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El decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que ordena a las fuerzas armadas cumplir funciones de policía por un periodo de cinco años fue declarado anticonstitucional por un juez federal.

         El titular del juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, señaló que el acuerdo presidencial que incorporó a las Fuerzas Armadas dentro del sistema ordinario y permanente de seguridad interior en tiempos de paz, contraviene las disposiciones constitucionales en materia de actuación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.

          El juez Santos Pérez recordó en su sentencia que en esta materia ya se ha establecido jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y además señaló que el acuerdo presidencial no cumple con el criterio de delimitación geográfica de la intervención de las Fuerzas Armadas, porque ordena la participación de los militares en todo el país.

El fallo contra el acuerdo presidencial responde a la demanda de un organismo no gubernamental y ordena que el primer mandatario “desincorpore, en el presente y en el futuro, de la esfera jurídica de la moral quejosa, el contenido material del acuerdo reclamado”.
Con ello, añadió, las fuerzas armadas no deben llevar a cabo ningún acto de privación o molestia en perjuicio de la parte quejosa en aplicación del acuerdo aludido, porque ha sido declarado inconstitucional.
Pero no se trata de la única impugnación contra la disposición del primer mandatario, pues desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) dieron a conocer que presentaron diversos amparos para impugnar el decreto presidencial que instruye a las Fuerzas Armadas permanecer en tareas de seguridad pública.

         En lo particular, la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, no esperó a la acción de sus compañeros del PAN o militantes de otros partidos, sino que por cuenta interpuso directamente ante la Suprema Corte de Justicia una controversia, mediante la cual  solicitaba revisar la constitucionalidad del acuerdo del presidente de la República.

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         Esta acción de Rojas le valió que se lanzaran en su contra los legisladores de MORENA y Asociados, quienes reclamaron, inútilmente, que no hubiese solicitado autorización del pleno de la Cámara. Pero, al fin y al cabo, la legisladora panista y sus asesores demostraron que, en su calidad de representante de su Cámara – y ocasionalmente de todo el Congreso de la Unión – estaba en libertad de actuar.

         En consecuencia, esa controversia constitucional forma parte de alrededor de una decena de asuntos que tiene que resolver el máximo tribunal del país en relación con actos o disposiciones del Ejecutivo Federal y de sus senadores y diputados que presuntamente no se han apegado lo que ordena la Constitución General de la República ni sus leyes reglamentarias.

         En el caso presente, el gobierno federal puede impugnar el fallo del juez de distrito y presentar su protesta ante un tribunal y, en caso de que la sentencia vuelva a ser negativa, puede llegar a la Suprema Corte de Justicia, en donde los ministros ya no podrán tomarse más plazos de espera, pues ya tienen acumuladas, por lo menos, las dos controversias presentadas por la ex presidenta de la Cámara de Diputados y por los senadores del PAN.

         Otro de los criterios tomados en cuenta por el juez Santos Pérez consiste en que autorizar l actuación de las fuerzas armadas en funciones de policía en todo el territorio nacional resulta una

“determinación claramente injustificada y desproporcional”, pues atendiendo a la región del país en que nos situemos, se podrá observar, con mediana facilidad, que no todos los estados del país viven el mismo grado de inseguridad en las calles”.

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         Además, el juez destacó que no se respetó el principio de que las acciones de las fuerzas armadas estén subordinadas a las autoridades civiles.

         En su fallo, el titular del juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México señaló que la entrada en vigor del acuerdo presidencial facultó a las autoridades militares a llevar a cabo tareas de seguridad pública, sin establecer, expresamente, que en estos supuestos las autoridades militares se encuentran subordinadas a las autoridades civiles; “lo que resulta de suma relevancia si se recuerda que, en consecuencia, las citadas autoridades militares seguirán actuando de conformidad con el régimen de subordinación militar previstos en las leyes orgánicas de dichos cuerpos militares como lo son la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Armada de México”.

         El juez destacó que, al llevar a cabo tareas de seguridad pública en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas no deben fungir como autoridades ordenadoras en el comando de las respectivas operaciones, pues su función es únicamente la de auxiliar, como autoridades ejecutoras, a aquellas del orden civil”.

          Además, el juez Santos Pérez indica que el acuerdo presidencial no establece una debida fiscalización de las actuaciones de las autoridades militares realicen en funciones de seguridad pública. Únicamente se limita a señalar que las tareas que realicen las instituciones castrenses, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda.

         Por el contrario, pone de relieve que, como cada dependencia, sea civil o militar, será la encargada de analizar las actuaciones de sus elementos, se llega a una determinación por demás contraria a derecho si se toma en consideración que, como se expuso, cuando las instituciones militares participen en tareas de seguridad pública que atañen, originalmente, a autoridades de carácter civil; entonces las primeras deben sujetarse a la jurisdicción de la sociedad civil y no así, a la militar”, puntualizó el juez.

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         En conclusión, señala que el acuerdo “resulta tan vago”, que no se puede establecer, con claridad, a qué autoridades se someterán las autoridades castrenses, para el debido control de las actuaciones que lleven a cabo en materia de seguridad pública.

         Mario Delgado golpeó directo al Ego de Muñoz Ledo. 

         Mientras se organiza la que se supone será encuesta definitiva para decidir quién será el próximo dirigente nacional de MORENA, la disputa entre los diputados Mario Delgado Carrillo y Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega continúa en todo lo alto.

         Aunque en principio el coordinador de los diputados federales “morenos”, Delgado Carrillo, le restó importancia a las denuncias presentadas en su contra por los simpatizantes del ex presidente de la Cámara y ex candidato presidencial del PARM, sus seguidores respondieron con una acusación similar: uso de cuantiosos recursos de procedencia desconocida para sustentar la aspiración de Muñoz Ledo.

         Pero más allá del dinero y de su origen, la ofensa seguramente más grave en contra del enorme ego de Muñoz Ledo es que su rival lo califique de senil y prácticamente incapaz no sólo de conducir a su conflictiva organización, sino hasta de valerse por sí mismo.

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         «Porfirio ya ni puede cumplir con su responsabilidad como diputado», comentó Delgado Carrillo, en referencia a la edad del ex secretario de Educación Pública (casi 87 años) y destacó que ahora requiere ayuda para caminar.

         Pero el coordinador de los diputados “moreno” no se limitó a críticas personales, sino que   simpatizantes suyos acudieron a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) a presentar una denuncia en contra de Muñoz Ledo. Pidieron se le investigue por haber utilizado un millón 300 mil pesos, con su tarjeta de crédito, pero que sin que se conozca el origen de esos recursos, para comprar espacios en Facebook.

         La denuncia de hechos, presentada por legisladores de MORENA encabezados por el diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna, quien señaló que “para él es muy sencillo difundir, calumniar, mentir, descalificar a los demás militantes de este movimiento. Lo único más grande que la obsesión de Porfirio Muñoz Ledo por el poder es su ego, por eso se le ha hecho muy sencillo denunciar y contravenir al presidente López Obrador”.

         Esta acusación es respuesta a la protesta de Muñoz Ledo e incondicionales que denunciaron a Delgado Carrillo por el desvío de millonarios recursos de su bancada.

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