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 Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador parece haber ganado la buena voluntad de lo más alto del Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia, en los niveles medios todavía hay quienes al juzgar no se detienen a tomar en cuenta si se trata de cumplir un deseo del primer mandatario y se ajustan a lo que establecen las leyes.

         Uno de esos casos es el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que concedió un amparo a dos empresas de energía limpia contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) que impedía su entrada al mercado.

         Ese acuerdo y otras disposiciones del gobierno de la llamada Cuarta Transformación han sido recibidos con muchas críticas, principalmente porque mientras en el todo el mundo prevalece la tendencia a aprovechar las llamadas energías limpias o renovables, el gobierno federal mexicano parece dispuesto a mantenerse un paso atrás y conservar las plantas y los procesos que consumen combustibles fósiles, que son altamente contaminantes.

         En su reciente gira por Coahuila, el presidente respondió a las acusaciones de legisladores estadunidenses en el sentido de que la actual administración federal viola las especificaciones del renegociado Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos al defender a las empresas públicas.

         López Obrador recordó que nuestro país tiene el derecho soberano y absoluto para decidir en materia de política energética.

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         A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos y por eso tengo que defender el interés público, sostuvo el primer mandatarop al ratificar su decisión de devolver a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex el papel central en la política energética.

         Desde el complejo de la termoeléctrica José López Portillo, el jefe de Ejecutivo Federal explicó que esa planta opera a mínima capacidad por disposiciones legales para beneficiar a particulares y explicó que para defender a CFE y PEMEX “no vamos a violar ningún acuerdo, ningún contrato”.

         Sin violar la ley, agregó, vamos a procurar que no estén subutilizadas estas plantas y que se pueda comprar más carbón y apoyar a los productores de la región carbonífera de Coahuila.

         Pero la verdad es que el marco legal, la reforma energética de la que tanto abomina López Obrador, protege a las empresas privadas que construyen en territorio nacional plantas generadoras de electricidad modernas a partir de energías limpias, como la eólica y la solar.

         Por ello el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones,

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concedió un amparo a dos empresas de energía limpia contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), una disposición especial, apoyada por el gobierno federal y en particular por la Secretaría de Energía, que considera que en pasados gobierno hubo trato preferencial para empresas privadas extranjeras en demérito de las empresas nacionales PEMEX y CFE.

         El acuerdo del CENACE data del 29 de abril del presente año y fue emitido supuestamente para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de la pandemia por Covid 19, porque aseguró que los usuarios finales habían reducido el consumo de energía eléctrica, lo que generó una disminución de la demanda.

         Desde el principio generó resistencias en las empresas privadas, que consiguieron fallos favorables de juecez federales, pero ninguno de tanto impacto como el conocido ayer.

         La reciente sentencia responde directamente a demandas presentadas por las empresas Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca y Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, sin embargo el referido juez federal decidió que los beneficios aplicarán de manera general, a todas las centrales solares y eólicas, pues de aplicarse sólo a dos podría generar desequilibrios en el mercado mercado eléctrico mayorista.

         De acuerdo con el juez, el órgano competente para expedir y aplicar una regulación al Sistema Eléctrico Nacional con motivo de la pandemia de Covid 19 es la Comisión Reguladora de Energía y no el CENACE.

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         Sea como sea, se trata de un duro revés para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y en particular para la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, y para el presidente López Obrador, quien tendrá que recurrir a la salida que ya anunció, promover una nueva reforma constitucional, para devolver su condición preponderante a las empresas públicas, como CFE y PEMEX.

         Este cambio tendría que realizarse a corto plazo, ahora que el primer mandatario tiene amplia mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores, que hasta ahora han cumplido prácticamente todas sus órdenes, a pesar de la resistencia del llamado Bloque Opositor que sólo tiene capacidad en el Senado para oponerse a reformas constitucionales, mientras que en la Cámara de Diputados es ampliamente superado por MORENA y Asociados.

         Los diputados de MORENA van por el fondo de salud. 

         Desde el controvertido proceso para aprobar la extinción de 109 fideicomisos y entregar esos recursos al Ejecutivo para que maneje libremente los recursos que tenían asignados – con un valor total de casi 70 mil millones de pesos – los diputados de MORENA  y sus aliados dieron indicaciones indudables de que también deseaban poner a disposición de su líder y guía, el presidente López Obrador, la condiderada “joya de la corona”, el fondo en materia de salud, que maneja muchos más recursos que todos los fideicomiso juntos.

         La maniobra falló y ocasionó que los trabajos en el Palacio Legislativo se prolongaran más de lo estimado, porque “morenos y asociados” trataron de pasar ese fondo de manera subrepticia, como un agregado de última hora.

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         La oposición descubrió el engaño y provocó que se suspendieran temporalmente los trabajos de la Cámara de Diputados hasta que lograron que se retirara el transitorio relativo al fondo de salud.

         La suspensión fue temporal, pero el propósito de quedar bien con el presidente se mantuvo.

         Ahora ya no se trata de un transitorio, sino de toda una ley, que lleva el nombre del diputado que presentó la iniciativa respectiva, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz.

         Es tanta la prisa, que los promotores desean tener lista la ley para presentarla ante el pleno de la Cámara en la sesión de hoy, martes 27.

         Al parecer el recién elegido presidente de MORENA, Mario Delgado, quien es también coordinador de la bancada de ese partido y presidente de la Junta de Coordinación Política, desea dejar un “regalo” de despedida al presidente López Obrador.

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         Delgado participó en el Parlamento Abierto en el que se analiza la iniciativa para escuchar a los expertos en materia de salud sobre las repercusiones de eliminar ese fondo, pero en discurso insistió en la necesidad de extraer el dinero público de ese fideicomiso para la adquisición de la vacuna contra el coronavirus.

         El todavía coordinador de los diputados “morenos” dejó en claro que la iniciativa será llevada al pleno lo antes posible para aprobarla y pasarla de inmediato al Senado.

         Por otra parte, varias asociaciones civiles pidieron ayer a los diputados reconsiderar la intención de desaparecer el Fondo de Salud para el Bienestar que atiende a pacientes de al menos 66 enfermedades en México.

         «La desaparición del fondo sería fatal para personas como nosotros que tenemos que estar luchando en contra de enfermedades incosteables«, dijo Claudia Salcedo, directora ejecutiva de Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple durante una sesión de la Cámara de Diputados.

         Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la asociación México Evalúa, dijo que las enfermedades como el cáncer «generan gastos catastróficos y llevan a las familias a la pobreza».

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         El Bloque Opositor, integrado por PAN, PRD, MC y PRI adelantó que su voto será en contra.

         No estamos de acuerdo que el gobierno quiera tapar un boquete de 300 mil millones de pesos, dejando sin recursos presupuestales a la ciencia, al campo, al apoyo de desastres y ahora se acordaron que había ahí 101 mil millones y quieren quitarle 33 mil millones al Fondo de Salud», dijo el priista Pedro Pablo Treviño.

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