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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: El gobernador de Chiapas equivocó el camino

Después de disfrutar de la protectora sombra que proyecta su amigo Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, “se le vino el mundo encima” por el simple hecho de que la policía a su cargo cumplió con la responsabilidad de desalojar a un grupo de manifestantes que bloqueaba una de las principales avenidas de la capital de su estado, Tuxtla Gutiérrez. 

         El primer error consiste en no considerar que el grupo de manifestantes los integraban padres, amigos y compañeros de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, en medio de sucesos violentos que, oficialmente, todavía no han sido debidamente aclarados. 

         Para el desalojo, segundo error, la policía recurrió a la violencia y al uso de gases.

         Mediante un comunicado, el gobierno de Chiapas convalidó la acción de sus agentes con el argumento de que los manifestantes se negaron a dialogar y actuaron con violencia. En dicho comunicado, las autoridades dijeron haber actuado “atendiendo la demanda de la ciudadanía de garantizar el derecho a transitar libremente”.

Hasta allí todo parecía desarrollarse dentro de los límites “normales” de este tipo de acciones, pero pronto vino la reacción de los promotores y simpatizantes de los padres de los normalistas desaparecidos, así como de los actuales estudiantes de Ayotzinapa y de otras normales rurales que parecen tener franquicia para cerrar calles y carreteras por diversas partes de la República y además apoderarse de casetas de peaje para allegarse dinero mediante el recurso de solicitar a los automovilistas “cooperación voluntaria”.

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         Las protestas de las organizaciones y personas solidarias fueron atendidos a la brevedad en la Secretaría de Gobernación, en donde la titular, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas censuraron la violencia de los policías.

         Lo peor sobrevino ayer por la mañana, pues en su cotidiana conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó a las reprimendas contra el gobierno chiapaneco.

         “Condeno lo que sucedió en Chiapas, fue un abuso de autoridad, más que eso, que debe ser investigado y castigado”, dijo el primer mandatario, qiuien recurrió a su vieja bandera de que su gobierno rechaza la represión.

Debió ser un difícil trance para el gobernador Escandón Cadenas, quien llegó al poder gracias al “tsunami” desatado por su amigo y compañero de lucha López Obrador. El gobernante chiapaneco es, además, integrante de un muy reducido grupo de tabasqueños que pueden presumuir de su cercanía personal con el jefe del Ejecutivo Federal. Su esposa, Rosalinda López Hernández, es titular del SAT; el hermano de ésta es el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y su otra hermana, Silvia Aurora, es la esposa de Humberto Mayans Canabal, que fue promovido por el presidente de la República para ser consejero “independiente” de PEMEX.

Como se aprecia, es un grupo muy unido y con importantes posiciones.

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Por ello, el gobernador chiapaneco Escandón Cadenas, debió seguir el ejemplo de su cuñado tabasqueño, que antes que enviar a sus agentes contra los manifestantes, optó por ponerlos sobreaviso con una “ley garrote” que impide bloqueos callejeros, en aras de que avancen sin contratiempos las obras públicas.

La ley contra las manifestaciones pasó sin contratiempos en la Cámara de Diputados de Tabasco y hasta ahora nadie en el gobierno federal ha expresado alguna palabra de desacuerdo.

El presidente del INE aseguró que, a pesar de las presiones, no renunciará.

         El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que, a pesar de las presiones, no renunciará a la presidencia de ese organismo autónomo.

De paso, el consejero electoral volvió a hacer un llamado a los ciudadanos a defender a la institución que encabeza, porque “no es de nosotros, no es de una persona, es de toda la sociedad, pero tampoco de un partido o de una fuerza política”.

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Córdova Vianello declaró asimismo que, “probablemente no hayamos enfrentado un ambiente tan adverso, tan hostil contra la institución como el que hoy tenemos”.

Esto lo manifestó al dar posesión como director ejecutivo de Organización Electoral a Sergio Bernal Rojas, nombramiento que ocurrió en el contexto de inquietud y de presiones de todo tipo porque está en proceso la elección de cuatro nuevos consejeros, para sustituir a otros tantos que terminan sus periodos. Los nuevos consejeros deberán de iniciar funciones en abril próximo.

También ha sido motivo de enfrentamiento con el gobierno federal y con los legisladores de MORENA y sus aliados la controversia constitucional que está a revisión en la Suprema Corte de Justicia por los altos salarios de funcionarios electorales que se niegan a aceptar recortes.

“Me enoja” que digan que el INE cuesta caro, comentó el presidente del Instituto al relatar ante colaboradores una anécdota:

“Les voy a hacer una confesión: un amigo periodista, pocos días después de la elección de 2018 me dijo ‘ya vete, estás en la cresta de la ola, sacaste una elección complicadísima. ¿A qué te quedas? Te van a querer echar, viene la cuesta arriba. No vale la pena’

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“Y le dije ‘estás loco, tengo una responsabilidad que cumplir’. Tal vez en el plano personal lo más sencillo y cómodo, sería cerrar nuestro ciclo antes. Por lo menos la vida sería más tranquila, menos agitada, menos riesgosa para nuestro prestigio”.

Luego de este relato, Córdova advirtió que en el tercio final de su gestión como presidente hay temas pendientes, como la elección de 2021, y garantizar condiciones para el voto libre y que la competencia sea equilibrada.

Además sostuvo que tiene la responsabilidad de “cuidar al Instituto, a su gente, a ustedes. Este nombramiento también busca definir la alineación para la elección y la defensa de esta institución, que no es patrimonio propio, como algunos pseudo intelectuales orgánicos pretenden vender, a partir de las decisiones que estamos tomando”.

Por ello, pidió a sus colaboradores “cerrar filas” para la defensa de la institución y de su misión histórica. “La defensa de la institución y cumplir con la elección de 2021 nos va a implicar todo nuestro esfuerzo”, recalcó.

El sorteo del avión ya no tiene avión y, posiblemente, tampoco hay dinero para los premios.

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El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se lució ante el presidente López Obrador, al entregarle dos mil millones de pesos supuestamente “recuperados” de un opertivo especial contra un acuerdo considerado ilegal entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la empresa privada Telra Realty.

De inmediato se hicieron planes para que ese dinero sirviera de respaldo para los premios en efectivo del sorteo del avión presidencial que sólo lleva ese nombre, pues no habrá ningún avión involucrado.

Pronto se escucharon voces que advirtieron  que se dinero no se podía dispone de inmediato a capricho del gobierno federal, ni tampoco se podía entregar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

A esas voces se sumó el secretario general del sindicato del Instituto, Rafael Riva Palacio, quien confirmó que ese dinero, así sea recuperado de una operación ilegal, pertenece a los derechohabientes.

El dirigente sindical anunció que el sindicato defenderá el dinero otorgado al INDEP. “No estamos de acuerdo que se vaya a otro lado, así no lo haya recuperado el Instituto, ese dinero es de los trabajadores”.

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En declaraciones al salir de una reunión del Congreso del Trabajo, Riva Palacio admitió que no presentado la reclamación del dinero ante el gobierno federal, pero hará la denuncia pertinente. Explicó que “el conducto adecuado son los órganos de dirección del INFONAVIT, los sectores obrero, empresarial y el de gobierno”.

“No vamos a esperar a que recuperen los otros tres mil 88 pesos para que nos den todo. Por lo pronto a través de los medios de comunicación me encargo de decir que ese dinero lo reclamamos nosotros porque es de los trabajadores”, insistió.

En efecto, el INFONAVIT no forma parte del gobierno federal, sino que es una institución con administración independiente, con representantes del propio gobierno, así como de organizaciones sindicales y patronales.

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