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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: El mayor número de homicidios, en el sexenio de Peña Nieto

 Más malos resultados para México, pero en este caso no se puede responsabilizar al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, pues en todo caso durante el año anterior estuvo al frente del país sólo durante un mes, aunque asumió muchas responsabilidades desde julio.

         De acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2018 se registraron 35 mil 964 homicidios en México, la mayor cifra desde 1990, cuando inició el registro de este indicador. Este número implica un crecimiento de 12.1 por ciento respecto a los 32 mil 079 registrados en 2017.

         Esto resultados preliminares indican que se registraron de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es superior a la registrada en 2017, cuando fue de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes.

         El INEGI indicó asimismo que, de 2013 a 2018, o sea el sexenio que encabezó el ex presidente Enrique Peña Nieto, la cifra de homicidios en México alcanzó 156 mil 437, lo cual rebasa en 34 mil 824 casos a los 121 mil 613 homicidios registrados de 2007 a 2012, periodo del gobierno del ex presidente Felipe Calderón, y más del doble que los 60 mil 162 homicidios registrados de 2001 a 2006, durante el sexenio de Vicente Fox.

         Ante estos resultados, el presidente del INEGI, Julio Santaella, escribió en redes sociales: “Homicidios medidos por cada 100 mil habitantes, la tasa de homicidios pasó de 26 en 2017 a 29 en 2018, la mayor tasa desde que se tiene registro”.

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         El recuento por entidad federativa establece que, en 2018, el mayor número de homicidios se registró en Guanajuato, con tres mil 493 casos, seguido del estado de México con tres mil 135 y Chihuahua dos mil 957. Por el contrario, las entidades con menor cantidad de homicidios durante el año pasado fueron: Yucatán con 58, Campeche con 78 y Aguascalientes con 82.

         De acuerdo con el mencionado recuento del INEGI, de los 35 mil 964 homicidios registrados en 2018, 32 mil 141 corresponden a hombres (89.4 por ciento), mientras que sólo tres mil 663 eran mujeres (10.2 por ciento) y en 160 casos no se especificó el sexo (0.4 por ciento)

         El recuento del Instituto se realiza cada mes a partir de las defunciones reportadas por los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas de las entidades federativas, entre los cuales se imncluyen 463 oficialías del Registro Civil, 276 agencias del Ministerio Público y de 113 servicios Médicos Forenses.

         La Cosecha

         El “albazo” de los diputados de Baja California para ampliar de dos a cinco años el periodo del próximo gobernador puso de manifiesto que hay notables divisiones al interior del partido en el gobierno, MORENA, o que sus legisladores han actuado con falsedad al codenar en apariencia ese grave ataque a los principios democráticos.

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         Para no variar, estas sospechas las sustentó o fortaleció la polémica presidenta de MORENA, Yeidckol Polenvksy, quien se negó a sumarse a la condena general contra las maniobras de los diputados de Baja California.

         Por el contrario, Polenvksy defendió la ampliación del período en Baja California: dijo que las gubernaturas de dos años «son una desgracia» y que haber mantenido ese período para el gobernador electo, Jaime Bonilla, no le habría permitido hacer mucho en la administración local…

         La dirigente “morena” negó que su partido haya negociado la reforma electoral y pidió a los militantes no entrar en el juego del PAN al descalificar lo ocurrido en el estado.

         La dirigente nacional de Morena dijo que la validez legal de la reforma a la Constitución local es competencia del Congreso de Baja California y, en última instancia, de la Suprema Corte de Justicia y aclaró que MORENA no presentará ningún recurso legal para impugnar la reforma.

         En resumen, la presidenta de MORENA expuso una posición totalmente contraria a la que presentaron los diputados y senadores de su partido apenas un día antes en la Comisión Permanente, donde condenaron la acción de los legisladores bajacalifornianos y ofrecieron respaldar las acciones legislativas y judiciales a que haya lugar para dejar sin efecto el “albazo”.

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         Las dos posibles explicaciones es que, los diputados y senadores de la Permanente están en un sector contrario de la presidenta Polenvsky, quien por cierto intenta ampliar su mandato, que termina en noviembre venidero. La otra es que los legisladores participan de un engaño de grandes dimensiones, para poner a prueba la posibilidad de ampliar el periodo del presidente de la República, aunque el actual primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, firmó ante notario una declaración en la que asegura que no buscará ser reelegido.

         Mientras tanto, con 420 votos a favor, diez en contra y nueve abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general los nuevos procedimientos de carácter civil para el aseguramiento, disposición, uso, usufructo y enajenación de los bienes derivados de actividades ilícitas, conocida como ley de extinción de dominio.

         A favor del dictamen votaron los grupos parlamentarios de MORENA, PAN, PES, PT, MC y PVEM, así como algunos legisladores del PRI y la bancada de ex perredistas, hoy sin partido. La fracción del PRD y el pesista Ricardo de la Peña se pronunciaron en contra. Otros ocho priistas, así como Adriana Teissier, del PES, se abstuvieron al advertir el riesgo de incautar bienes a personas inocentes y por considerar que se deja a discreción del Ejecutivo el destino de los recursos sujetos a extinción de dominio.

          Esto porque los bienes en proceso de extinción de dominio podrán destinarse en forma anticipada para el servicio público, para programas sociales y otras políticas públicas prioritarias, según lo determine el gabinete social del Ejecutivo Federal.

         Además, el fiscal general de la República deberá presentar al Senado un informe anual respecto al número de juicios de extinción de dominio en trámite, sentencias emitidas en la materia, valor estimado de los bienes sujetos a extinción de dominio, ingresos obtenidos en los juicios respectivos, además de las solicitudes de cooperación internacional y asuntos de desistimiento.

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         El Consejo de Ministros de España consideró válidas las razones y las pruebas presentadas por el gobierno de México para que se conceda la extradición formal del empresario Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA).

         La decisión del Consejo la confirmó la subdirectora de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia de España, por lo que se fijó audiencia para el próximo 30 de julio, prevista en el artículo 12 de la Ley de Extradición Pasiva, en la que se solicitará al empresario que manifieste si accede o no a la extradición, informó la FGR.

         La demanda la fundamentó la Fiscalía General de la República (FGR), la cual confirmó que la solicitud formal de extradición y sus anexos ya fueron enviados al Juzgado Central de Instrucción Uno para continuar con el procedimiento contra de Ancira, acusado de daño patrimonial a PEMEX por la compra-venta de la planta Agro-Nitrogenados.

         En el otro extremo, también vinculada con el caso de la compra venta de la mencionada planta de fertilizantes, está Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, contra la cual se giró orden de aprehensión, pero debido a que los delitos que se le imputan no son graves ni ameritan prisión preventiva oficiosa, el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, le concedió suspensión definitiva, pero fijó un plazo de cinco días para el pago de una garantía por 4 mil 500 pesos.

         Una noche antes, el abogado de la acusada, Javier Coello Trejo, reveló que su cliente había sido detenida en Alemania, país en donde estaba de vacaciones acompañada por sus nietos.

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         Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocimiento a México por el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, fueron bien recibidas en nuestro país, pero no en todos los países de Centroamérica.

         Esta situación potencialmente conflictiva la resiente personalmente el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada, recientemente elegido presidente de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Ciudades fronterizas, que tiene como misión central buscar soliciones a la crisis migratoria de la región.

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