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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Diputados de MORENA denuncian irregularidades…de MORENA

“De que la perra es brava…”, dice un viejo dicho popular que ayer se confirmó en la sede de la Cámara de Diputados.

         El bravo animal, en este caso, fueron los propios diputados de MORENA, a los que se les han venido encima los problemas, sin que se percaten que ya no son oposición, sino gobierno.

         En este ambiente de olvido, las luchas internas en pos de la presidencia nacional del MORENA se exhibieron en la tribuna principal del Palacio Legislativo, a denunciarse los casos de presunto proselitismo de funcionarios para favorecer a alguno de los aspirantes a dirigir al partido de la Cuarta Transformación durante los próximos años.

         Las denuncias se produjeron durante la comparencia de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, quien a su vez respondió que esas denuncias de manipulación de los programas sociales se turnaron al órgano interno de Control y a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.

         Una de las denuncias la presentó la diputada de Morena por Colima, Claudia Yáñez Centeno, hermana del coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, César Yáñez, quien expuso que algunos de los delgados o coordinadores federales manipulan indiscriminadamente los recursos destinados a los más pobres.

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         En particular señaló a la delegada en Colima, Indira Vizcaíno, y entregó a Albores copias de denuncias formuladas por diputados locales de Colima por presuntos sobornos para manipular el voto y beneficiar a terceros. Mencionó, además, inconformidades de adultos mayores y jóvenes y resaltó que ninguna autoridad utilizar los programas sociales en favor de una persona o partido político, según los establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

         Además de mencionar la intervención del órgano interno de control, la titular del Bienestar releyó ante los diputados el memorándum dado a conocer por la mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al establecer que los súper delegados no deben intervenir en asuntos electorales so pena de perder su cargo y ser consignados ante la Fiscalía General de la República.

          “Yo soy la primera interesada que esta situación se esclarezca. No vamos a tolerar que se lucre con la pobreza ni se abuse de la confianza” de los ciudadanos, precisó la funcionaria.

         Los alcaldes más peligrosos que los vándalos

         Desde hace mucho tiempo, los presidentes municipales de prácticamente todo el país, sean del partido que sean, han luchado por diversas vías para obtener un aumento de los recursos para beneficio de sus gobernados, pero hasta ahora poco es lo que han avanzado y dependen en gran medida de la derrama de recursos federales, los cuales en muchas ocasiones les llegan incompletos.

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         Al revisarse el presupuesto de gastos para el año venidero, la situación se repitió, pero los diputados federales – responsables constitucionalmente de decidir el gasto federal – no se atreven a mover “ni una coma” del proyecto presentado por el Ejecutivo Federal vía la Secretaría de Hacienda.

         En consecuencia, los alcaldes o más bien una parte de ellos, fundamentalmente quienes fueron postulados por el PAN y del PRD, decidieron promover los cambios deseados directamente con el responsable de determinar las asignaciones, el presidente de la República.

         Los presidentes municipales madrugaron, pues se presentaron a primera hora en Palacio Nacional, con la intención de aprovechar la presencia del jefe del Ejecutivo en su tradicional conferencia de prensa “mañanera”.

         En total, fueron unos 80 los alcaldes reunidos, algunos de los cuales portaban una manta con la leyenda “salvemos a los municipios”. Su propósito, dijeron, era solicitar una audiencia con el presidente López Obrador y exigir mayores recursos para los municipios. Acompañaron su manifestación con pirotecnia  y música de banda, además de que algunos estuvieron acompañados de habitantes de sus municipios.

         Venimos a exigir más recursos para nuestros municipios. Que quede claro, el presidente nos tiene que escuchar. Esto es una manifestación pacífica”, declaró el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México. El alcalde de Uruapan, Michoacán, Víctor Manuel Manríquez, reprochó que en el presupuesto para 2020 se perfilen recortes para el fortalecimiento de la seguridad.

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         Por su parte, la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), presentó un decálogo de peticiones al presidente López Obrador en materia presupuestal.

         No parecía un grupo violento, ni hubo amenazas, pero los encargados de seguridad en Palacio Nacional, respondieron con violencia. Los alcaldes fueron dispersados con “aerosol defensivo natural” debido a que, de acuerdo con las autoridades federales, “pusieron en riesgo la vida de trabajadores”. Algo que no sucedió con los vándalos denominados “anarcos” que anteriores marchas públicas ocasionaron daños en el histórico Palacio Nacional.

         La Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República informó que desde un principio fueron atendidos por la coordinadora de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez.

Pero como los alcaldes no se conformaron con solo dialogar con esta instancia e intentaron ingresar a Palacio “por la fuerza a través de la Puerta Mariana”,  los vigilantes estimaron que se “ponía en riesgo” la vida de trabajadores, dado que se labora en andamios para la reparación de la fachada, “con fines disuasivos” se dispersó “una dosis moderada” de gas lacrimógeno en el ambiente que no puso en riesgo la vida.

         Posteriormente, funcionarios de la Secretaría de Gobernación encabezados por el titular de la Unidad de Gobierno, Waldo Fernández, atendieron al grupo para ofrecer nuevamente una mesa de atención. Se informó que se había acordado dialogar en los próximos días.

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         Se preparan más acciones jurídicas contra la “Ley Bonilla”.

         El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza la ruta jurídica para “ser copartícipe” de una acción legal contra el intento del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, de extender de dos a cinco años su mandato, informó presidente de ese organismo, Lorenzo Córdova Vianello.

         El consejero electoral recordó que la elección en ese estado fue convocada sobre la base de que sería para un periodo de dos años, por lo cual el triunfador, postulado por una coalición encabezada por MORENA, Jaime Bonilla, ganó legítimamente y recibió su constancia por dos años. Posteriormente se produjo la reforma a la Constitución de Baja California, con el intento de  ampliar a cinco años el mandato, dijo Córdova durante el foro México cumbre de negocios.

         Por ello, añadió, “en el INE estamos analizando la ruta jurídica para ser copartícipes de una impugnación al intento de atropellar la democracia constitucional y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tendrá que salvar la democracia constitucional ahora que esto llega a sus manos”.

         Piden la cabeza de Alfonso Durazo.

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         En las dos cámaras del Congreso se produjeron debates entre los legisladores de MORENA y de los partidos de oposición por el fallo de la operación para aprehender a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, así como por la decisión del gobierno – avalada por el presidente López Obrador –  de liberarlo por el riesgo de mayor violencia.

         El principal acusado de los errores fue el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, por lo cual los legisladores de oposición pidieron su renuncia.

         Por el contrario, del lado de los particulares surgió una propuesta para actuar de manera conjunta para mejorar los niveles de seguridad en el país.

         El sector de la Seguridad Privada se manifestó comprometido con fortalecer el cerco de seguridad en la Nación desde los espacios privados con un crecimiento sostenido, inversión en el desarrollo del personal desde el vértice a la base de inversión en equipamiento y empleo de tecnología.

         Para ello pedimos una ley de seguridad que regule el sector y poder colaborar, en la medida de nuestras capacidades, con el Gobierno de la Cuarta Transformación, en la pacificación del país, manifestó el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Joel Juárez Blanco, al participar en la X Cumbre de Seguridad, Perspectiva Ciudadana y Empresarial.

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