuesto demandas contra la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Santa Lucía, México, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos, advirtió que aunque los llamen conservadores y saboteadores legales continuarán impulsando los amparos.

         En encuentro con jóvenes del PAN, como parte de la 24 Asamblea de ese partido, al igual que antes lo hizo el ex presidente Vicente Fox, el dirigente de COPARMEX se lanzó contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

         El dirigente empresarial indicó que el gobierno y su partido, MORENA, han creado un clima de polarización en el país.

          “Hoy vemos cómo se pretende restringir libertades y cómo pretende surgir una presidencia imperial absoluta”, agregó de Hoyos, quién se sumó también al llamado del dirigente panista, Marko Cortés, de aglutinar el descontento ciudadano para evitar que la historia de la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco, se repita.

         De hoyos indicó que ha surgido un centralismo más parecido al del siglo XIX y el equilibrio entre el poder legislativo y judicial es delicado.

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         La estrategia para rescatar al ISSSTE.

         Como parte de la estrategia por devolver la solvencia financiera al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), su director General, José Antonio Ramírez Pineda, logró, a través de una firme negociación, que los fondos que deben los estados y municipios al Instituto, sean recuperados en forma directa por la Secretaría de Hacienda.

         Esto significa que los Estados y municipios ya no podrán argumentar problemas financieros o atribuir otras eventualidades a su negativa de pagar al ISSSTE sus adeudos, que a la fecha superan los 53 mil millones de pesos.

         Con la recuperación de estos fondos, el ISSSTE podrá concretar la reforma administrativa que está en curso desde que Ramírez Pineda asumió la Dirección General de la institución y que tiene como meta principal devolver la estabilidad financiera al instituto, agobiado desde hace años por el pago, sobre todo de pensiones, hacia donde se destina la mayor parte de su presupuesto, el cual cubrirá 231 mil 696 millones de pesos.

         La recuperación de estos pasivos, significa que estados y municipios tendrán que pagar sin estar sujetos a negociación ni a acuerdos adicionales.

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         Para 2020, el ISSSTE a cargo de Luis Antonio Ramírez contempla un gasto programable de 349 mil 442 millones, lo que representa una tasa de crecimiento de 8.08 por ciento en comparación con los 323 mil 322 millones de pesos que ejercerá en el presente año.

         Sin duda, un logro más y otro compromiso cumplido por el titular de la institución en su primer año de gestión al frente del ISSSTE.

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