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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: El optimismo de AMLO no lo comparte Moody´s

El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió otra semana con una buena noticia, pero recibió a cambio un importantes revés.

         En su conferencia mañanera, el primer mandatario, hizo un importante anuncio al informar que tres importantes instituciones crediticias, con fama no sólo en México, sino en todo el mundo – J. P. Morgan, HSBC y Mitzuho Securities – autorizaron crear un fondo revolvente por ocho mil millones de dólares para Petróleos Mexicanos (PEMEX), sin que eso signifique aumentar la deuda de esa empresa.

         López Obrador  destacó que el crédito se firma a menores tasas de interés, lo cual demuestra la confianza de los inversionistas e insistió en que habrá respeto a los contratos y a la legalidad.

Además, volvió a refutar a quienes pretenden hacer ver que la economía va mal, pero sobre todo se mostró complacido porque ese préstamo – que se utilizará sólo cuando sea necesario – garantiza realizar uno de sus proyectos más preciados: un nueva refinería en el puerto de Dos Bocas, Tabasco.

«PEMEX se va a fortalecer como a empresa principal del gobierno y nosotros estamos decididos respaldar, a apoyarla. No sólo haciéndonos cargo de su deuda, considerando que es deuda soberana, sino como una política fiscal, favorable a PEMEX a la que se le exprime», afirmó el presidente., al reiterar que habrá crecimiento sin inflación, sin endeudamiento y con disciplina en el manejo de la macroeconomía, mediante la cero tolerancia a la corrupción, respeto a los contratos y a la legalidad.

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Pero el gusto no fue completo ni duró todo el tiempo. Ayer mismo, la calificadora Moody´s, que ya anteriormente había reducido las perspectivas se crecimiento para México, advirtió acerca de riesgos en la construcción de la refinería de Dos Bocas

«Dada la falta de experiencia del gobierno (y PEMEX) en la construcción de refinerías, es probable que el proyecto termine costando más y tomando más tiempo de lo que el gobierno anticipa, colocando más presiones sobre los recursos fiscales», indicó la calificadora.

Moody´s recordó que la última vez que PEMEX construyó una refinería fue hace más de 40 años, y que ahora las tecnologías y procesos son muy diferentes. Además, criticó que el uso de la capacidad de sus seis refinerías es inferior al 50 por ciento.

Por lo anterior, dijo, «surgen dudas sobre el compromiso y la capacidad de PEMEX para construir la refinería», y no descartó un escenario en el que el proyecto no se complete «debido a su complejidad técnica y la incapacidad del gobierno para ejecutarlo».

«La promesa de su gobierno (de López Obrador) de mantener la responsabilidad fiscal aparece cada vez más en tensión con su ambiciosa agenda de gastos sociales y de infraestructura»,  dijo la calificadora internacional que, en un reporte aparte, detalló que en México la producción de petróleo y gas ha ido disminuyendo desde 2004, debido a una inversión insuficiente y una fuerte carga fiscal en PEMEX, pero reconoció que con los nuevos lineamientos del gobierno federal la inversión de capital aumentará a 12 mil millones de dólares en 2019.

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La calificadora también señaló que el “enfriamiento” que registra la economía mexicana y las restricciones fiscales obstaculizan que el gobierno federal cumpla con una ambiciosa agenda de infraestructura que impulse el empleo y el crecimiento. Además, refirió que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ha elevado las preocupaciones de los inversionistas y el temor de que el nuevo gobierno debilite la regulación.

         La Cosecha

         Si bien sus planes para la industria petrolera no tienen pleno respaldo de los expertos internacionales, el presidente  López Obrador está a punto de recibir el respaldo del Poder Judicial Federal para su política de austeridad, expresada en las reformas impulsadas por su partido, MORENA en el Congreso de la Unión, con la finalidad de reducir las remuneraciones de los servidores públicos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició ayer la revisión de las demandas de amparo con la finalidad de declarar inconstitucionales los cambios a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y aunque el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, que previamente había ordenado se suspendiera la aplicación de esa norma, propuso que se cancelara en definitiva, tres de sus compañeros votaron en contra.

