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Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: El objetivo: quitar armas y dinero a delincuentes

 – La lucha contra la delincuencia organizada vinculada al tráfico de drogas tiene que incluir quitar a las bandas criminales sus grandes recursos financieros y privarlas del casi inagotable aprovisionamiento de armas.

         Esa parece ser la estrategia que han seguido las autoridades mexicanas luego de lamentables sucesos como la “toma” de Culiacán, la matanza de mujeres y niños de la comunidad menonita y el enfrentamiento de sicarios y agentes de la autoridad en el poblado coahuilense de Villa Unión.

         Estos graves sucesos marcaron una caída en la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que al parecer se había limitado a ofrecer “amor y paz” y anunciar que se había terminado la violencia derivada de la “guerra” contra los cárteles declarada por el ex presidente Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto. 

         Tal vez sea prematuro hablar de un cambio, pero al parecer la nueva estrategia busca privar a las bandas criminales de armamento y de recursos financieros.

         Una de las señales la dio el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, al dejar en claro ante los integrantes del Senado mexicano que, si los Estados Unidos de verdad desean cooperar en la lucha contra el narcotráfico, deben controlar las remesas ilegales de armas.

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         Esta resulta una buena reacción del gobierno mexicano, luego de que aparentemente se ha doblegado ante el régimen que encabeza en los Estados Unidos el beligerante multimillonario Donald Trump, sobre todo cuando amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si la administración de López Obrador no contenía la migración procedente de Centroamérica.

         Aunque el presidente López Obrador ha dicho que no acepta presiones del extranjero, lo cierto es que la política mexicana de puertas abiertas a los migrantes, cambió de rumbo, tanto que una buena parte de la recién creada Guardia Nacional fue comisionada a resguardar la frontera sur.

         Ya desde hace tiempo, AMLO y su secretario de Relaciones Exteriores habían advertido sobre la necesidad de que la Unión Americana se responsabilizara de contener el tráfico de armas hacia nuestro territorio, pues con frecuencia los criminales están mejor equipados que las autoridades responsables de combatirlos o, al menos, contenerlos.  

         Este elemento de negociación para la parte mexicana fue ratificado por Ebrard en su comparecencia ante el Senado y no sólo eso, también el primer mandatario mexicano ha hecho su parte al confirmar que hoy, jueves, recibirá al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y que uno de los temas de su entrevista será el contrabando de armas. 

«Va a estar en México el procurador de Estados Unidos (…), son dos temas que se tienen que tratar. Es el de la introducción de armas y de dólares, las dos cosas; desde luego también la droga, pero se incluye armas y dólares», informó López Obrador en su conferencia de prensa matutina. 

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El mandatario mexicana aseguró que su gobierno no permitirá ningún operativo como el de «Rápido y Furioso», que se realizó en el sexenio de Felipe Calderón en conjunto con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos.

En esa operación, se permitió el ingreso aparentemente ilegal de armas supuestamente para identificar a los grupos que los recibirían, pero el rastro “se perdió”.

«Mientras estemos en el gobierno no se va a permitir ningún operativo como el de ‘Rápido y Furioso’, porque eso, si recuerdan, fue una violación flagrante a nuestra soberanía que causó mucho daño (…) fue un rotundo fracaso el plan. Esas actividades, esos acuerdos no se permiten», afirmó el primer mandatario.

El Ejército exhibió las estratagemas de los delincuentes para contrabandear armas.

Desde ahora debe tenerse en cuenta que contener el contrabando de armas no es una tarea fácil, pues las bandas dedicadas a esa ilícita actividad recurren  a muchos trucos, que son facilitados por las enormes ganacias derivadas de ese negocio. Son los mismos o parecidos recursos utilizados para llevar las drogas hacia el norte.

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Apoyado en fotografías y otros testimonios, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, presentó a los medios de comunicación los trucos a los que recurren los contrabandistas de armas, las cuales se ocultan en televisores, lavadoras, puertas de automóviles, asientos de camiones y tráilers.

Uno de los casos notables fue el de una ametralladora calibre 50, como las que aparecieron en la fallida operación de Culiacán, y que tienen capacidad para penetrar vehículos blindados. Una de esas armas fue transportada entre el motor de un transporte; otras han sido detectadas disfrazadas como pistolas de juguete o para videojuegos.

Al participar en la conferencia matutina del presidente López Obrador, el titular de la Defensa dijo que los cartuchos se esconden dentro de botellas de refresco, frascos de chocolate, baterías de automóvil, en cilindros de gas y tanques de combustible.

El general Sandoval aclaró que las revisiones en las aduanas son aleatorias, ya que si se revisaran todos los vehículos habría filas de cientos de kilómetros y añadió que también se busca evitar daños a la economía, porque hay negocios lícitos de transporte de alimentos perecederos.

Sandoval comentó que se estima que hay en territorio mexicano un millón 679 mil armas ilegales y también reveló que las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad adquirieron 468 mil armas entre 2009 y 2019, en el mismo lapso se estima que ingresaron de manera ilegal dos millones, o sea, 200 mil por año.      

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También indicó que un 70 por ciento de las armas aseguradas procede de los Estados Unidos, principalmente de Texas, Arizona, Nuevo México y California, donde hay 22 mil licencias para ventas. El resto llega de España, Austria, Italia y otros países.

El secretario de la Defensa recordó asimismo que en la actual administración se ha cambiado el sistema para detectar contrabando, pues antes se revisaba de preferencia el tráfico de sur a norte para detectar droga, y ahora también se revisa de norte a sur, lo que ha permitido descubrir también envíos de armas y parque.

La Secretaría de Hacienda trata de cegar las fuentes de dinero para las bandas.

         El otro frente contra las organizaciones delictivas es el de quitarles los grandes recursos financieros de gozan y les permiten adquirir las armas y demás implementos que requieren para su actividad.

Esta tarea está a cargo centralmente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto Castillo, quien al parecer ya no se limita a perseguir a rivales políticos del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

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Este funcionario informó haber firmado diversos acuerdos de bloqueo de cuentas bancarias a 122 personas físicas y morales vinculadas presuntamente al narcotráfico.

El funcionario indicó que se presume que esas personas físícas y morales están vinculadas a los cárteles de Jalisco, Sinaloa, Unión de Tepito y Los Zetas, y aseguró que en las siguientes horas las instituciones financieras darán a conocer los montos de cada una de esas cuentas.

Nieto Castillo estimó que a la fecha se han congelado 990 millones de pesos de cuentas supuestamente vinculadas a bandas criminales y que de las 330 cuentas recién bloqueadas al cártel de Sinaloa, una de ellas pertenecía a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán.

De paso, el fiscal recordó la necesidad de realizar reformas a la ley, para que las autoridades puedan disponer de esos recursos,  debido a que hay cuentas bloqueadas que son abandonadas.

Por ejemplo, se identificaron dos cuentas supuestamente ligadas al cártel de Jalisco por dos millones de dólares y 24 millones de pesos, que nadie reclamó y que se quedan en el banco.

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“Se tiene que generar alguna reforma para que esas cuentas vayan a programas sociales”, dijo el funcionario en un evento organizado en la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).

Nieto Castillo dijo que también se requiere que la información de los sindicatos y sus dirigentes pueda ser requerida por la UIF a la Secretaría del Trabajo u órgano equivalente a nivel local, en cualquier momento, ya que los donativos a los sindicatos pueden ser considerados actividad vulnerable cuando superan los 135 mil pesos.

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