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Columnistas

Miguel Ángel Rivera CLASE POLÍTICA: Demanda general: más energía contra criminales

– “¿Qué tendrá que pasar, cuántos secuestros, feminicidios, homicidios o robos a mano armada tendrán que ocurrir para que los gobernados tengamos seguridad?”.

         La anterior pregunta aparece en un documento publicado por la organización Alto al Secuestro, encabezada por la luchadora social Isabel Miranda de Wallace, cuyo hijo fue secuestrado y asesinado.

          Este comentario, a raíz de los violentos sucesos en diversas partes de la República durante los últimos días, confiere mayor dimensión a la exigencia de que las autoridades se preocupen más por atender a las víctimas y sus familias y menos por los delincuentes que evidencian no tener ningún escrúpulo y por ello atacan a familias indefensas – como en la colonia militar de Culiacán –  y asesinan a mujeres y niños, como sucedió a principios de esta semana en los límites de Sonora y Chihuahua.

         Por ello, vale reproducir completo el texto distribuido por Alto al Secuestro:

         “Fentanilo, opiáceos, armas e impunidad protagonistas de la inseguridad en nuestro país aunado a la falta de una EFECTIVA estrategia de seguridad que haga prevalecer el Estado de Derecho.

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         “Que hagan lo que crean conveniente, tanto los gobiernos estatales y el Federal pero que actúen, ya no queremos seguir siendo VÍCTIMAS de ningún delito.

         “¿Cuándo veremos acciones reales de los gobiernos, para no sentirnos solos y abandonados a nuestra suerte como es el caso de la familia LeBaron, quienes por cierto, tienen una docena de años denunciando que el crimen organizado se ha apoderado del territorio donde ellos habitan y sus cercanías?

         “¿Qué mensaje quiso enviar la delincuencia organizada tanto al gobierno como a la ciudadanía? Demostrar su poderío, su crueldad y saber que no habrá consecuencia alguna porque seguramente no habrá ningún detenido por estos hechos.

         “La familia ya fue víctima de dos secuestros, dos hermanos de Julián LeBaron, uno de ellos por desgracia fue asesinado durante su cautiverio.

         “El Estado ya fue incapaz de darles seguridad y justicia en aquel entonces, hoy vuelven a ser víctimas de un Estado incapaz enviando un mensaje de impunidad. Dicha impunidad es la que permite que estas tragedias se sigan repitiendo y lo más lamentable es que cada vez ocurren con mayor crueldad y hasta dejando niños y bebés como víctimas mortales.

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         “¿Qué nos está pasando como humanidad para haber llegado a normalizar la violencia?

Las víctimas del delito somos abandonadas en todos sentidos, estamos desprotegidas; los derechos de los violentos son de mayor peso que los de quienes hemos sufrido la violencia y con cualquier pretexto piden ser excarcelados dejándonos nuevamente en peligro.

         “Los ciudadanos estamos en manos de una delincuencia que se siente intocable, cada vez más confrontativa (sic) y ataca sin piedad por igual a niños, mujeres, ancianos y jóvenes, en medio de gobiernos que se escudan en la no confrontación, que no actúan y en los que es más fácil abandonar a los ciudadanos que hacer prevalecer el Estado de derecho.

         “Defender a los mexicanos con la ley en la mano no es sinónimo de violaciones a los derechos humanos, es a través del uso legítimo de la fuerza como se debe proteger un bien superior, que es la seguridad de todos los ciudadanos”.

         La Comisión Nacional de Derechos Humanos, se suma a las exigencias.

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         Repudiada por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y con titular, Luis Raúl González Pérez, a punto de concluir su mandato, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se sumó a las demandas de mayor seguridad para la población.

         En cuento a su distanciamiento del actual gobierno, basta recordar que apenas el lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los titulares de la Comisión han estado alejados de las causas de derechos humanos y han servido al poder en turno.

