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Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: El costo de evitar la corrupción de jueces

Al proponer, en 1994 la reforma al Poder Judicial Federal, el entonces presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, desestimó el costo de la misma y sostuvo que lo importante era la independencia de los encargados de impartir justicia.

La reforma, dijo el ex primer mandatario, “debe ser prioridad nacional y si tenemos que gastar dos, tres puntos o más del PIB en crear esa condición, me parecería que es un precio muy barato, porque lo que vamos a recibir a cambio de eso, va a ser mucho más crecimiento económico y sobre todo, creo que se le van abrir perspectivas al país enormes”.

En posteriores reformas al artículo 127 constitucional, el segundo presidente de la República surgido del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, empezó a poner límites a los ingresos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y otros integrantes del Poder Judicial, entre los cuales destaca – aunque ahora se olvida – hacer vigente el principio de que ninguno de ellos puede ganar más que el presidente de la República.

Lo anterior se olvidó porque el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, redujo radicalmente el salario para el titular del Ejecutivo Federal y demanda que los funcionarios de todos los poderes de la unión acepten ingresos inferiores y para eso promovió una nueva reforma legal en materia de retribuciones a los funcionarios públicos.

Los cambios no han tenido aceptación general. Legisladores federales, directivos de organismos autónomos, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), impugnaron las modificaciones legales impulsadas por AMLO y su partido, MORENA.

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Las inconformidades fueron escuchadas por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que también se sienten afectados, pues han sido objeto de acusaciones directas de parte del presidente de la República, quien considera “inmoral” que haya salarios de casi 600 mil pesos.

Por lo pronto, el ministro de la SCJN Alberto Pérez Dayán  “congeló” la controvertida Ley Federal de Remuneraciones porque va en contra del también principio constitucional de que no se pueden recortar los salarios de un trabajador, aunque lo acepte voluntariamente.

Además, como ya es costumbre, vía redes sociales, la Suprema Corte negó que sus integrantes tuvieran salarios que se acerquen a los repudiados 600 mil pesos mensuales y remitió a un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en febrero del presente año, en el cual se incluye el tabulador con los salarios de los ministros y otros funcionarios del Poder Judicial federal.

Allí se puede constatar que el salario mayor de un ministro es de 269,215 pesos mensuales, pero este no es general, sino que aplica únicamente a los integrantes del máximo tribunal que ya estaban en funciones antes de que se publicara la reforma al artículo 127 constitucional el 24 de agosto de 2009. El resto de los ministros tienen a la fecha un salario de 159,282 mensuales.

También, con un listón blanco en el brazo derecho y en la solapa del saco, jueces y magistrados realizaron una inédita protesta en demanda de respeto a la división de poderes y negaron de manera categórica ganar más de 600 mil pesos al mes.

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Por cierto, todo mundo parece olvidar uno de los argumentos centrales que se manejaron al discutirse la reforma al Poder Judicial promovida por el ex presidente Zedillo: que los elevados salarios para jueces, magistrados y ministros eran un recurso para asegurar su autonomía, pero sobre todo evitar que sucumbieran ante los sobornos ofrecidos por los delincuentes.

Si se cumplieron o no las previsiones, eso es otra cosa.

La Cosecha

En tanto, el Senado refrendó su respeto a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero presentó ante el máximo tribunal un recurso de reclamación contra la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, dictado el siete de diciembre pasado en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición.

El presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, negó que exista una confrontación entre poderes o vulneración de la autonomía del Poder Judicial, ya que sólo se busca hacer realidad lo que dice el artículo 127 Constitucional en el sentido de ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República.

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El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, comunicó que como resultado de suscribir el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el gobierno mexicano modificará sustancialmente su política migratoria.

Ebrard participa en la Conferencia Intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial de Migración en Marrakech, Marruecos, donde destacó que los flujos migratorios no son un problema de la frontera a la que llegan, sino un fenómeno que se debe ver desde su origen, tránsito, destino y eventual retorno.

Militar en MORENA, aunque se pierda una elección, asegura tener un empleo en el gobierno federal.

Al menos así le ocurrió el ex senador y ex candidato a gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta, quien tiene seguro un lugar en el equipo del presidente López Obrador. El anuncio lo hizo el propio primer mandatario, luego de que el Tribunal Federal electoral decidiera que no procede la denuncia de Barbosa, quien pidió se anulara el triunfo de la candidata de la coalición PAN-PRD-MC, Erika Alonso, que a final de cuentas se confirmó como ganadora.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que el servicio público no debe estigmatizarse y propuso revisar las estructuras burocráticas sin violentar derechos y con un enfoque “integral, informado y coherente”.

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“Estamos convencidos de la necesidad y conveniencia de ajustar, tanto aquellas remuneraciones que resultan excesivas como aquellas que son insuficientes, pero tal cuestión debe hacerse siguiendo estándares internacionales, bajo parámetros objetivos y fundados en la Constitución, que no vulneren derechos, precaricen y debiliten el servicio público”, dijo González Pérez en la ceremonia de entrega del premio nacional de derechos humanos, encabezada por el presidente López Obrador.

En un comunicado oficial, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazó las provocaciones y la violencia relacionada al paro de actividades que “un grupo minoritario de alumnos apoyado por personas ajenas”, mantiene desde el pasado 27 de noviembre en la Preparatoria 2.

La Universidad destacó que las instalaciones fueron ocupadas sin tomar en cuenta las legítimas voces de alumnos, profesores, miembros del Consejo y autoridades del plantel, quienes reclaman la reanudar de inmediato las actividades académicas.

 

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