En particular, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que la ley de salarios fue expedida el 5 de noviembre de 2018, con la finalidad de reglamentar los artículos 75 y 127 constitucionales en materia y, posteriormente, el 12 de abril de este año se publicó un decreto en el que se modificaron sustantivamente 15 de sus 17 artículos y se adicionó el artículo 7 bis. En consecuencia  como los aspectos fundamentales de la ley sufrieron modificaciones, se alteró la totalidad del sistema normativo previsto en el primer decreto y, por lo mismo, dejan de tener validez las inconformidades expresadas por algunos funcionarios y legisladores.

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 Además de Zaldívar Lelo de Larrea, las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Yasmín Esquivel Mossa se pronunciaron por el sobreseimiento.

En consecuencia, aunque la discusión continuará hoy, se estima que las acciones de inconstitucionalidad serán definitivamente rechazadas, pues sólo falta un voto para que el máximo tribunal del país desestime las impugnaciones.

         Desde hace años se ha hablado de la conveniencia de aumentar los periodos ordinarios de sesiones de la dos cámaras del Congreso de la Unión. Actualmente son dos, que van del 1 de septiembre al 15 de diciembre (salvo en el año de cambio de gobierno federal, en el cual se pueden agregar 15 días) y del 1 de febrero al 30 de abril.

         Como lo evidenciaron recientes acontecimientos, como la reforma educativa, los periodos ordinarios no son suficientes y por ello se tienen que convocar a sesiones extraordinarias.

         Esta situación fue tomada en cuenta por el actual presidente del Senado y destaco miembro de la bancada mayoritaria de MORENA, Martí Batres Guadarrama, quien anunció que mañana, miércoles, presentará ante la Comisión Permanente una iniciativa de reformas a los artículos 64 y 65 de la Constitución, para instaurar un tercer período ordinario de sesiones en el calendario legislativo.

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Dijo que ante los cambios que vive el país, es necesario que el Congreso trabaje un período más, que podría ser de junio a julio.

En conferencia, el legislador aseguró que buscará los consensos para sumar esfuerzos a esta iniciativa, que buscaría sacar adelante los temas pendientes que se acumulan el Congreso, como es el caso de la mencionada Reforma Educativa, de la que todavía faltan las leyes reglamentarias, así como lo relativo a la Guardia Nacional.

“Eso hace necesario la necesidad de hablar de un tercer periodo ordinario”, agregó el presidente del Senado, cuya propuesta seguramente será examinada a corto plazo.

         Luego de la alarma que causaron sucesos violentos en las zonas turísticas de Quintana Roo, con el consecuente efecto negativo en el productivo sector del turismo, el gobierno de ese estado, encabezado por Carlos Joaquín González, presume que los delitos de alto impacto registran una tendencia a la baja en diez de sus once municipios.

Los logros en esa materia se aprecian al comparar las estadísticas del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 6 de mayo de 2018, con el mismo lapso del 2019 en la entidad. En particular, el índice de homicidios presenta una disminución de 58 por ciento de 2018 a 2019.

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Los medios locales destacan que la excepción es el municipio de Solidaridad, en donde se encuentra Playa del Carmen, debido a que la presidenta municipal, surgida de MORENA, Laura Beristaín Navarrete, se niega a trabajar en coordinación con el gobierno del estado.

          El otro grave problema de ese estado es la aparición de sargazo en sus playas.

          El gobierno del estado inició los trabajos de retiro de sargazo en las playas en Majahual y Xcalak, con trabajadores temporales provenientes de comunidades de pescadores que han sido contratados y voluntarios que se han unido. El gobierno federal lleva la coordinación técnica a través de SEMARNAT con apoyo de FONATUR y la parte operativa estará a cargo de la SEMAR en las aguas de Alta Mar, y también participará CONAPESCA en aguas someras y en las playas.

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