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Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Diputados no aceptan renunciar a sus facultades

El presidente Andrés Manuel López Obrador dice tener una fórmula especial y diferente para sacar a México de la crisis económica agravada por la pandemia del Covid 19, pero por tratarse de algo sin precedentes, como los grandes maestros de la fiesta de los toros, exigió: “dejadme solo”.

         Como desplante taurino, su actitud no puede ser censurada, pues el primer mandatario sostiene que su método no sólo sirve para México, sino que puede ser aplicado en todo el mundo y sacarnos de los problemas en las que nos ha inmerso el repudiado modelo neoliberal imperante en casi la totalidad de planeta.

         Pero como también se trata de un asunto político (de política económica), fuera del gobierno de la llamada Cuarta Transformación y de su partido, MORENA, prácticamente nadie quiere dejarlo hacer su voluntad, sobre todo porque hasta ahora sus métodos y programas económicos no han tenido resultados positivos, como lo demuestra el estancamiento o retroceso económico registrado en 2019, antes de que se desatara la contingencia por el Coronavirus.

         Para poder corregir la marcha de la economía a su manera, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que le autoriza, en caso de emergencias como la actual, modificar y reorientar el gasto federal y dar prioridad a proyectos de su gobierno.

         Como siempre, la amplia mayoría de “MORENA y Asociados” (PT, PES y PVEM) se manifestó dispuesta a acatar la voluntad presidencial y dejarle amplios espacios para aplicar sus “novedosos” métodos de recuperación de la economía.

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         Como lo hicieron antes sus correligionarios del Senado para aprobar la Ley de Amnistía, los diputados federales “morenos y aliados” inclusive estuvieron dispuestos a deponer sus prevenciones personales y volver  al salón de sesiones para “salvar a la patria”.

         “Porque la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar el presupuesto, y si se van a presentar modificaciones al presupuesto, tengo que pedir la autorización” de ese órgano del Legislativo, explicó AMLO.

         En paralelo, han circulado rumores de que inclusive dentro de las filas de MORENA también hay desacuerdo con la posibilidad de que la Cámara de Diputados renuncie a la facultad constitucional de decidir a dónde se destinará el dinero del erario. Pero esto no se ha confirmado, pues siempre se trata de declaraciones en privado o sin autorización de revelar la fuente.

         Aunque pesa sobre ellos la acusación de que nunca fueron capaces de frenar o desautorizar cambio de rumbo decididos por los gobiernos surgidos de sus filas, diputados del PAN, PRI y PRD mantuvieron su rechazo a la iniciativa presidencial.

         Por ejemplo, la bancada del PRI, encabezada por el ex gobernador de  Guerrero, René Juárez Cisneros, al manifestar su desacuerdo, señaló que la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, “pretende la destrucción de los contrapesos al Ejecutivo Federal, mermar la división de poderes y violar la Constitución”

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         El siguiente paso, advirtieron los legisladores del tricolor,  sería la dictadura. Ninguna situación extraordinaria, ni el pretexto de una crisis económica, justifica la iniciativa del Ejecutivo Federal para modificar por sí mismo el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.”

         La declaración priista advierte que, “con esta iniciativa de reforma, propuesta por el Ejecutivo Federal, se fomenta la discrecionalidad del gasto y elimina facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados, por lo que el GPPRI está en contra de validar que una sola persona decida el destino de los recursos de las y los mexicanos en situación de emergencia. Estos actos sólo se prestan para el mal manejo de los recursos, la arbitrariedad, la falta de transparencia y el abuso de poder.”

         Los priístas recordaron que “la Secretaría de Hacienda tiene facultades para la aplicación de normas de disciplina presupuestaria cuando disminuyen los ingresos; no se requiere dotar mayores facultades a esa Secretaría, por encima de las responsabilidades legales de la Cámara de Diputados.”

         En paralelo, los diputados del tricolor censuraron las medidas de austeridad dispuestas por el presidente López Obrador, como reducir ingresos y eliminar el aguinaldo, pues ningún “ajuste al cinturón del sector público debe violar los derechos de los trabajadores. Preocupa la probable afectación a los derechos laborales de los servidores públicos; hay que recordar que, el artículo 127 de la Constitución, establece claramente que sus remuneraciones serán irrenunciables y determinadas anualmente, por lo que es imposible disminuirla durante ese periodo.

         Por su parte, la bancada del PRD, encabezada por Verónica Juárez, sostuvo que, aprobar

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la iniciativa presidencial “le daría facultades (al Ejecutivo) para hacer y deshacer con el presupuesto de la Federación. Esta iniciativa es una de naturaleza autocrática, un retroceso respecto de muchos años de avance democrático en nuestro país”.

         La bancada perredista indicó que “la próxima semana recibiremos los resultados del desempeño de las finanzas públicas al primer trimestre del año y, de caer en lo que establece el artículo 21 de esta Ley – una caída de los ingresos por impuestos mayor a 3 por ciento – lo que quiere el presidente ya está previsto en la Ley de Presupuesto, sólo que con reglas y bajo la supervisión de la Cámara de Diputados”.

         La fracción parlamentaria del PAN también sostuvo que la propuesta presidencial, “vulnera la separación de poderes, pone en riesgo el sistema democrático y denota el afán de concentrar más poder”.

         En un comunicado, los diputados de Acción Nacional señalaron que el Ejecutivo Federal “recurre a un perverso propósito de quitar al Poder Legislativo atribuciones consagradas en la Carta Magna en materia presupuestal”.

         El coordinador de la bancada del PAN, el ex gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que la intención de tomar los recursos del Fondo Metropolitano asignados a las entidades federativas, representa una invasión de las atribuciones de estados y municipios.

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         El PAN pide, además, que AMLO deje de hacer campaña con recursos oficiales.

         El ataque del PAN contra las acciones del presidente López Obrador no se limitaron a la Cámara de Diputados. La dirigencia nacional del partido azul y blanco, encabezada por Marko Cortés Mendoza, interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el titular del Ejecutivo Federal por considerar que su gobierno violó la Constitución con el uso indebido de recursos públicos, así como promoción personalizada en la distribución de propaganda gubernamental.

         Cortés Mendoza demandó que se establezcan las medidas cautelares necesarias, ya que el  primer mandatario «no puede pretender sacar raja política con los recursos públicos destinados para aminorar los efectos de la fuerte crisis que vivimos».

         La denuncia recuerda que el reciente 15 de abril, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo que adiciona los transitorios de las Reglas de Operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar y, días más tarde, el 23, el presidente López Obrador, junto con el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, mostró la carta enviada a los beneficiarios de créditos con el nombre del Presidente de la República, lo que para Acción Nacional, «violenta flagrantemente la Constitución que prohíbe explícitamente la difusión personalizada de los servidores públicos».

         En su protesta el INE, la dirigencia del PAN demanda “suspender de manera inmediata, la difusión y distribución de la propaganda denunciada respecto a las cartas que faltan de entregar para el programa y que, además, se haga un exhorto al Gobierno de la República para que se abstenga de utilizar los recursos del Estado para la promoción personalizada de sus servidores.         Cortés Mendoza indicó que este programa del gobierno federal y del IMSS viola el artículo 134 de la Constitución, ya que la difusión de las cartas enviadas a beneficiarios del programa, con un alcance de cientos de miles de personas, se cataloga como propaganda, dirigida a lograr un posicionamiento de la imagen de un servidor público, que en este caso es López Obrador, quien utiliza en su beneficio recursos del Estado

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