         Casi como respuesta, luego de advertir que la masacre de nueve integrantes de la familia LeBaron denota el nivel de riesgo en que se vive en muchas regiones del país, la CNDH destacó que el crimen organizado ha dejado sin padres a más de 30 mil niños y que, de 2007 a 2017, casi se triplicó el número de víctimas de entre cero y 19 años por homicidio a cargo del crimen organizado.

         Durante la presentación del «Estudio Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México”, el primer visitador general Ismael Eslava Pérez – quien estará al frente de la CNDH a partir del día 16 porque no hay acuerdo en el Senado para designar al nuevo presidente – también expuso que según estimaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

         De acuerdo con una nota del colega Martín Takagui, distribuida por la agencia estatal Notimex, Eslava Pérez destacó que en las últimas décadas el contexto de inseguridad, violencia y crimen organizado ha tenido efectos particularmente graves en niños y adolescentes, situándolos en condición de grave vulnerabilidad. En el periodo 2015- 2018 los estados con mayor cantidad de niños victimados fueron Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California.

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         Eslava mencionó que las estadísticas sobre personas de 18 años desaparecidas o extraviadas también permiten visualizar la forma en que la violencia afecta a niños y niñas.

Refirió que de acuerdo con el entonces Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México, hasta abril de 2018 había 36 mil 265 desaparecidos, de los que 18 por ciento tiene entre uno y 17 años.

         Lamentó que en México no existan datos precisos sobre el número de menores de 18 años reclutados por el crimen organizado, pero señaló que son comunes las prácticas de secuestro a cambio de dinero, así como la tortura y los tratos crueles por parte de miembros del crimen organizado para que los menores de edad se unan a sus filas. Tampoco hay datos precisos sobre desaparecidos, apenas algunas aproximaciones.

         El primer visitador de la CNDH atribuyó la existencia y el incremento de la victimización en la población menor de 18 años a la ausencia de políticas y acciones del Estado para garantizar su

protección y el ejercicio de sus derechos.

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         Desde su perspectiva, la manera más adecuada para hacer frente a la violencia y la inseguridad en México que afecta a menores y adolescentes sería mediante el diseño e instrumentación de políticas públicas de carácter integral.

         Nada de violencia contra asesinos; todo el peso de la ley a evasores.

         A los asesinos de mujeres y niños no se les toca por el peligro de desatar una guerra, pero toda la fuerza del Estado se enfoca contra evasores fiscales.

         Apenas el pasado octubre el Congreso aprobó la “Ley Antifactureros” y “Antiempresas fantasma” que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada y ayer nuevamente, la bancada de MORENA impuso su mayoría para aprobar en lo general la ley que autoriza a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda a ordenar el bloqueo de cuentas bancarias cuando existan indicios de lavado de dinero o de ¡financiamiento al terrorismo!          La reforma fue aprobada en lo general porque la sesión en la Cámara de Diputados se interrumpió por un pleito entre diputados del PAN y de MORENA en plena tribuna.

         La trifulca sobrevino luego de que se aprobó una reserva por la cual se buscaba que la autoridad financiera sea la responsable de notificar al titular de una cuenta bancaria del bloqueo a sus cuentas por la UIF.

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         Este cambio al proyecto original fue posible porque MORENA  perdió el respaldo de una parte de sus aliados del PT, PVEM y PES. La votación fue de 225 votos a favor, 222 en contra y dos abstenciones.

         Inconformes, los diputados “morenos” pedían que se ampliara el tiempo para la votación, a fin de dar oportunidad de que regresaran al salón de sesiones algunos de sus compañeros y con sus votos se cambiara la decisión, pero la presidenta, Laura Rojas (PAN), se negó a conceder más tiempo.

         En esos momentos sobrevino una nueva “toma” de la tribuna, pero esta vez por diputados de todos los partidos. Unos demandaban más tiempo para votar y los otros exigían que se respetara como definitiva la modificación al dictamen.

         La presidenta de la Mesa Directiva declaró, entre jaloneos y gritos, un receso por cinco minutos. Una hora después, a pesar de negociaciones entre los diferentes grupos parlamentarios, no se había logrado ningún acuerdo y la sesión permanecía en receso.

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